Gobierno culpa a Costas por el lío y anuncia juicio

Gobierno acusa a diputado que participó en conflictos de ser narcotraficante. Unionistas no permitirán arribo de ministros.

Pugna. El ministro San Miguel relacionó el paro cívico en cinco regiones con el golpe de Estado que dio Banzer en 1971. El Poder Ejecutivo toma sus previsiones para evitar tomas de entidades públicas

EL DEBER



Respaldo. El prefecto cruceño saluda a la gente que fue a la concentración. Estaba acompañado de Marinkovic

Aideé Rojas C. | [email protected]eldeber.com.bo

Ejecutivo ordena la custodia de instituciones durante paro cívico

El Gobierno nacional responsabilizó ayer al prefecto cruceño, Rubén Costas, y al líder cívico, Branko Marinkovic, de liderar la refriega entre los minusválidos y efectivos policiales, y amenaza con un juicio a las dos autoridades cruceñas por intento de toma de las instalaciones del Comando Departamental de la Policía.

Sin embargo, esas declaraciones fueron minimizadas por el secretario de Justicia de la Prefectura de Santa Cruz, Vladimir Peña, y por el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, quienes consideraron que las autoridades gubernamentales lanzan esas amenazas con la intención de atemorizar a sus opositores.

Un día después de que el prefecto cruceño desconociera el mando policial en Santa Cruz y responsabilizara al presidente, Evo Morales, por la represión a los discapacitados, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró que la querella también será para enjuiciar a miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y diputados de Podemos que estuvieron en los enfrentamientos.

Frente a esa advertencia, el secretario de Justicia, Vladimir Peña, aclaró que el prefecto Costas no lideró la protesta ni intentó tomar el control del Comando policial, sino que llegó hasta ese lugar para pedir el cese de hostilidades entre los policías y los ciudadanos que salieron a las calles en repudio a la gasificación que sufrieron las personas con discapacidad. «No hay que temer a las declaraciones desesperadas del ministro Rada», recomendó el funcionario prefectural.

En el programa de radio Patria Nueva, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, relacionó el paro que decretó el Consejo Nacional Democrático (Conalde) en rechazo a la confiscación de los recursos que reciben las regiones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con el golpe de Estado que lideró Hugo Banzer Suárez, el 19 de agosto de 1971. San Miguel dijo, que no es casual que mañana, cuando se recuerda 37 años del golpe militar de Banzer, los cívicos anuncien un paro de actividades. «Hagarrarse nada menos que de los minusválidos, de su legítima demanda para intentar semejante movilización, que quiera asestar un golpe al pueblo boliviano», manifestó San Miguel. Rada informó de que el Poder Ejecutivo tomará sus previsiones para evitar que mañana, día en el que Santa Cruz paralizará sus actividades por 24 horas en demanda de los recursos del IDH, las instituciones públicas sean tomadas por los protestantes.

Las declaraciones que hizo el ministro San Miguel, fueron rechazadas por el cívico Gutiérrez, que pidió a las autoridades nacionales no confundir las demandas cívicas con movimientos golpistas para derrocar a gobiernos de turno.

«Hay que tener deficiencia mental para comparar un movimiento cívico con un golpe de Estado. No somos derrocadores de gobierno ni dictadores», dijo Gutiérrez, en alusión a la comparación que hizo el ministro de Defensa a través del programa radial.

En esa mima línea, el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, David Sejas, aclaró que el movimiento cívico y las medidas que determina sólo buscan la recuperación de los recursos del IDH, respeto a las autonomías departamentales y no así el poder central, como tratan de hacer ver los ministros del gobierno de Evo Morales.

Rada investigará al diputado Áñez

«El señor Áñez, (diputado suplente de Podemos) golpeó a policías, ese delincuente, que tiene antecedentes por narcotráfico, tendrá que responder», ésa fue la advertencia que hizo el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, que criticó al diputado suplente de Podemos Wilfredo Áñez por golpear a efectivos policiales en la refriega entre los discapacitados con la Policía, el pasado viernes. También el ministro Rada, dijo que el diputado cruceño tiene antecedentes policiales y aseguró que el proceso judicial también será contra los diputados que, según él, estaban liderando a los minusválidos que llegaron hasta las instalaciones del Comando Departamental de la Policía.

Por su parte, Áñez dijo que actuó en defensa propia, porque fue agredido por los policías y aseguró que no tienen ningún vínculo con personas que se dedican al narcotráfico. «Yo no soy miembro de ningún sindicato cocalero, como lo es el señor Morales», manifestó Áñez, mientras que su colega parlamentaria Kathia Romero desafió al poder central con iniciar un proceso judicial por apoyar a la demanda que hacen los discapacitados. La legisladora recordó que trabaja con ese sector desde 2006 y respalda la petición que hacen al Gobierno para acceder a un bono anual.

Los unionistas evitarán arribo de ministros

De acuerdo con el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), David Sejas, esa organización evitará la llegada a suelo cruceño de ministros de Estado y de autoridades gubernamentales.

«Que el pueblo cruceño esté seguro de que nosotros evitaremos la llegada de los ministro a Santa Cruz, porque no son bienvenidos a este departamento», dijo el dirigente y explicó que esa institución dará fiel cumplimiento al mandato que dio el Consejo Nacional Democrático (Conalde), en el que declara personas no gratas a los ministros; al presidente, Evo Morales, y del vicepresidente, Álvaro García Linera.

Si bien el dirigente unionista no quiso detallar el plan para evitar el arribo de las autoridades, dijo que en la Unión ya hay una instructiva para acatar fielmente las determinaciones y resoluciones que apruebe el directorio del Comité pro Santa Cruz en defensa de las regalías departamentales, de los recursos del IDH y del respeto al sistema autonómico.

Esa organización tiene un promedio de 5.000 miembros, que están distribuidos en los barrios y distritos, además de las 15 provincias cruceñas.