Renzo AbruzzeseSe ha denunciado que las listas de candidatos para las próximas elecciones del Poder Judicial están repletas de postulantes cuya afinidad con el partido de gobierno es más que evidente. Más del 70% de ellos hacen parte o hicieron parte del gobierno de Evo Morales. La intencionalidad es obvia, bajo el discurso de la impugnabilidad, ejercida por el soberano a través del voto, nos obligarán a elegir las listas del oficialismo. Una burda réplica de lo que sucedió en las primeras elecciones directas organizadas con este fin y que, como sabemos, «da asco”. El objetivo final está claro para todos, facilitar la legitimidad jurídica que haga posible la re-re-reelección del Presidente.Es posible que los argumentos en torno a esto echen mano de todos los recursos discursivos posibles e, incluso, que alguno de ellos tenga una pérfida apariencia de «verdad”; sin embargo, por mucho esfuerzo que se haga, el discurso oficialista se quiebra en el contexto que rodean sus argumentos. En efecto, hemos alcanzado un punto en que ya no es posible creer en el Gobierno, así sus argumentos hagan gala de una extrema racionalidad, lo poco o lo mucho que digan deja una estela de incertidumbre, la certeza de que todo lo que se pueda decir o hacer hace parte de una maniobra, un ardid, una mentira. Estamos en un punto en que la percepción de que todo tiene una intencionalidad ilegal, abusiva y antidemocrática eclipsa cualquier intento de comprensión. Ya nadie hace el esfuerzo por entender los argumentos, de antemano se sabe que son falaces. Lo grave de esto es que por mucho que la ciudadanía reaccione y denuncie la infinita sucesión de «maniobras” que dibujan el perfil moral del régimen, éste permanece inmutable, avanza de una manera tan certera y avasalladora que cualquiera termina convencido de que la opinión pública y el juicio que puede formarse la sociedad es lo último que le preocupa. Esta indolente seguridad gubernamental se ha instalado como un principio de acción política. Cuando escuchamos a representantes del oficialismo vertiendo justificativos o explicaciones que en muchos casos lindan en el infantilismo, y que a pesar de ello son asumidas con una convicción inexorable por quienes las vierten, nos percatamos que el poder apostado en el Palacio Quemado, desde hace más de una década, ha logrado exitosamente hacerse inmune a todo principio moral. Como si se diera por sentado que la corrupción, el subterfugio, la maniobra, la mentira sostenida, etcétera, son inherentes al poder y, en consecuencia, hacen parte de su ejercicio normal. Si la opinión pública reacciona, el antídoto oficial consiste en retroceder una década y elaborar un mal trabajado compendio de recuerdos en la mayoría de las veces falseados, y descontextualizados. Que la ciudadanía los crea o no es lo de menos, porque de lo que en verdad se trata es que todo funcionario del oficialismo, político, militante, acólito o lo que fuese crea sus propias mentiras. El Estado mismo se ha transfigurado en una mentira colosal. Ya no hay Estado, es una juntucha corporativa aliada al capital de la oligarquía nacional, a la nueva «rosca”, repitiendo día tras día el mismo discurso y los mismos argumentos.Por eso es que las maniobras que se ejecutaron para la elección del Poder Judicial no son creíbles; no solamente no son creíbles, son fatales, condenarán el régimen a un nivel de ilegitimidad tan profundo que lo transformará rápidamente en un gobierno despótico.Página Siete – La Paz