Los dueños de los 68 inmuebles que colapsaron en los barrios Inmaculada Concepción, San Jorge Kantutani y 14 de Septiembre y los 22 cuyas casas serán demolidas deben presentar cuatro requisitos para que la Alcaldía dé vía libre a la expropiación.
Según el punto dos de un comunicado fechado el 12 de este mes que se encuentra en el campamento Fígaro, “los propietarios cuyas viviendas se encontraban en el área colapsada o estén por colapsar y se encuentren en la denominada franja roja, establecida por el Gobierno Municipal de La Paz, serán objeto de expropiación por necesidad y utilidad pública, (…) aunque opten por el beneficio de vivienda social ofrecido por el Gobierno nacional, pues la expropiación se realiza por la necesidad de estabilizar el área”.
“Para este efecto y una vez que el Concejo apruebe la ordenanza, que da curso al inicio del proceso, los propietarios deberán presentar toda su documentación (…) de acuerdo con el siguiente detalle:”
Los cuatro documentos indispensables son: el folio real emitido por Derechos Reales, la fotocopia legalizada del testimonio de propiedad, el comprobante de pago de impuestos del bien inmueble de la última gestión y la fotocopia del carnet de identidad del o los propietarios. También se establece el certificado catastral, pero este requisito es opcional.
Respecto a inquilinos y anticresistas, el documento señala que podrán ser beneficiados con un plan de vivienda que será ejecutado por el Gobierno nacional.
Quienes tengan un único lote de terreno, el Gobierno nacional procederá a la construcción en el marco de los programas de la AEVivienda (Agencia Estatal de Vivienda); (para) quienes no tengan un lote, la Alcaldía destinará espacios para que el Gobierno central construya edificios para viviendas sociales”, dice el comunicado de la Alcaldía.
En estos dos casos, las familias deben cumplir los requisitos establecidos por el viceministerio del ramo y AEVivienda, instancias que —según conoció este diario— elaboran una normativa que será aprobada en los próximos días.
Los beneficiados en los tres casos son los damnificados, propietarios, inquilinos y anticresistas que figuren en los registros oficiales que serán publicados por el gobierno municipal y el Viceministerio de Vivienda. El comunicado advierte que los afectados que den información falsa o pretendan beneficiar a familiares que no residían en el sitio del deslizamiento, haciéndoles figurar como inquilinos, serán eliminados del registro de beneficiarios.
“Esta lista oficial ya debía haberse conocido el martes, pero no han informado de nada”, lamentó el afectado Armando Ramos.
La Razón pidió el registro oficial a la municipalidad desde el lunes, pero hasta el cierre de esta edición (ayer miércoles) no hubo una respuesta al requerimiento.
Porfirio Mollericona, representante de San Jorge Kantutani y del campamento Libertad, dijo que hay incertidumbre porque ninguna de las opciones se consolida. “Han salido los requisitos, pero no estamos escuchando algo definitivo. Se tenía que solucionar en estos días, pero desde el domingo no sabemos nada”.
Vecinos de la franja azul señalaron que no cuentan con garantías para retornar y desconocen las notificaciones que supuestamente entregó la Alcaldía. “Aquí no han entregado nada.. Hasta ayer no habían servicios básicos y tampoco estaban haciendo trabajos”, dijo Pascuala Navarro.