Han pasado más de seis años desde que un grupo de víctimas de la dictadura se instalaron al frente del Ministerio de Justicia, en pleno Prado de La Paz, para exigir la reparación de los daños. A la fecha, han fallecido 30 y, por ello, alistan una reunión nacional para definir medidas de presión «heroicas».
La denominada Plataforma de las Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano Sobrevivientes de las Dictaduras está instalada desde el 13 de marzo de 2012 en un refugio construido de manera precaria por maderas y latones.
Al interior, a manera de museo de la memoria, están pegados en las paredes copias de fotografías, recortes de periódico y cuadros, todos referidos al periodo de las dictaduras que marcó la historia boliviana entre 1964 y 1982.
“Estamos aquí seis años y medio, tenemos treinta muertos hasta ahora, hace algunos días ha fallecido nuestra compañera Niver Osaki, hemos sufrido dos atentados criminales, nos amenazan permanentemente los miembros del Gobierno, entonces frente a esa situación tenemos que tomar acciones heroicas”, reclamó Julio Llanos, uno de los dirigentes del sector, en una entrevista con La Razón Digital.
- La caso que las víctimas de la dictadura instalaron en el Prado de La Paz. Foto: Rubén Ariñez.
“Hay compañeros como la compañera que tenía una enfermedad terminal que no tiene familia, han perdido todo en las dictaduras, están solos, dicen ‘qué hago yo, voy a tomar una medida igual que Picachuri que se auto eliminó en el parlamento, son actos de desesperación, ante la indiferencia y ante el no cumplimiento de la CPE ’, añadió Llanos.
A las 15:02 del 30 de marzo de 2004 el ex minero de Siglo XX Eustaquio Picachuri Cuñaca detonó ocho explosivos que tenía pegados a su cuerpo en la sala de recepción del edificio anexo del Congreso Nacional, lo que hoy se denomina Asamblea Legislativa. El hecho dejó un saldo de dos muertos y 10 heridos.
“Son cosas así, desesperantes”, dice Llanos, “pero tampoco vamos a llegar a eso”, anticipa. Unos 100 delegados se reunirán en La Paz la próxima semana, se prevé que el miércoles 5 de septiembre, para precisamente definir las medidas de presión.
“Vamos a convocar a una reunión porque no tenemos ningún resultado de parte del Ministerio de Justicia, con quienes estuvimos tratando un proyecto de ley para una reparación integral a las víctimas”, reclamó el dirigente.
“Por otra parte tampoco tenemos respuesta a la nota que hemos enviado a la Comisión de la verdad, el Secretario Ejecutivo, el señor Fernando Rodríguez se comprometió hace algo más de una semana a respondernos en el día, pero no pasa nada”, añadió.
El sector ha planteado serías observaciones al ejercicio y la ley de la Comisión de la Verdad que se creó mediante ley el 23 de diciembre de 2016 para esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual entre el 4 de noviembre de 1964 y 10 de octubre de 1982, de gobiernos de facto.
Uno de los miembros de la Comisión, Edgar “Huracán” Ramírez aseguró a mediados de mes que harán cumplir la norma respecto a las reparaciones. Aseguró que el trabajo de esa delegación “no está entrando a trabajar en aguas tranquilas, no vamos a tener ni siquiera un juez o fiscal que pueda indagar las cosas que aún son inexistentes”.
Por eso ha pedido paciencia para encarar el proceso de indagación que las víctimas consideran demorado. En ese marco, también buscan la mediación del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, para que “haga cumplir” lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE).
“Nosotros no pedimos nada más que el cumplimiento de la ley”, insistió llanos.