Está a punto de promulgarse (si es que no se lo hizo ya pasado el cierre de la presente entrega) el proyecto de ley que modifica la Ley 879 de la Comisión de la Verdad; una reforma que ya fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que fue enviada la semana pasada al Ejecutivo.
Se trata de tres modificaciones a la ley, no menores. Uno, se abre la posibilidad de ampliar el plazo de trabajo de la Comisión de seis meses a un año; cuando en la actual se dice que la Comisión tendrá dos años para su labor y se da la probabilidad de ampliar este plazo en seis meses, la ley recientemente sancionada por la Asamblea dispone que esa ampliación pueda ser de un año. Dos, se determina independizar completamente, en lo administrativo, a la Secretaría Técnica de la Comisión, su brazo operativo, del Ministerio de Justicia. Tres, la Comisión no se financiará solo con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), sino que ahora podrá gestionar y recibir ayuda económica tanto de fuentes internas como del exterior del país.
Con ya nueve meses de vigencia (desde el 21 de agosto de 2017, cuando fueron posesionados los comisionados), se puede considerar un giro o salto, en el sentido de que al parecer en la práctica la Comisión vio que su brazo operativo no era del todo autónomo, en el sentido de que para todo había que seguir los procedimientos tal como si fuera una oficina más del ministerio. Eso hacía morosa y pesada la administración del trabajo, comenta la comisionada Isabel Viscarra.
Por eso se propuso la descentralización de la Secretaría Técnica, y la única forma era cambiando la Ley 879, de ahí que la reforma, el giro, debió pasar por la Asamblea Legislativa.
La “descentralización operativa”, como prefiere llamar Viscarra, ayudará mucho a que el trabajo de la Comisión se agilice. Coincide con este criterio la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Ruth Llanos, aunque desde el punto de vista económico: “A nosotros nos parece una posibilidad de agilizar a la Comisión, porque es verdad que el decreto inicial plantea que todo debe ser basado en el financiamiento del TGN; y eso no les permitía elaborar proyectos y tener financiamiento que pueda agilizar, dado el poco tiempo con que se cuenta”.
En cuanto a la mayor autonomía de gestión que tendrá la Comisión, advierte Llanos, esto le llevará a cualificar su equipo administrativo: “Eso va a obligar a que tenga un buen equipo administrativo, porque ahora tendrá que negociar ya no bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, sino con (los ministerios de) Economía y Finanzas y Planificación de manera directa”.
Con relación al mayor tiempo que podrá tener la entidad, la comisionada Viscarra estima que esto es necesario, en la medida del enorme volumen de información que hay que reunir, sistematizar y estudiar. Hay que recordar que el objeto de la Comisión de la Verdad son 18 años de gobiernos militares, desde el 4 de noviembre de 1964, régimen de facto de René Barrientos Ortuño, hasta el 10 de octubre de 1982, año en que se retornó a la democracia.
De ampliarse por un año más el plazo de trabajo de la Comisión, restando los nueve meses que ya pasaron desde agosto de 2017 (cuando, una vez posesionada, debió arrancar su labor), en efectivo quedarían 27 meses, dos años y tres meses. Según su ley, la 879, la Comisión al final de su trabajo debe presentar dos cosas: una “memoria histórica sobre condiciones geopolíticas, políticas, sociales, económicas y culturales en el marco de las cuales se dio lugar a la violación de derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población boliviana”; y, dos, un “informe final” que contenga como mínimo su plan y metodología de trabajo, la “relación de los hechos de grave violación a los derechos humanos investigados por la Comisión”, conclusiones y recomendaciones planteadas en función a los puntos anteriores, y anexos que contengan la documentación recabada.
Para Llanos, el tiempo será suficiente siempre y cuando se tomen los recaudos en cuanto a personal: “Sí va a alcanzar (el tiempo), si se aumenta el número de personeros del equipo, me parece que el equipo todavía es pequeño, y que sea un equipo que tenga una capacidad técnica para realizar un trabajo planificado y de acuerdo con resultados, y que al mismo tiempo pueda tener un trabajo en las regionales, pero no de manera individual sino de equipo”.
Un hecho que llamó la atención en las últimas semanas fue la renuncia del comisionado Eusebio Gironda, por razones de trabajo, según dijo. “Es sencillo. Yo tengo tiempo completo en la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés), como profesor; esa es la razón, nada más”, declaró el abogado Gironda a este medio.
Cuando se le preguntó sobre si su renuncia por razones de trabajo no planteaba la cuestión de la necesidad de una mayor asistencia económica a los comisionados (si bien es cierto que en la Ley 879, como una cuestión de principio, se establece que no serán remunerados), Gironda aseveró que “(en) la Comisión necesita estar todo el día, viendo cosas (…) Lo que yo quiero decir es que no me he retirado porque no puedo o que no me gusta, sino que no me parece ético trabajar tiempo completo aquí y al otro lado seguir trabajando; ese es el motivo”.
