Con su pedido de indagatoria a Cristina, el fiscal Marijuan acaba de vincular las fortunas que Lázaro Báez habría lavado en el exterior con su origen indudable: los contratos de obra pública que obtuvo durante los gobiernos kirchneristas.
El fiscal Guillermo Marijuan acaba de pedir la indagatoria de Cristina Kirchner como coautora de millonarias maniobras de lavado de dinero.La firma del fiscal Marijuan en el pedido de indagatoria de Cristina Kirchner a causa de su rol como supuesta coautora de millonarias maniobras de lavado de dinero une de una vez lo que pese a las toneladas de evidencias al respecto parecía lejano: la fortuna que Lázaro Báez y su troupe de abogados, contadores, financistas, valijeros y oportunistas amasaron desde 2003 no proviene de ningún otro origen que el de contratos de obra pública obtenidos y cobrados de forma absolutamente irregular, con la necesaria -si no primigenia- participación de una larga lista de ex funcionarios públicos encabezados por Cristina Kirchner.Este razonamiento -de Perogrullo para cualquier ciudadano medianamente informado- permanecía aislado del expediente inaugurado en abril de 2013, tras la difusión en el programa de Jorge Lanata del obsceno mecanismo con el que Báez sacaba dinero del país sin ningún control. Desde el día uno, Cristina y sus acólitos intentaron alejar a la ex Presidenta de cualquier mancha. Y los primeros intentos incluso buscaron salvar a Lázaro, aún contra la ley de gravedad. La torpe intervención del fiscal antilavado Carlos Gonella -hoy procesado- para tratar de desviar el caso fue el primer eslabón de una cadena de hechos similares, en los que tuvo activa participación el ex secretario de Justicia Julián Alvarez -uno de los padrinos políticos del juez de la causa, Sebastián Casanello- y el secretario del juzgado a quien el magistrado derivó el caso, Sebastián «Laucha» Bringas, militante de La Cámpora muy cercano al diputado Eduardo «Wado» De Pedro.Aquellos intentos fueron exitosos durante tres años. Pero la derrota kirchnerista en las elecciones de 2015 y la revulsiva difusión del video en el que Martín Báez, el contador Pérez Gadín y otros cómplices cuentan cinco millones de dólares entre whiskys y habanos en la cueva financiera La Rosadita -que ya había sido mencionada en el primer programa de Lanata dedicado a «la ruta del dinero K»- empezaron a dar vuelta el partido.El giro hacia la conexión de Cristina con la causa por lavado de dinero, que ahora puso sobre el papel el fiscal Marijuan no fue fácil, y aún no está completo. Recordemos si no las desafortunadas declaraciones de Casanello el 21 de marzo del año pasado cuando dijo en una entrevista con Luis Majul que «Cristina no está involucrada en esta causa ni como testigo ni como posible imputada». y que era «necesario hurgar para buscar el origen del dinero». Sin desconfiar ni en la honestidad intelectual -ni tampoco de la otra- del juez, aquellas palabras reflejaban el status quo de una investigación que entonces ya llevaba tres años boyando en la penumbra.Desde entonces, y mientras se esperaba que Báez enderezara las cosas con una declaración como arrepentido que pese a las promesas y negociaciones jamás se produjo, fueron claves las intervenciones de la sala II de la Cámara Federal porteña, que en tres oportunidades y con muy duros términos hacia el juez y a veces también hacia el fiscal, ordenó que se investigara el origen de los fondos del lavado de dinero en los contratos de obra pública que Báez ganaba casi diariamente bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Los exhortos a Suiza, las pericias contables y otros papeles -necesarios para probar delitos, hay que aclararlo- no debían desviar el foco del origen de esa plata, presumiblemente sustraída a todos los argentinos a través de múltiples maniobras.El pedido de Marijuan, que ahora deberá responder Casanello, también es un gran paso adelante hacia la futura unificación de varias de las causas por corrupción en las que Cristina Kirchner ya está dando explicaciones. Para empezar, la que conduce el juez Ercolini respecto al supuesto manejo delictivo de las adjudicaciones y pagos de contratos de obra pública, en la que Lázaro Báez aparece como excluyente partenaire. Aunque las pruebas y la lógica pidan a gritos que la justicia concrete esta vinculación, por ahora los caminos de la justicia no son tan directos ni rápidos. Como fuere, ayer el fiscal señaló la punta del ovillo en esta causa: la plata que pasó por varias manos hasta llegar a Suiza, Luxemburgo y Estados Unidos salió del presupuesto del Estado gracias a la voluntad de Cristina Kirchner y sus funcionarios. El caballo parece haberse puesto adelante del carro. Cuatro años más tarde.Fuente: clarin.com