El fiscal ve un ente que realizó actividades en Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca
La Prensa
El fiscal de Yacuiba, Diego Choque, ante la comisión del Senado, informó ayer que un grupo antiautonomista organizado y entrenado por seis «comandantes», algunos supuestamente militares, tuvo actuaciones legales e ilegales en los referendos de Santa Cruz, Beni y Pando y en las elecciones en Chuquisaca. Sólo para Tarija tenía un presupuesto de 35.000 bolivianos.
A ese hecho se suma, dijo el fiscal, la existencia de documentos en los que se establecen listas de compras de 200 hondas (a un precio unitario de tres bolivianos), toletes (palos de madera), 25 cajas de cohetes, barbijos y otro tipo de material de apoyo para ese grupo con un costo total de 35.000 bolivianos.
Choque ve en esos indicios a un grupo organizado y entrenado que se distribuyó tareas en Tarija, «entre ellas bloqueos, manifestaciones (para) impedir o perturbar la realización del referéndum… los mismos imputados refieren: un grupo tenía que trasladarse a Campo Pajoso (Tarija) para realizar bloqueos, otro grupo tenía que trasladarse a Pocitos, otros en la plaza y, finalmente, otras personas tenían que hacer otras tareas».
La autoridad explicó ante los senadores de Podemos Wálter Guiteras, Róger Pinto y Roberto Ruiz que estos indicios salieron a la luz en las declaraciones ampliatorias de los 11 acusados por el atentado al canal 4 de Yacuiba, Tarija, tras una revisión de las actuaciones policiales y de los documentos incautados a los sospechosos.
El Senado creó una comisión investigadora a la cabeza de Guiteras, la cual divulgó las supuestas pruebas de este caso. La Fiscalía General de la República desautorizó a esa instancia senatorial como cabeza del Ministerio Público, argumento que fue usado por el Gobierno para calificar de «show político» a esa pesquisa. Dos ministros se negaron a prestar declaraciones ante esa comisión, por considerarla ilegal.
El 21 de junio, un día antes del referéndum en Tarija, el canal televisivo sufrió un atentado. La Policía detuvo minutos después al subteniente Georges Nava y a 22 civiles, varios de ellos en posesión de armas de fuego, guías de explosivos, celulares y dinero. Un juez decidió liberar a diez civiles.
La Fiscalía acusó al militar y a 11 personas por los delitos de terrorismo y asociación delictuosa al considerar que tuvieron que ver con el ataque.
Choque agregó que los detenidos, en sus declaraciones ampliatorias, «se limitan a señalar que han venido a apoyar (a Yacuiba) a movimientos sociales. Incluso cuando se les dijo ¿qué tipo de movimientos?, muchos de ellos hicieron simples comentarios. (Dijeron) los movimientos sociales que estén en desacuerdo con el referéndum».
Acciones en cuatro regiones
Ante las consultas de Pinto, el fiscal agregó que ese «apoyo» no fue sólo en Tarija. «De acuerdo con tres declaraciones de los imputados que se encuentran en libertad… no es la primera vez que estaban acudiendo a realizar este tipo de hechos. Ellos refieren que han estado en la ciudad de Santa Cruz, Beni, Pando e incluso en Chuquisaca… Además, era el propósito (de los acusados) recolectar firmas para que (el Ministerio de Educación) emita una resolución ministerial para que pueda funcionar la Universidad Marcelo Quiroga Santa Cruz en Montero».
La autoridad añadió que «ellos han estado ahí (en los referendos departamentales). Ellos admiten».
Según las investigaciones preliminares, este grupo está compuesto por más de 50 personas que en Yacuiba se alojaron en el hotel Las Vegas. La dueña de ese local (cuyo nombre no fue divulgado) reconoció a Rolando Enríquez, supuesto teniente de las Fuerzas Armadas, como el que pagó 1.500 bolivianos por el hospedaje de 25 de personas días antes del referéndum.
