Protagonista. A 25 años del juicio al exdictador recientemente fallecido, el abogado que representó a las víctimas y posterior alcalde de La Paz recuerda detalles de ese histórico momento.
Ref. Fotografia: Abogado. Juan del Granado se dio a conocer con el juicio a García Meza y comenzó una ascendente carrera política en el país.
Cuatro mil trescientos ochenta días duró el juicio de responsabilidades al exdictador Luis García Meza Tejada. Llevarlo a las celdas del penal de Chonchocoro en La Paz demoró, en total, 12 largos años con sus días y sus noches. Murió después de 23 años de detención, luego de crear una especie de liturgia alrededor del miedo, del olvido, del silencio y, finalmente, de la tergiversación de los hechos: no hubo poder judicial ni periodístico que lo desbaratara totalmente.
La justicia, que parecía actuar fuera de tiempo, no dejó de crear un escenario con algo de trágico y mucho de ilusión, ofreciéndole el castigo de treinta años sin derecho a indulto, por un solo delito, mientras dejaba en el tintero varias acusaciones que incluso hoy continúan a la espera de una sentencia. La prensa, por su parte, recibió del exdictador respuestas que no aclararon casi nada en los 23 años que duró su detención; después de que este decidiera abandonar su “amnesia” galopante.
«Horacio», el nombre de guerra que utilizaba Juan del Granado en los tiempos de las dictaduras militares en Bolivia, hace un recuento de este juicio, a propósito de los 25 años de celebrarse la sentencia del Juicio de Responsabilidades que él encabezó junto a otros abogados que buscaban reivindicar los crímenes a los derechos humanos y atentados al erario público que se cometieron durante los 14 meses que duró el régimen del dictador Luis García Meza Tejada.
¿Cómo y en qué circuntancias surge el Juicio de Responsabilidades a Luis García Meza?
El juicio a la dictadura se inició el 16 febrero de 1984, cuando Antonio Araníbar Quiroga, diputado del MIR, leyó en el Congreso el Pliego Acusatorio que Jaime Paz, medio molesto, me encargó que lo redactara luego de reiterados reclamos que, en la Dirección Nacional de ese partido, hacíamos insistentemente Gloria Ardaya, Wálter Delgadillo, Coco Pinelo y mi persona, en contra de la impunidad dictatorial y después de un año de la recuperación democrática de octubre de 1982: “el Horacio -dijo, apelando a mi antiguo nombre clandestino- es abogado, que redacte pues la demanda y así dejamos de reclamar tanto”; palabras casi textuales del entonces vicepresidente que no se daba tiempo para otra cosa que no fuera atender las enormes dificultades de un gobierno que empezaba a ser atrapado por una crisis estatal generalizada. Me puse pues, con poca experiencia, pero con gran decisión, a fines de 1983, a redactar ese pliego acusatorio que Toño Araníbar leyera en esa sesión memorable de febrero de 1984 y que desencadenaría el juicio más importante de la historia.
¿Hubo, en todo esto, alguna motivación personal?
Más allá de “decisiones” partidarias, habían razones de profundos contenidos personales como, por ejemplo, mi amistad con los ocho dirigentes masacrados en la calle Harrington, durante esta dictadura. Especialmente Artemio, Artemio Camargo, dirigente minero con el que viví dos años en los campamentos de Siglo XX y quien me obligó a titularme. Entonces, era claro que no podía faltarle abogado a Artemio, y tampoco podía faltarles abogado a mis compañeros, con quienes no estuve en esos momentos aciagos de la resistencia democrática.
¿Por qué se demoró tanto en juzgar a Luis García Meza? ¿Tenía algún tipo de protección que evadía su juzgamiento y captura?
El juicio, en su integridad, duró nueve años. Desde febrero de l984 hasta abril de l993. Los dos primeros años se tramitaron en el Congreso Nacional en su fase sumarial y los restantes siete años ante la Corte Suprema de Justicia, en su fase Plenaria; todo ello de acuerdo a las leyes de l884 y l944 sobre Juicios de Responsabilidad, y de acuerdo también al Código de Procedimiento Penal de l973. La fase sumarial ante el Congreso se extendió por dos años, no tanto por la investigación o la recolección de pruebas, sino por la grave crisis que se desató en el país con la UDP en el gobierno y por la ofensiva conservadora de los sectores empresariales y parlamentarios de la época que, finalmente, acortaron el mandato de Hernán Siles Zuazo. Era muy difícil sostener en la agenda pública y parlamentaria el juicio a la dictadura y menos agilizarlo.
