Bolivianos en el exilio cuestionan a la OEA por misión de observadores y demandan se pronuncie sobre postulación ilegal de Evo Morales


La Paz, eju.tv.- En una extensa carta dirigida al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, exautoridades y líderes políticos de Bolivia, exiliados en el exterior, expresan su preocupación por la posición de «incoherencia inexplicable» asumida por el organismo al enviar una misión de observadores al país para las llamadas «Primarias», impuestas por el régimen de Morales.

En la carta firmada por Mario Cossio, Manfred Reyes Villa, Guido Añez, Hugo Carvajal y Branko Marinkovic, cuestionan al Secretario General de la OEA, por el envío de la citada comisión, a sabiendas de la situación en Bolivia, proceso que él mismo ha cuestionado por la abierta actitud de prorroguismo del presidente Evo Morales. El país vive un proceso pre electoral que no garantiza transparencia, porque todos los órganos del Estado son controlados por el gobierno de Morales, quien además se presenta como candidato a un cuarto periodo presidencial, en franca violación al Referendo del 21 de Febrero de 2016 (21-F), que dijo NO a la re-reelección indefinida, señalan los firmantes.



Solicitan a Almagro, que al menos la Misión de Observación enviada a Bolivia para las “elecciones primarias” se pronuncie sobre la postulación inconstitucional de Evo Morales y sobre el desconocimiento del resultado del Referéndum del 21 de Febrero de 2016, rechazando la misma con igual actitud que la asumida frente a Nicaragua y Venezuela. (L.M. /eju.tv)

Ésta la carta de los exiliados bolivianos:

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23 de Enero de 2019

Señor

Luis Almagro Lemes

SECRETARIO GENERAL DE LA O.E.A.

Washington U.S.A

Señor Secretario General:

El 11 de Agosto de 2017 nos dirigimos a su autoridad valorando la postura que había asumido en defensa de la democracia en la región y su compromiso con la recuperación de la democracia en Venezuela. Le hicimos saber que su posición había generado esperanza en Bolivia y en quienes nos encontramos en el exilio a raíz de la persecución política impulsada por el régimen boliviano, pues, al igual que en Venezuela, nuestro país también había caído en manos de otra dictadura encabezada por Evo Morales.

Denunciamos que en Bolivia no existe separación e independencia de los poderes públicos y que todos los Órganos del Estado fueron subordinados al régimen, y en particular el Órgano Judicial que se convirtió en el principal instrumento de la persecución política. Que la violación a la Constitución Política del Estado se había convertido en una práctica rutinaria de los gobernantes; que el acceso al poder y su ejercicio no se sujeta al Estado de derecho, que tampoco existe; y que la celebración de elecciones está marcada por la manipulación y el fraude, pues van de la mano de un Órgano Electoral parcializado que opera como un apéndice del régimen y que no garantiza que sean libres y justas.


Alertamos que la voluntad soberana del pueblo, expresada en el sufragio universal, estaba siendo burlada las veces que quiso el régimen, quién promovió derrocamientos inconstitucionales y golpes de Estado a Gobernadores y Alcaldes opositores elegidos por voto popular, para sustituirlos con militantes designados a dedo por el Presidente del Estado.

Que la destrucción del régimen plural de partidos políticos y la eliminación de los líderes opositores era un eje fundamental de la estrategia de toma total del poder; que la persecución a los medios de comunicación conculcaba la libertad de expresión y de prensa; y que los derechos humanos eran violados todos los días.

Recordamos que Evo Morales había violado la Constitución Política del Estado para acceder a su “tercer” mandato, iniciado el 2015, con la autorización cómplice de “su” Tribunal Constitucional que vulneró el Art. 168 y la Disposición Transitoria Primera de la norma constitucional.
Y con todo ello le hicimos saber que Evo Morales había sepultado nuestra democracia en los 13 años que ejerce el poder, robándole los elementos esenciales reconocidos por el Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana (OEA), para instalar una nueva dictadura que viola los derechos y garantías fundamentales de los bolivianos, como también los Tratados y Convenciones Internacionales.


Posteriormente, el 28 de Noviembre de 2017, en ocasión de la audiencia que nos fue concedida en instalaciones de la Secretaría General de la OEA, le expresamos a través de una segunda carta que Evo Morales había decidido dar el paso final en su plan totalitario, recurriendo nuevamente al Tribunal Constitucional para que le autorice su “REELECCIÓN INDEFINIDA”. Órgano que aceptó el pedido de manera servil, mediante la Sentencia Constitucional 0084/2017 de la misma fecha, violando nuevamente la Constitución y desconociendo la voluntad soberana del pueblo boliviano que rechazó en dos referéndums toda posibilidad de reelección presidencial indefinida; el primero de ellos, realizado en Enero de 2009, que aprobó el texto de la nueva Constitución Política del Estado que limita el período presidencial a dos mandatos sucesivos; y el segundo, realizado el 21 de Febrero de 2016, en el cual el pueblo rechazó toda posibilidad de reelección de Evo Morales.

