Vence el plazo y crece la presión para que el TCP rechace repostulación de Evo

El plazo para que el tribunal se pronuncie sobre si admite o rechaza la acción de inconstitucionalidad del MAS vence hoy. Crecen las presiones y los recursos de rechazo y hay anuncios de movilizacionesRoberto de la Cruz, Williams Bascopé y Gualberto Cusi pidieron el rechazo del recurso que presentó el MASEL DEBER / Pablo Ortiz / William ZoláAntes de que concluya el día, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deberán decir si admiten o rechazan la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad contra artículos de la Carta Magna y de la Ley Electoral, a través de la cual el MAS pretende dar derecho a repostularse al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera, gobernadores, alcaldes y asambleístas que cumplen su segundo mandato luego de la promulgación de la nueva Constitución. La acción fue presentada por asambleístas del oficialismo y expulsados de la oposición el 18 de septiembre, y hoy se cumplen 10 días hábiles para esta primera instancia, plazo máximo fijado por el Código de Procesamiento Constitucional.En caso de aceptar la acción, el tribunal tendrá 45 días para pronunciarse sobre el fondo de la demanda (eliminar artículos de la Constitución que limitan la reelección de autoridades a dos mandatos, basados en los derechos políticos del Pacto de San José de Costa Rica).Si lo rechaza, la bancada del MAS tendrá aún la posibilidad de realizar una acción de queja ante la sala plena del tribunal para obligarlo a fallar sobre el fondo de la demanda.Esta decisión se dará en un contexto de presiones para que el tribunal no modifique la Constitución Política del Estado.Ayer llegaron hasta Sucre el exmagistrado Gualberto Cusi, el abogado William Bascopé y el dirigente alteño Roberto de la Cruz para presentar un nuevo recurso de rechazo ante el TCP.Bascopé explicó que en el memorial de derecho de petición entregado en la ventanilla, se solicitó el rechazo in limine (al comienzo del acto judicial) de esta acción de inconstitucionalidad porque el TCP no tiene competencia para inaplicar la Constitución, ya que el único que interpreta los tratados y convenciones es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. También se argumentó que el tribunal no puede determinar la inaplicabilidad de artículos de la Carta Magna porque estaría contraviniendo los artículos 7 y 11 del mismo texto, que establece que la soberanía recae en el pueblo y que todos los bolivianos tienen derecho a ejercer la democracia directa a través del referéndum.Añadió que la única forma de interpretar el Pacto de San José de Costa Rica es a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya falló sobre un recurso similar, presentado por un ex dictador centroamericano, que trató de habilitarse como candidato pese a que su Constitución lo prohibía. De acuerdo con Bascopé, allí se determinó que esa prohibición emanaba de una constituyente y de la voluntad popular, igual que en el caso boliviano.Gualberto Cusi, por su parte, acusó a sus excolegas de ser “masistrados” y les aseguró que si aceptan el recurso oficialista se volverán vulgares delincuentes.De la Cruz, por su parte, aseguró que la Constitución se defenderá en las calles y que el primer acto de movilización se llevará adelante el 10 de octubre, día de la recuperación de la democracia en Bolivia.El recurso de rechazo es el quinto presentado ante el tribunal en dos semanas. El primero llegó a ventanillas del TCP de manos de los asambleístas de Unidad Demócrata. Luego se le sumaron el de la bancada del MNR, uno de la exconstituyente Magda Lidia Calvimontes y otro de la exasambleísta del MAS Angélica Siles.No fue una jornada apacible para el TCP. Ante la amenaza de sectores campesinos de Chuquisaca, afines al oficialismo, de cercar el tribunal para obligar al diputado Rafael Quispe a levantar su huelga, los funcionarios del órgano rector de la Constitución decidieron cerrar las puertas con cadenas.Esto desató las quejas del asambleísta de Unidad Demócrata. “Quiero denunciar que han puesto candado a las rejas del Tribunal Constitucional para que el exmagistrado Gualberto Cusi y Roberto de la Cruz no ingresen a visitarnos, o sea que no nos visite nadie», denunció Quispe, ex apu mallku de la Conamaq, devenido en opositor tras ser reprimido en Chaparina en septiembre de 2011.Mientras tanto, el Comité Cívico de Cochabamba intenta organizar una marcha desde Aiquile hasta Sucre, pero no definió fecha ni ha conseguido apoyo unánime de los otros comités cívicos del país. En cambio, poco a poco el oficialismo mueve a sus bases campesinas e indígenas para pronunciarse a favor de la repostulación a través del TCP. Ayer, además de la movilización de los campesinos chuquisaqueños, Pedro Vare, presidente de la Cidob y militante del MAS, pidió al TCP un fallo favorable al presidente.Mesa asegura que no retó a evo a referendoEl exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) aclaró el jueves que no desafió al presidente Evo Morales a someterse a un referendo para habilitarse como candidato para las elecciones de 2019, aunque sostuvo que ese “sería el camino” para revertir la votación del 21 de febrero de 2016.“Creo que la voluntad popular expresada el 21 de febrero es inamovible y no se debería hacer otro referendo, pero no hay nada que lo prohíba”, dijo a radio Compañera.Mesa aclaró que él no lanzó un desafío. “El único desafío posible es el de la Constitución y la única forma de modificarla es mediante el referendo”, señaló.Esto le valió una felicitación de parte de Héctor Arce, ministro de Justicia. “Saludamos el cambio de posición de Carlos Mesa y Carlos Alarcón. La acción de inconstitucionalidad también es legal”, tuiteó el ministro.Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, uno de los líderes opositores que ha firmado manifiestos con Mesa, cree que el expresidente cometió ‘un error’. Para él, la línea de acción política de la oposición se expresa en ese documento en el que el expresidente Tuto Quiroga, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el gobernador Rubén Costas, él y Mesa cerraron filas exigiendo que el Gobierno respete la soberanía del voto popular que derrotó al MAS el 21-F.