Sin embargo, el Congreso se vio obligado a dictar la acusación contra García Meza y 55 de sus colaboradores el 25 de febrero de l986. El trámite fue derivado a la Corte Suprema, y allí tuvimos que enfrentar una peligrosa estrategia que tenía al menos tres componentes: El terror paramilitar que lo ejercía en persona García Meza que vivía en Sucre; libre y rodeado por una cohorte, no solo de paramilitares, sino protegido por los mandos militares de la época que, además de protegerlo, le permitían amenazar, insultar y amedrentar a los acusadores y a los propios jueces supremos. Luego, la dilación del juicio, por las leyes arcaicas con las que se tramitaba, pero sobre todo por la cantidad de delitos y acusados. Y, en tercer lugar, estaba la estrategia de la amnesia, de la mentira y del cinismo, que obligaban a probar hasta lo obvio o lo evidente, como que hubo golpe de Estado, que hubieron paramilitares y ambulancias, etc. etc.
Era un escenario casi surrealista; había que probar que los hechos delictivos bárbaros que sufrimos todos los bolivianos durante 14 meses de garciamesismo sí ocurrieron. Vale decir que el terror, la dilación, la amnesia y la mentira tenían el destino de desanimar a los acusadores, de entrabar los procedimientos y de entorpecer el esclarecimiento de los hechos.
Una vez dictada la sentencia a treinta años sin derecho a indulto, ¿por qué se esperó tanto tiempo en traerlo al país?
No se demoró mucho en la extradición. García Meza fue apresado en Brasil en l994 y fue extraditado en l995, luego de un año de trámite jurídico – diplomático que el gobierno boliviano cumplió adecuadamente. Y lo hizo así porque al mando de la Cancillería estaba Antonio Araníbar Quiroga (Toño) quien logró efectivamente la extradición. García Meza, preso en Brasil, trató incluso de «negociar» su retorno al país. Sin embargo, el diputado que leyó el pliego acusatorio en febrero de 1984, fue el Canciller que concretó la extradición del dictador prófugo en 1995.
Una vez en el país, ¿por qué se le permitió una prisión tan exigua? Terminó cumpliendo parte de la pena en un hospital militar con una serie de privilegios…¿fue más grande la solidaridad que la pena?
Exigua es escasa o insuficiente según el diccionario, y no creo que la prisión de García Meza haya sido ni lo uno ni lo otro. Fue condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto, que es la pena máxima de nuestro ordenamiento jurídico, y murió en cumplimiento de esa condena, después de 23 años de encarcelamiento. El hecho de que varios años, especialmente los últimos 8, los haya pasado en el hospital de COSSMIL, no disminuye el valor de la pena y de la condena. Se trató posiblemente de un favorecimiento orquestado por médicos, abogados, militares, jueces y viceministros sobornados, con el visto bueno implícito de varios ministros del Interior, incluyendo a los de este Gobierno, que permitieron hospitalizaciones que solo eran posibles si es que se certificaba plenamente la necesidad médica. Alguna vez se me consultó sobre el asunto, y yo dije con claridad que García Mesa no había sido condenado a muerte, y que si requería atención hospitalaria, la democracia boliviana no podía negársela, salvo que estuviera fraguando enfermedades y diagnósticos, lo que seguramente lo hizo con la complicidad de todos los gobernantes de la época. No se trató de solidaridad alguna, sino de protección comprada y consentida por los gobiernos de turno. Pero ello en ningún caso puede disminuir el valor jurídico e histórico de una sentencia que es un ejemplo nacional e internacional de lucha contra la impunidad.
¿Más allá de la condena de 30 años de cárcel se previó que LGMT resarciera el daño económico al Estado?