Al respecto, Llanos afirma: “Yo creo que los comisionados deben tener el apoyo necesario para que puedan movilizarse, no salarios, porque eso establece la ley, es ad honorem, pero sí creo que los comisionados que no viven en la ciudad de La Paz deben tener los apoyos necesarios para poder trasladarse a La Paz o a cualquier otro lugar, o fuera del país, y tomar nota de experiencias anteriores, y deben contar con esos recursos”.La comisionada Viscarra espera que con las nuevas condiciones operativas que se le dará a la Comisión, tanto en autonomía administrativa como en la posibilidad de conseguir recursos que no sean del TGN, pueda mejorar la situación.
Pero la renuncia de Gironda y la necesidad de que el presidente Evo Morales nombre a su sustituto, para Llanos es una oportunidad para mejorarla imagen y la orientación de la entidad, en el sentido de que cobre efectiva distancia del Gobierno y del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Lo importante es la elección que el Presidente debería hacer de la nueva persona a la brevedad posible, para que ya se pueda integrar al equipo; pero al mismo tiempo debería ser una persona que tenga independencia y autonomía, porque una de las críticas que recibe la comisión es la de estar vinculada al MAS. Entonces, creo que habría que tomar esta renuncia como una oportunidad para que se elija a una persona de manera de que sea independiente y que le dé energía y fuerzas a la Comisión”.
Ahora, frente a las críticas que a principios de mayo le hicieron algunos legisladores, en sentido de que “no estaría mostrando resultados”, que “no habría investigación” en estos nueve meses de vigencia, como dijo el diputado oficialista Ignacio Soruco, la comisionada Viscarra rechazó dichas aseveraciones; aseguró que se está cumpliendo con el trabajo, aparte de consolidar la Secretaría Técnica, se conformó equipos técnicos y multidisciplinarios en cuatro regiones (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí), además de establecer alianzas o convenios con distintas entidades a fin de apoyarse en el trabajo y experiencia de las mismas.
Uno de los principios que seguirá la Comisión, asegura Viscarra, es que la búsqueda de la verdad debe ser “un problema de todo el pueblo”, no solo de la Comisión; por esto la política de dichas alianzas con diversidad de instituciones y organizaciones.
Hay al menos dos grandes líneas en el quehacer de la Comisión, señala Viscarra: primera, el trabajo por áreas (temáticas y geográficas) y la periodización de los hechos a investigar por años; y, la segunda, el mencionado trabajo en alianzas, a través de convenios, con instituciones. Hasta el momento, se han firmado estas alianzas con el Archivo de Comibol; la Fundación del Banco Central de Bolivia; el Defensor del Pueblo; la Asociación de Familiares de Desaparecidos, la Cancillería, y con la Asamblea Legislativa.
Desaparecidos: cuanto más tiempo, peor
Para la experta peruana Susana Cori Ascona, responsable del Programa Personas Desaparecidas y sus familiares del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la mayor dificultad para la Comisión de la Verdad en lo relativo a los desaparecidos será el tiempo transcurrido desde los hechos: para el caso de Bolivia, 36 años de los últimos acontecimientos, y al menos 50 si se quiere indagar el régimen de Barrientos, la primera dictadura que se programó investigar: se dificulta el acceso a las fuentes directas o que los familiares mismos de los desaparecidos hayan fallecido.
Cori Ascona, que estuvo de visita en el país para participar en un taller de capacitación en la búsqueda de personas desaparecidas, afirmó que el principal enfoque que se debe aplicar en el tema de los desaparecidos es el centrado en los familiares; en la necesidad de éstos de obtener respuestas sobre la de- saparición de sus parientes.
La experta peruana señala que la experiencia que se transmitió a la Comisión de la Verdad de Bolivia es la necesidad, que aún no es atendida, que los familiares tienen de obtener una respuesta de qué es lo que le ocurrió a sus parientes desaparecidos.
Para ello, Cori precisa que se buscó transmitir algunas ideas sobre los mecanismos con un “enfoque centrado en los familiares” para establecer los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas, la identificación de las fuentes de información, el acceso a herramientas tecnológicas especializadas, el fortalecimiento a las capacidades y el acceso a equipos forenses.
El CICR continuará apoyando a la Comisión boliviana para desarrollar protocolos, fichas y diseñar el trabajo de campo, así como para analizar la información y ver el sistema informático con el que se podrá trabajar, para ello se deben identificar algunas líneas de apoyo o aprender de la experiencia de otros países. “Nosotros les brindaremos apoyo y cooperación técnica”.
En Perú, dice, aparte de ver la problemática de los desaparecidos, luego se pasó a la reparación a las víctimas y, posteriormente, se podía acceder a la vía judicial para investigar el caso. “Lo que hemos podido constatar es que pese a que existen todos estos mecanismos es que ninguno de ellos ha podido responder la necesidad de los familiares de obtener una respuesta”.
/ La Paz /