La Prensa
El Ministro de Gobierno dice que el Ejecutivo no ordenó disparar a nadie
2007: en «noviembre negro», en el sector de La Calancha, en Sucre, uniformados auxiliaron a víctimas
El fiscal General de la Nación, Mario Uribe, acusó ayer al ministro de Gobierno, Alfredo Rada; al ex comandante de la Policía Miguel Vásquez Viscarra y a otros dos ex jefes de la institución del orden, por genocidio y resoluciones contrarias a la ley, supuestamente cometidos en noviembre de 2007, cuando murieron tres personas en Sucre.
El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia tramitar la autorización congresal para abrir juicio de responsabilidades contra Rada y Vásquez, además del general Jorge Espinoza Salinas, ex jefe de Operaciones Policiales, y del coronel José Galván Flores, ex comandante Departamental de Chuquisaca.
Los hechos objeto de la acusación están relacionados con la ola de disturbios registrados en la zona de La Calancha, en la ciudad de Sucre, en noviembre del anterior año, cuando manifestantes protestaban contra las resoluciones de la Asamblea Constituyente.
Desde el sábado 24 hasta el lunes 26 de noviembre de 2007, tres hombres murieron en Sucre durante las refriegas de grupos de jóvenes que intentaban impedir la reunión de los miembros de la Asamblea en el Liceo Militar de La Glorieta, después de que esa instancia decidiera excluir de sus debates la demanda de traslado de los poderes de La Paz a la capital.
Entonces fallecieron Gonzalo Durán (29) y José Luis Cardozo (19), ambos por proyectiles de arma de fuego.
Juan Carlos Serrudo, la tercera víctima, murió como consecuencia del impacto de una granada de gas lacrimógeno en el pecho.
Los dirigentes del Comité Interinstitucional de Sucre culparon a la Policía y al Gobierno por esos decesos.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo acusó a «francotiradores civiles» por esas muertes y deslindó cualquier responsabilidad en los hechos.
Ayer, Uribe presentó el requerimiento acusatorio en contra de Rada y Vásquez.
En su requerimiento, que excluye al presidente Evo Morales, el Fiscal General acusa al ministro Rada por los delitos de genocidio, en su forma de masacre sangrienta, y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, ambos sancionados por el Código Penal.
También, informó ANF, solicitó el juzgamiento de Vásquez por los delitos de genocidio en su forma de masacre sangrienta; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y favorecimiento de la evasión.
Mientras que el coronel José Galván, ex comandante de la Policía de Chuquisaca, fue acusado por los mismos delitos por los que se imputa a Vásquez.
La acusación también pretende sancionar el abandono de las fuerzas policiales de Sucre, lo que provocó una fuga de reos del penal de San Roque.
Las oficinas y vehículos policiales fueron atacados y quemados por ciudadanos, situación que llevó a los agentes a dejar temporalmente la capital de la República.
Los canales de televisión mostraron entonces a varios uniformados que ayudaban a los reos a escapar de la cárcel; sin embargo, los uniformados argumentaron que hubo un incendio, lo que obligó a evacuar los ambientes.
«El Comité Interinstitucional es el verdadero responsable»
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, afirmó ayer que la acusación en contra suya, por las muertes en Sucre (2007), y de tres ex jefes policiales es política, tiende a dañar al Gobierno y proviene de un fiscal (Mario Uribe) parcializado que no tomó en cuenta que las investigaciones fueron efectuadas por autoridades sucrenses, quienes apoyaron las movilizaciones de noviembre.
«Ninguna autoridad del Gobierno o de la Policía ordenó el uso de armamento letal en los sucesos de La Glorieta (donde sesionaba la Asamblea Constituyente)», dijo Rada, y acusó al «denominado Comité Interinstitucional (compuesto por el presidente del Concejo Municipal de Sucre, Fidel Herrera; la alcaldesa Aydeé Nava y el cívico John Cava)» de ser el verdadero responsable de las agresiones «racistas y regionalistas» en contra de los asambleístas.
Según Rada, Uribe actúa políticamente para afectar al Ejecutivo días antes de la celebración del referéndum revocatorio. Similar actitud tuvo contra la titular de Justicia, Célima Torrico, y contra la ex ministra de Gobierno Alicia Muñoz, a quienes acusó por los sucesos de enero de 2007 cuando la Prefectura cochabambina fue incendiada y hubo tres muertos tras enfrentamientos entre campesinos afines al MAS y simpatizantes del prefecto Manfred Reyes Villa.
«Es un ataque judicial al Gobierno», añadió el Ministro, y expresó su temor a que Uribe busque, con su acusación, crear un clima de conflicto antes de la llegada del Presidente a Sucre.
El Ministerio Público busca ampliar el caso
El fiscal encargado de la investigación de los sucesos de noviembre de 2007 en Sucre, Orlando Riveros, dijo a ANF que en una primera etapa se ha establecido responsabilidades contra el Ministro de Gobierno y tres ex jefes policiales, pero que en una segunda fase el número de imputados puede ser ampliado.
Tras conocer la proposición acusatoria de la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia estará habilitada para solicitar al Parlamento Nacional, previa aprobación de sus miembros, la autorización para iniciar un juicio de responsabilidades contra Alfredo Rada, en su condición de ministro de Estado.
Si el Congreso da vía libre al procesamiento, la Corte procederá a iniciar el juicio en sí.
Los fallecidos
24 de noviembre de 2007
Durante las protestas organizadas por los universitarios de Sucre, contra la sesión de la Asamblea Constituyente en el recinto militar de La Glorieta, muere en la zona de La Calancha el abogado Gonzalo Durán, a causa de un disparo de arma de fuego que le perforó el pulmón derecho. El peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses demostró que el calibre de la bala es de 5,56 milímetros.
25 de noviembre de 2007
En la tercera jornada de protestas en la capital de la República muere Juan Carlos Serrudo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno en el pecho.
26 de noviembre de 2007
En el Hospital Santa Bárbara de Sucre fallece José Luis Cardozo, quien había sido internado dos días antes con una bala en la cabeza. Cardozo recibió el disparo cuando participaba en las protestas contra la sesión del foro en La Glorieta.
Peritaje
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), según informó Correo del Sur el 2 de enero de 2008, determinó que las balas que mataron a dos manifestantes en Sucre corresponden a un arma automática o semiautomática de calibre 5,56 milímetros.
Antecedentes y acusaciones
Entre el 24 y el 26 de noviembre de 2007, tres personas murieron en la capital.
Los cívicos acusaron al Gobierno, pero éste respondió que no ordenó usar armas.
El Ejecutivo ve una investigación política y la Fiscalía pide a la Suprema iniciar un juicio.