La condena a 30 años de presidio sin derecho a indulto, es solo una de las penas por uno de los delitos, el asesinato de Macelo Quiroga, Carlos Flores y Gualberto Vega, en la sede de la COB el 17 de julio, sin duda el más grave, pero solo uno. García Meza fue condenado por otros 40 delitos comprobadamente cometidos. Fueron 8 grupos de delitos por los que se acusó al exdictador y en todos ellos la Corte Suprema lo encontró culpable de acuerdo a la Sentencia del 21 de abril de l993. Cinco de esos grupos delictivos (el 1er grupo son delitos contra la Constitución, el 2do, asesinatos en la COB, y el 3er grupo corresponde a la masacre de la calle Harrington), estaban referidos a delitos económicos contra el patrimonio público y que, por supuesto, contemplaban casos flagrantes de corrupción, negociados, enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, estafa, concusión, etc., etc., largamente probados como el de las «Piedras semipreciosas de La Gaiba», explotadas y vendidas como si fueren propiedad privada de los dictadores; el “Cheque por 278.000 dólares”, que cobró el Estado boliviano en un juicio internacional y que se lo embolsillaron los golpistas; el caso de la “piscina olímpica” donde los militares se apropiaron de vidrios rayban, de perfiles de aluminio y materiales de construcción destinados a la construcción de la piscina de Alto Obrajes; sobreprecio de 4 millones de dólares en la adquisición de “equipos petroleros”; y, finalmente, el caso de la maquinaria agrícola de “Puerto Norte” donde se hizo un negociado con una empresa argentina por 50 millones de dólares. A ello hay que agregar el pillerío más personal de los exdictadores que se adjudicaron para sí o sus familiares, tierras fiscales, liberación para la importación de vehículos, o la venta de patrimonio histórico como los diarios del Che, esto último denigrante para las propias FFAA. Todo ello fue absolutamente probado en el Juicio de Responsabilidades, y García Meza y al menos 15 de sus colaboradores, entre exministros, funcionarios administrativos y algunos empresarios también fueron condenados. Pero como nuestra legislación penal lo determinaba, todos esos otros delitos y sus penas se subsumían, para el caso de García Meza, en la pena mayor de 30 años sin derecho a indulto. Lo que sí quedó pendiente, y como obligación expresa del Ministerio Público, fue la acción civil para el resarcimiento del daño económico causado por los delincuentes, especialmente al patrimonio nacional. Así lo estableció la Sentencia: el Ministerio Público debió continuar las acciones jurídicas buscando el resarcimiento de ese daño, y jamás lo hizo.
¿Qué probabilidades existen de activar la responsabilidad civil de LGMT, después de su muerte?
Ninguno de los fiscales generales que se sucedieron cumplieron este deber jurídico que hasta hoy está pendiente, que no prescribe, y que a diferencia de la responsabilidad penal que se extingue con la muerte, en el caso de la responsabilidad civil se traslada a los herederos. Fuera de una acción por enriquecimiento ilícito en curso contra los herederos del exdictador, no sabemos hasta ahora de ninguna acción del Ministerio Público para establecer la responsabilidad civil de García Meza y de 44 de sus colaboradores que sí fueron condenados y que deberían responder por su responsabilidad civil y los daños materiales causados. Pero, además, está igualmente pendiente el enjuiciamiento y la condena de una veintena de golpistas y torturadores que no fueron acusados por el Congreso y que, de acuerdo a la Sentencia, debían ser también enjuiciados posteriormente por el Ministerio Público.
A 25 años de la sentencia penal a LGMT que se cumplió el pasado 21 de abril de este año, ¿cómo cerraría la evaluación sobre la dinámica jurídica de este proceso?
La Sentencia de hace 25 años fue solo la culminación de un trabajo jurídico – político – institucional enormemente complejo. Ha sido y es el proceso jurídico más complejo e importante de la historia del país. Y es sin duda uno de los pilares que sustentan la estabilidad y la vigencia actual de la democracia boliviana. Es el referente y el precedente que tendrán que tener siempre en cuenta los que quieran volver a los golpes y a las dictaduras militares, pero también los que en la gestión gubernamental quieran desconocer, vía el autoritarismo y la represión, la vigencia de los Derechos Humanos.
29 de abril
falleció en un hospital militar el general Luis García Meza, que estuvo detenido 23 años.
Fuente: eldia.com.bo