La Defensoría del Pueblo advierte violación a los DDHH de bolivianos parados en Chile, por lo que solicitó la intervención de la CIDH.
La Defensoría del Pueblo solicitó este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para proteger a las 209 bolivianas y bolivianos que se encuentran cerca de la frontera con Chile, impedidos de avanzar, luego de que el Gobierno de Bolivia les negara el ingreso, en el marco de las medidas impuestas tras el incremento de caso de Covid-19.
En horas de la mañana el Gobierno anunció que no permitirá el ingreso del grupo de compatriotas -que desde hace días pernoctan en la población chilena de Huara- mientras duren las restricciones sanitarias.
Se ha pedido a través de la vía humanitaria y a través de notas formales a la Presidencia, a los ministerios de Defensa, Gobierno y a la Cancillería, que asuman acciones de protección para esta población y no hemos recibido ninguna respuesta; se ha advertido que existe una vulneración de derechos humanos al no permitirles retornar al país, no de forma irrestricta sino cumpliendo los controles de sanidad y de bioseguridad que se tienen que implementar a cualquiera que decida por cualquier causa movilizarse internamente o quiera regresar a su patria, reclamó Cruz.
Cruz recordó que el Gobierno en semanas pasadas permitió el ingreso de personas que llegaron del extranjero sin realizar controles sanitarios y ahora no quiere aplicar los protocolos para permitir el ingreso de 209, entre las que se encuentran niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. Corresponde al Estado boliviano hacerse cargo de sus connacionales, apuntó, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad.
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Los casos de COVID-19 importados al país son de entera y única responsabilidad del Gobierno, porque después de anunciar y señalar, en conferencias de prensa, que se procedía al cierre de fronteras, no existieron controles en las personas que llegaban del extranjero; pretender responsabilizar a la población del incumplimiento de sus deberes, resulta una afrenta a los derechos humanos, manifestó.
La Defensora anunció también, que la institución defensorial asumirá acciones respecto a las 729 personas que se encuentran varadas en distintas regiones del país sin poder retornar a sus domicilios debido a la forma intempestiva, accidentada y no planificada en la emisión de decretos supremos que impiden la movilidad interna.
Muchas de estas personas, dijo, se encuentran en situación de precariedad y con pocos recursos, sin asistencia sanitaria, sin seguimiento por parte de alguna instancia de salud, sin ningún tipo de enfermedad; que han dejado en sus casas o en sus regiones a sus hijos, a personas con discapacidad, a persona adultas mayores, padres o madres que dependen de ellos.
Fuente: paginasiete.bo
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