HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
UNIDAD DE PRENSA Y COMISIONES
AGENCIA PARLAMENTARIA DE NOTICIAS (APN)
BOLETÍN Nro. 5494
LA PAZ, JUEVES 7 DE AGOSTO DE 2008
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La Paz(APN).- Luego de una corta sesión donde se leyeron dos memoriales presentados por la ministra del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, y mediante los cuales pretendía trasladar el proceso que le sigue el Comité de Ministerio Público y Policía Judicial de Diputados, los legisladores determinaron rechazar tal solicitud y deberá presentarse ante la instancia camaral a las 15.00 del 13 de agosto.
En el marco de la «Ley Procesal para el Juzgamiento de Altas Autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República» (Ley 2623), el Comité de Ministerio Público había citado para hoy a las 9.00 a la magistrada suplente Salame, a quien se la acusa de prevaricato, usurpación de funciones y perturbar e impedir funciones públicas.
El secretario del Comité, Edgar David Balderrama, informó que se esperó durante una hora la presencia de Salame y al no haber asistido a la convocatoria se determinó instalar la reunión del Comité compuesto por el secretario Balderrama y los vocales César Ovando (MAS) y Lourdes Millares (Podemos) quien no estuvo presente.
En la sesión se leyeron los memoriales enviados por la autoridad judicial cuestionada y donde solicita prestar sus declaraciones en la ciudad de Sucre argumentando que en la sede de Gobierno no existen las garantías necesarias para su seguridad personal y que teme ser agredida por la población. Este pedido fue rechazado por el Comité porque consideran que son infundados los pretextos interpuestos.
La autoridad judicial es demandada por el Gobierno a causa de la emisión de dos «decretos» en contra del referendo revocatorio. El Comité tiene 15 días para elevar un informe al pleno de la Comisión. El demandante es el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Wilfredo Chávez, quien entregó la acusación penal ante la ventanilla única de la Cámara Baja el miércoles 30 de julio.
Al concluir la sesión Balderrama instruyó proceder a las notificaciones respectivas. En el supuesto caso de que Salame no se presente el 13 de agosto y no brinde sus declaraciones informativas el procedimiento pernal le faculta al Comité tomar acciones legales coercitivas para obligarla a presentarse.
«Nuestras altas autoridades del Poder Judicial tienen la obligación de cumplir la Ley de Juicio de Responsabilidades promulgado el 2003. Hay una obligatoriedad de esas autoridades para comparecer a prestar su declaración informativa cuando existen denuncias como las presentadas», demandó Balderrama.
Salame emitió esos decretos amparándose en una jurisprudencia constitucional y solicitando que se suspenda la consulta del 10 de agosto con el argumento de que no era correcto, lo cual dividió la posición de las nueves cortes departamentales respecto al revocatorio.
Luego de transcurrido el plazo establecido y de acuerdo al informe que presente el Comité, la Comisión en sesión determinará si prosigue la acusación o si se absuelve a Salame de la denuncia que presentó el Viceministro de Justicia. Posteriormente se elevará el informe al pleno de Diputados para que esta instancia formalice el proceso ante la Cámara de Senadores.