Esto significa un control político del movimiento de capitales, muy contrario a la tendencia mundial. Pareciera una imitación al modelo venezolano de estatización.
EL MUNDO
El Mundo (EM). ¿Cuál cree que sea la verdadera intención del Gobierno para realizar el control de las divisas?
Waldo López (WL). Pareciera que es una imitación al modelo venezolano de estatización, es por eso que el Gobierno boliviano está buscando tener un mayor control del movimiento de capitales, para que ante cualquier actitud de nacionalización las empresas no puedan sacar sus activos financieros fuera del país.
Esto significa un control político del movimiento de capitales, muy contrario a la tendencia mundial de que hay que promover el movimiento de capitales porque atrae la inversión extranjera, inversión directa como en capital utilizado por la banca para generar créditos, además las ‘normas de Basilea’ aseguran mayor supervisión para evitar el lavado ilícito del narcotráfico.
Pareciera que esto no es casual, y sólo es para disimular el no estar insertando al país en el comercio internacional debido a los problemas que tenemos con Estados Unidos, la Comunidad Andina y Europa. Adicionalmente puede ser que se esté tratando de atenuar la llegada de capitales para evitar un mayor efecto inflacionario, pero eso es secundario porque la inflación la genera mayormente el gasto público.
(EM). ¿Cuáles serán las consecuencias a corto, mediano y largo plazo?
(WL). En el corto plazo se ve que se aumento en el riesgo país, aumenta la incertidumbre para el inversionista y ahuyenta los proyectos dirigidos desde el exterior, por lo tanto la inversión extranjera disminuirá a no ser que se cuente con contratos especiales con el Estado.
El efecto a largo plazo será que se aislará del movimiento de capitales y del comercio internacional, porque de alguna manera, algunos contratos de exportación que se realicen por montos grandes se verán afectados.
(EM). ¿Esta es una medida anticonstitucional?
(WL). Yo creo que sí, el Colegio de Abogados, los empresarios, especialmente la banca, debería revisarlo jurídicamente, porque desde el punto de vista de la libertad hay una restricción al movimiento de los activos que es de propiedad privada de las personas, de las empresas y el Gobierno la estaría restringiendo y no creo que esté expresada en la nuestra Constitución.
(EM). ¿A quienes afectará directamente el decreto?
(WL). En cuanto a los migrantes ya existía un control, por ejemplo cuando llega en avión a Bolivia se llena un formulario y se declara los bines y el monto de capital que ingresa y si es superior a 2.000 dólares se lo tiene que hacer conocer, mientras que para la salida hay un impuesto a las transacciones financieras. Ahora lo que se amplió es que se debe tener una autorización firmada ante el BCB y el Ministerio de Hacienda para montos superiores de 500 mil dólares, esto afectará a los inversionistas extranjeros.
Puede ser que tenga su efecto para el narcotráfico, el contrabando y los movimientos de capitales, pero como esto es ilegal, mueve en avionetas clandestinas, entonces su efecto es nulo. Los verdaderos perjudicados serán los inversionistas que desean mover capitales personalmente o con sus propios sistemas de seguridad y no por la banca privada.
(EM). ¿Las entidades bancarias se verán afectadas?
(WL). Según el decreto no existen restricción para las entidades bancarias, pero no queda claro si afecta a los empresarios que utilizan el sistema financiero para hacer movimientos de capitales, en este sentido se da a pensar que para los empresarios que deseen enviar más de 500 mil dólares al exterior necesitarán la autorización del Ministro de Hacienda.
Desde todo punto de vista esto afectará al funcionamiento del sistema empresarial, tanto en el campo de la producción, como en el campo de finanzas.
(EM). ¿Es decir que el decreto afectará a los exportadores?
(WL). Este punto no está claro, porque las entidades manejan su capital, pero al mismo tiempo realizan servicio de movimiento de capital, entonces no está claro si el decreto afectará. Si se exige a los exportadores pedir autorización para traer su capital, sería una traba más.
(EM). ¿Podría hablarse de una venganza del Gobierno que acusa a los empresarios de financiar la autonomía?
(WL). Esto podría abarcar a las ONG’s, a las que no son gubernamentales puede ser que les ponga restricciones, es decir que se abre a una serie de arbitrariedades cuando el Ministro de Hacienda tenga que ocuparse de esto cuando no tiene tiempo para parar la inflación.
(EM). ¿Cuál es la tendencia económica para el país?
(WL). Este es un gobierno ‘neoestatista comunitario’, es decir antes fue un capitalismo de Estado keynesiano, donde el Estado a la par de cualquier empresario quería realizar emprendimientos utilizando el impuesto del pueblo y de una manera desleal desplazaba la iniciativa privada. Ahora lo hace de una manera comunitaria y sin respetar la iniciativa privada que se vería disminuido ente una empresa comunitaria estatal con condiciones más ventajosas, hecho que nos llevaría a un socialismo comunitario.