El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, presentó este miércoles un legajo de denuncias por cohecho y daño al Estado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por presuntos desembolsos irregulares a empresas estatales como ‘Mi Teleférico’, Boliviana de Aviación (BoA) y organizaciones sociales.
«He dejado un legajo de documentos al Fiscal, a quien le hemos entregado algunos casos de denuncia y está pendiente entregarle otros que están en elaboración. Esperamos que nuestras denuncias por cohecho y daño al Estado, no duerman el sueño de los justos y que realmente los fiscales cumplan sus tareas dentro del marco de sus competencias y de su autonomía», informó en una conferencia de prensa.
Entre los casos denunciados detalló que están los fondos destinados a la salud de la Federación de Chóferes, que refiere millones de bolivianos que habrían favorecido a algunos dirigentes, mediante el descuento de 0.20 centavos a los transportistas.
Agregó que otro caso es sobre «un sospechoso desembolso de dinero» a la empresa ‘Mi Teleférico’ antes de los conflictos político-sociales registrados en el país, para supuestamente auspiciar a guerreros digitales.
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Explicó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), invirtió 77.000 millones de bolivianos en vías, pero el 75% de las mismas están mal construidas o inconclusas.
«Ese presupuesto es ocho veces el de salud y 41% el valor de la deuda externa», enfatizó.
Detalló que hay empresas que han recibido el 100% del pago sin terminar la carretera o tramos que se han licitado dos veces con desembolsos que superan el 80%, sin que exista la carretera.
Denunció también viviendas construidas a nombre de personas de escasos recursos en terrenos particulares que se sobre valorizaron y que el Estado pagó por las obras.
Arias presentó, asimismo, una denuncia porque Entel invirtió más de 2 millones de dólares en la aplicación de la ‘Billetera Móvil’, para el pago del 15% del segundo aguinaldo de 2018, pero solo generó 500 bolivianos en transacciones.
La autoridad se refirió también a la investigación que está realizando de los aeropuertos, porque algunos están mal construidos o tienen muy poco flujo, sin embargo, no descartó la habilitación del aeropuerto Juana Azurduy de Padilla en la ciudad de Sucre, como puerto aéreo alternativo al de Alcantarí que no siempre está operable.
Resaltó, también, el ahorro para el Estado de más de 7 millones de bolivianos a partir de la ruptura de la empresa aérea BoA con la misma empresa de seguros y reaseguros que ganó las licitaciones durante varios años.
Afirmó que «se le ha hecho mucho daño al país» con causas justas, aprovechando la necesidad de la población.
«Quién no quiere tener un aeropuerto, quién no quiere tener una carretera, quién no quiere tener una vivienda», cuestionó. (18/12/19)
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