Para su análisis y consideración, le remitimos el D.S. 29684, por el cual el Gobierno pretende usar recursos de los Municipios y Prefecturas en casos de daño a las instalaciones u otras del sector hidrocarburos del país, a causa de las protestas sociales.
Insertamos, después, una nota de prensa por la cual, los Municipios del Chaco rechazan el presente Decreto.
D.S. 29684
EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer condiciones para el pago de los gastos de reparación y puesta en funcionamiento de instalaciones hidrocarburíferas afectadas por actividades ilícitas y promovidas por autoridades o funcionarios Municipales y/o Prefecturales.
ARTÍCULO 2.- (GASTOS DE REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES AFECTADAS).
I. En caso de que autoridades o funcionarios de los Gobiernos Municipales y Prefecturas de Departamento, instiguen a otros a la comisión de los hechos antijurídicos dolosos descritos en los Artículos 214 y 232 del Código Penal, deberán ser procesados y sancionados con el agravante establecido en el Artículo 215 del Código Penal.
II. Los gastos que demande la reparación y puesta en funcionamiento de las instalaciones afectadas, así como los recursos que el Estado deje de percibir, serán cubiertos con recursos que les pudiera corresponder a dichas entidades, los cuales serán debitados automáticamente de sus cuentas por el Ministerio de hacienda, sin perjuicio de la repetición que pudiera corresponder, de conformidad con el Artículo 32 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
El señor Ministro de Estado, en el Despacho de Hacienda, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil ocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes
Alcaldías del Chaco rechazan Decreto Supremo 29684
ENLARED MUNICIPAL | [26.08.08]
Autoridades municipales de la región del Chaco rechazan el Decreto Supremo 29684 que sanciona con descuentos a prefecturas y municipios que inciten al daño de cualquier tramo de la actividad petrolera. Los munícipes califican al decreto de inconstitucional y afirman que ellos no pueden controlar a los movimientos sociales.
En contacto con la red Onda Local, las autoridades ediles calificaron de inconstitucional al referido decreto 29684, afirmando que ellos, aún siendo autoridades no pueden controlar a los movimientos sociales que promueven acciones en defensa de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Y es que en algunas regiones comenzó el bloqueo para exigir al gobierno la devolución de una parte del IDH departamental.
En Yacuiba, el Comité Cívico mantiene el bloqueo de las rutas hacia Santa Cruz y Tarija; la frontera con Argentina está cerrada; y, en Villamontes. las rutas hacia Paraguay, Argentina y Santa Cruz están bloqueadas.
Para el Presidente del Concejo Municipal de Yacuiba, Jorge Arias, la instigación y la toma de instituciones petroleras, cuando ocurre, corresponde a título personal y no institucional; si bien el gobierno municipal acompaña a las movilizaciones no las incita, por lo que califica el decreto gubernamental como injusto.
“Como gobierno municipal nunca hemos tomado ninguna instalación petrolera, en todo caso son los movimientos cívicos, el gobierno municipal es una cosa y el movimiento cívico es otra (…) se están adelantando en la penalización porque de acuerdo a las leyes primero se presume la inocencia, si se prueba que un alcalde ha tomado físicamente o ha instruido a nivel institucional es otra cosa”.
Para Arias, este Decreto está contra las leyes y la Constitución; y no descartó que el gobierno municipal participe en las movilizaciones en defensa de los recursos departamentales y municipales.
Por su parte, el Presidente del Concejo Municipal de Villamontes, José Nahum Bleichner, afirmó que si bien en Villamontes hay paro de actividades, no existen acciones violentas ni toma de pozos petroleros, pues éstos se encuentran militarizados.
Bleichner augura que no habrá mayores problemas en Villamontes; aunque, advirtió, que una confiscación de los recursos ediles a lo único que llevará es a perjudicar la ejecución de obras.
Entretanto, el alcalde de Camiri, en Santa Cruz, Luis Gonzalo Moreno, considera que este Decreto es un abuso porque vulnera la normativa legal existente ya que los jueces son las únicas autoridades que definen la culpabilidad o no de un infractor de la ley.
“Yo creo que todo daño debe ser pagado siempre y cuando se demuestre a las personas (que lo han cometido), no creo que los gobiernos municipales sean responsables de personas naturales que puedan cometer cualquier acto vandálico dentro de una jurisdicción municipal”.
Moreno indicó que el gobierno local no puede controlar a los movimientos sociales que luchan por la defensa de los recursos, por lo que las acciones que realice el Comité Cívico escapa de sus competencias.
Por su lado, el alcalde de Carapari, Ermas Pérez, reaccionó con sorpresa ante este Decreto y no quiso adelantar mayores criterios, aunque afirmó que todas las actividades son normales en su municipio.
“Nadie tiene que acatar, bloquear nada porque el pueblo no ha ordenado eso. Las instituciones no somos sometidas a Santa Cruz, no somos sometidos a Tarija nosotros tenemos nuestra jurisdicción municipal”.
La norma
El decreto supremo establece sanciones económicas y legales para las prefecturas y los municipios que inciten a la provocación de daños y perjuicios a las actividades hidrocarburíferas.
La nueva norma dispone, además, que los gastos que demanden la reparación y puesta en funcionamiento de las instalaciones afectadas, así como los recursos que el Estado deje de percibir, serán cubiertos con el dinero que deben recibir las prefecturas y los municipios supuestamente transgresores.