Aunque no le guste al Gobierno, Carlos Mesa sigue siendo el vocero oficial de la causa marítima y su actuación se enmarca en la demanda interpuesta por el Estado boliviano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Las autoridades no se atrevieron a echarlo del cargo por temor a la mala imagen que hubiera causado y por las consecuencias negativas en el delicado proceso que impulsa el país. En ese sentido deberían tener cuidado cuando hacen quedar a Mesa como un conspirador, que se reúne en secreto con el representante de Estados Unidos en Bolivia y le exigen rendir cuentas de su encuentro, que ha desatado acusaciones de espionaje y de violación a la intimidad de las personas. Los observadores mundiales, los juristas que también saben analizar el contexto de las cosas y los organismos que ponen en la balanza más de lo que los miopes son capaces de ver, se estarán haciendo preguntas muy extrañas sobre este comportamiento tan errático.
Fuente: eldia.com.bo