Enríquez, actualmente detenido, fue encontrado (en ese hotel, vistiendo un traje militar) sangrando de las heridas en el pabellón de la oreja y el maxilar inferior. El fiscal presume que el sospechoso estuvo en el auto que estrelló Nava debido a que allí se hallaron manchas rojas y una gorra ensangrentada.
En ese lugar también se encontraron prendas militares completas.
El Ministerio Público dijo que sospecha que Enríquez pertenece a las Fuerzas Armadas. Por ello, solicitó un informe a la entidad castrense, pero no recibió respuesta.
Según la pesquisa del Ministerio Público, los líderes de este grupo eran denominados «comandantes», de los cuales «cinco o seis» fueron mencionados por los acusados que no quisieron identificarlos.
En las declaraciones ante los senadores de Podemos, Choque resaltó que, además del supuesto militar Enríquez y del subteniente Nava, se tiene indicios de la participación en los sucesos de Yacuiba de «tres a cuatro oficiales y entre tres y cuatro clases (suboficiales)» de las Fuerzas Armadas.
Entre ellos mencionó a los subtenientes Oswaldo Flores Montaño y Ronald Valdivia, ambos supuestamente miembros del desarticulado grupo antiterrorista de las Fuerzas Armadas Chacha Pumas.
Podemos asegura que este grupo de élite es usado con fines políticos, pero el Gobierno nacional y ex comandantes militares dijeron que éste fue desactivado en 2006.
El Ministerio Público alista la aprehensión de dos militares
El Ministerio Público anticipó ayer que solicitará la aprehensión de los subtenientes Oswaldo Flores Montaño y Ronald Valdivia, supuestamente vinculados con el atentado al canal 4 de Yacuiba, Tarija, si es que ellos no responden al mandamiento de comparendo (citación) que les fue enviado el 26 de junio de este año. La Fiscalía indicó que las Fuerzas Armadas obstaculizan el trabajo judicial al no contestar adecuadamente al pedido de las autoridades.
El senador de Podemos Roberto Ruiz, miembro de la comisión especial de la Cámara Alta, reveló que extraoficialmente conoció que Flores Montaño se encuentra en el Regimiento Colorados de Bolivia, en la ciudad de La Paz, pero que éste pronto sería cambiado de destino.
El fiscal asignado al caso, Diego Choque, quien ayer concurrió a esa comisión legislativa, dijo que también tiene esa información extraoficial y, ante ello, agilizará el llamado a los dos uniformados.
Hay que «determinar en forma posterior si presentamos la imputación, es decir, ampliamos la acusación contra los otros militares o mantenemos todavía vigente su libertad, (y) que ellos pudieran (seguir) en calidad de testigos. Vamos a agilizar las diligencias de estos comparendos para (que) estos militares se presenten. En caso de que sean notificados y no se presenten, corresponderá expedir el mandamiento de aprehensión conforme establece el Código de Procedimiento Penal».
Respecto del otro militar, el subteniente Georges Nava Zurita, el Ministerio Público informó que, desde la madrugada del 21 de junio, sus familiares no se apersonaron ante la Fiscalía para conocer el estado de las investigaciones.
Consultado sobre el estado anímico del oficial detenido en Yacuiba, Choque informó que éste se convirtió en una persona solitaria e introvertida. «No quiere hablar con nadie sobre lo ocurrido en Yacuiba, sólo habla con sus familiares que lo visitan. Sólo declaró durante diez minutos, tiempo en el que se limitó a dar sus generales de ley y se acogió al derecho al silencio».
El senador de Podemos Róger Pinto reveló que en la visita que hicieron los parlamentarios a Nava Zurita, en julio, a la cárcel de Yacuiba, éste contaba con una persona encargada de brindarle seguridad.
Rolando Enríquez, supuesto militar, pagó el hospedaje de 25 miembros de la agrupación.
Él canceló 1.500 bolivianos antes de resultar herido, el 21 de junio, en el coche de Nava.
En el hotel donde se alojaba Enríquez se encontraron uniformes militares completos.