Esa Sentencia argumentó groseramente que LA REELECCIÓN INDEFINIDA ERA UN DERECHO HUMANO DE EVO MORALES, consagrado por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Absurda interpretación de un régimen que jamás respetó la citada Convención ni los derechos humanos de los bolivianos, y que solo buscó avalar la ilegal postulación de Morales a futuros mandatos.

Y sobre esa base el Tribunal Electoral habilitó de manera infame a Evo Morales para las “elecciones primarias” a realizarse el 27 de este mes, y para la “elección presidencial” de octubre de 2019; abriendo el camino a su reelección indefinida y a la consolidación de una nueva dictadura.

La determinación del Tribunal Constitucional constituye una auténtica ruptura del orden constitucional y un quiebre del estado de derecho, pues viola la Constitución Política y desconoce la voluntad popular. Así lo entendió también su autoridad, pues en ese momento condenó públicamente este hecho, declarando acertadamente que “ningún Juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”, para luego afirmar que hacerlo constituía un acto antidemocrático que provocaría un quiebre del orden constitucional y la ruptura del Estado de derecho; así lo registran las redes y medios de comunicación.

Su postura fue respaldada en el “Informe de la Comisión de Venecia”, solicitado por usted. Órgano que informó que “la reelección indefinida no es un derecho humano de los gobernantes”, y que los límites de mandato no restringen los derechos humanos de los candidatos, garantizando más bien la democracia; concluyendo que la modificación de los términos presidenciales a través de los tribunales constitucionales constituye una “mala práctica”.

Lo asombroso es que pese a ello, conociendo esta realidad y estando en desacuerdo con ella, su autoridad decidió enviar a Bolivia una Misión de Observación de la OEA a las elecciones primarias del 27 del presente mes, lo cual genera absoluto desconcierto y denota una incoherencia inexplicable. Y la razón es sencilla, en esas elecciones participará “ilegalmente” Evo Morales y su Vicepresidente, inhabilitados constitucionalmente para hacerlo; y su participación constituye una violación inaceptable de la Constitución Política del Estado y un desconocimiento absoluto de la voluntad “del soberano, el pueblo”.

Esa triste e inesperada decisión asumida por usted constituye, de manera consciente o no, un golpe a la democracia boliviana y un acto de complicidad con la dictadura boliviana, pues avala una participación ilegal e ilegítima de un binomio oficialista, cuyo objetivo final es eternizarse en el poder. Y lo hace en unas Elecciones Primarias que son una farsa, pues ningún partido ha registrado más de un candidato y por tanto no hay qué elegir, las cuales sólo sirven para habilitar a Evo Morales a la próxima elección general.

La participación de la misión de observación de la OEA en el contexto mencionado, cumple la finalidad exacta esperada por el régimen boliviano ya que encaja en su estrategia de permanecer disfrazado de democracia y encubierto ante la comunidad internacional. Pero para el pueblo boliviano, que vive y sufre la realidad impuesta por el dictador Evo Morales, esa determinación expresa un abandono de la OEA a la lucha por recuperar su democracia, su libertad y la vigencia de los derechos humanos.

Tampoco podemos entender por qué la OEA asume posturas firmes y plausibles contra las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero guarda silencio y encubre a la dictadura de Bolivia, donde también existe un régimen “usurpador” que ejerce un tercer mandato prohibido por la Constitución y negado por el pueblo, y que ahora busca un nuevo mandato también ilegal y rechazado por el soberano.

Ante la gravedad de los hechos es necesario reorientar la conducta de la OEA, de modo que apoye a recuperar la democracia boliviana, por lo que pedimos:

  1. Misión de observación: Que la Misión de Observación enviada a Bolivia para las “elecciones primarias” se pronuncie sobre la postulación inconstitucional de Evo Morales y sobre el desconocimiento del resultado del Referéndum del 21 de Febrero de 2016, rechazando la misma con igual actitud que la asumida frente a Nicaragua y Venezuela. Y que la OEA se abstenga de enviar otra Misión para las “elecciones generales” de octubre de 2019, mientras no se inhabilite a Evo Morales y se restablezca el orden constitucional.
  2. Aplicación de la Carta Democrática Interamericana: Que su autoridad y los Estados Miembros, con la facultad que les confiere el Art. 20 de la citada Carta, soliciten la convocatoria al Consejo Permanente para defender la democracia boliviana. Y que este Consejo convoque a la Asamblea General para que suspenda a Bolivia, conforme al Art. 21 de la Carta Democrática, ante la ruptura del orden democrático,
  3. Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Reiteramos nuestro pedido a esa Secretaria y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que soliciten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una “Opinión Consultiva” que aclare si la reelección indefinida es un derecho humano o no lo es.

Atentos a su respuesta, saludamos al Señor Secretario General atentamente.