Expresidente de YPFB, Guillermo Achá, es acusado de 5 delitos

La Fiscalía de La Paz convocó a declarar a Achá, en calidad de sindicado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento en la adquisición irregular de tres equipos de perforación de la empresa italiana Drillmec.

Achá es citado por la Fiscalía; lo acusa de 5 delitos

    • Una imagen de archivo del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, en conferencia de prensa. | ABI

A tres meses de la presentación del informe sobre el caso taladros, la comisión de fiscales que maneja con reserva la investigación, citó ayer al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá en calidad de sindicado por cinco delitos, horas después de que se presentara ante esa instancia con un memorial de apersonamiento.

Según documentos a los que accedió ANF, el Ministerio Público convocó a declarar a Achá, en calidad de sindicado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento en la adquisición irregular de tres equipos de perforación de la empresa italiana Drillmec. También fue sindicado por los mismos delitos el suspendido vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de YPFB, Jorge Patricio Sosa Suárez.

Achá se presentó ayer en la mañana ante la Fiscalía de La Paz para dejar un memorial en el que pide lo convoquen a declarar por el caso taladros. Horas después, fue notificado con la citación para que se presente a declarar el 19 de junio a las 17:00, en instalaciones del Ministerio Público.

“(La Fiscalía) ordena al asignado al caso para que notifique a Guillermo Luis Achá Morales para que (…) preste su declaración informativa en calidad de sindicado”, señala el documento al que accedió ANF.

En el caso de Sosa, la Fiscalía encontró indicios que lo vinculan en el proceso por el que decidió sindicarlo por los mismo delitos que a Achá.

Por el caso taladros guardan detención preventiva en el penal de Palmasola el suspendido director interino de Operaciones de Perforación, Bigmarck Serrano Parada, y el gerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba. Además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin, Gizel Siles Roca y Julio Kjari Nina, este último fue trasladado al penal de San Pedro.

También la exgerente Legal de YPFB, Cynthia Novillo, fue encarcelada en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) de La Paz, y la gerente Legal Corporativa de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería, fue recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.

A pesar de las acusaciones que pesan sobre el exejecutivo de YPFB, el presidente del Estado, Evo Morales, denunció que la derecha en Bolivia quiere que fracase la nacionalización de los hidrocarburos, por lo que busca cualquier pretexto para “molestar” y afectar la administración de YPFB.

En la empresa petrolera estatal, cinco de las siete gestiones que la dirigieron desde 2006, se vieron envueltas en casos de corrupción. Sin embargo, algunas de las personas acusadas, continúan ocupando cargos públicos como el actual presidente de Misicuni, Jorge Alvarado.

Tras siete meses de gestión, Alvarado fue obligado a renunciar, acusado de realizar supuestos contratos ilegales y lesivos contra el Estado que derivaron en la pérdida de 39 millones de dólares.

Guillermo Aruquipa que fue acusado por los delitos de tráfico de influencias, asociación delictuosa y la conformación irregular de una asociación mixta en YPFB, también continúa trabajando como funcionario público, lo confirmó Morales al señalar que fue liberado de las acusaciones.

Entre otros casos, figuran el de Santos Ramírez y Carlos Villegas que también se vieron envueltos en escándalos de corrupción.

EVADEN CONSULTAS

El Ministerio Público de La Paz maneja de manera hermética la convocatoria a toma de declaraciones del ahora expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, por el caso taladros. Pese a tener contacto con algunos medios de comunicación y ante las consultas sobre el proceso, tanto el fiscal departamental, Edwin Blanco, como los asignados al caso, Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla, eluden contestar. Vanos fueron los esfuerzos por conocer la veracidad del hecho, Blanco se hizo el desentendido y prefirió atender llamadas telefónicas para evitar a los medios.

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