Hay pérdidas de Bs 2,2 millones en peaje por bloqueos.
La reacción del Gobierno es nula, ninguna comisión se ha trasladado hasta el lugar para intentar negociar una salida al conflicto.
Presión. Se radicalizan las protestas en el Chaco. Los negocios cerraron en Yacuiba
El Deber
Gustavo Ondarza | [email protected]
Perjuicio. Cientos de camiones cargados esperan en Salvador Mazza, en el lado argentino. El bloqueo lleva ocho días
La vía del tren entre Yacuiba y Santa Cruz fue bloqueada ayer a la altura del ingreso a San José de Pocitos, en el límite fronterizo con Argentina. Lo hicieron personas que siguen el lineamiento de los cívicos que mantienen cortada la carretera entre dichos puntos desde hace nueve días, que reclaman al Gobierno la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
De forma simultánea, la dirigencia cívica de Caraparí se sumó al bloqueo e interrumpió la ruta de acceso al megacampo hidrocarburífero de San Alberto, operado por Petrobras, en rechazo al Decreto Supremo 29691, con el que el Gobierno convocó el referéndum dirimidor sobre el proyecto de Constitución del MAS y la elección de subprefectos y consejeros departamentales, además de la de prefectos de Cochabamba y La Paz.
El megacampo San Alberto es uno de los principales productores de gas en el país y le permite a la segunda sección de la provincia Gran Chaco, de Tarija, percibir recursos de regalías, constituyéndose en el municipio que recibe más dinero en Bolivia.
Asimismo, parte de la población fronteriza de Yacuiba cumplió con la instructiva del paro cívico movilizado. El comercio que se ubica en el centro de la ciudad cerró sus puertas, al igual que la mayoría de los restaurantes. No así los mercados populares o ferias de ropas ni los puestos de los gremiales de Pocitos; el transporte público sigue operando, pese a las barricadas que se han levantado en algunas calles y a las brigadas de control de organizaciones juveniles que en horas de la mañana amenazaban con pinchar las gomas de los vehículos que no acaten la convocatoria del paro.
En cuanto al bloqueo de las vías, se mantienen los cuatro puntos de corte: uno en el puente internacional, dos en Campo Pajoso y otro en Caiza. Similar situación se vivió en Villa Montes, Macharetí, Boyuibe, Camiri y Abapó.
Pese a todo, la reacción del Gobierno es nula, pues ninguna comisión oficial se ha trasladado hasta el lugar o ha comunicado su intención de hacerlo para intentar negociar una salida al conflicto.
Sólo se pronuncian a través de los medios de comunicación, como el domingo, cuando el ministro de Hacienda, Luis Arce, y el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, hablaron del tema con periodistas de la región a través de una teleconferencia desde La Paz.
Ambos representantes del Ejecutivo coincidieron en afirmar que la demanda de los chaqueños no tiene razón de ser porque el recorte del IDH se lo hace por una ley, ya que sirve para pagar la renta Dignidad a las personas de la tercera edad.
YPFB y cívicos se acusan por escasez
Mientras el Comité Cívico de Tarija deslindó responsabilidades por la falta de carburantes que afecta a la capital tarijeña, el asesor jurídico de la Superintendencia de Hidrocarburos, Leonardo Chiquie, atribuyó el desabastecimiento al bloqueo de rutas convocado por el Consejo Nacional Democrático (Conalde).
«A Tarija todos estos días no ha llegado absolutamente nada de combustible debido a los bloqueos», señaló Chiquie, que lamentó que los cívicos de Yacuiba y Villa Montes continúen con su medida, que sólo perjudica a su departamento.
De acuerdo con el representante de la Súper de Hidrocarburos, lo poco del combustible que actualmente es distribuido en Tarija corresponde a los volúmenes de reserva que quedaron en las plantas de almacenaje, que cada día tiende a agotarse.
Por su lado, la vicepresidenta cívica de Tarija, Patricia Galarza, acusó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la falta de carburantes en el departamento. En su criterio, la actual situación es producto de una táctica del Gobierno para desbaratar las movilizaciones que, hace una semana, iniciaron los sectores sociales que reclaman la reposición de los recursos correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que son utilizados por el Ejecutivo para pagar la renga Dignidad.
Según Galarza, en la planta de El Portillo existe un depósito de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por tanto considera que el Gobierno está ocultando el hidrocarburo.
Sin embargo, el gerente de YPFB en Tarija, Freddy Alarcón, desmintió la versión. Afirmó que no cuentan con reservas de carburantes en las instalaciones de la empresa.
Situaciones
– Solidaridad. El presidente del comité de huelga de Yacuiba, José Baldivieso, señaló ayer que tienen la percepción de que la lucha para recuperar el IDH no está siendo acompañada por otros actores, como la dirigencia cívica y Prefectura de Beni, Chuquisaca, Pando, Tarija y, principalmente, Santa Cruz, de quienes esperan más respaldo a la medida.
– Movilización. La dirigente campesina de Yacuiba, Hermelinda Fernández, dijo que ahora es cuando los representantes del sector están tomando conciencia de lo que significa perder las regalías que percibe el departamento de Tarija, porque están comenzando a sentir los efectos negativos en la economía.
– Crisis. En el Chaco es evidente la falta de carburantes a causa del bloqueo de caminos, sobre todo porque se optó por evitar el expendio de gasolina y diésel ante la creciente demanda, lo cual genera desabastecimiento. El problema no es sólo en el Chaco y Tarija, sino también en Bermejo, donde la falta de carburantes es notoria al existir un desabastecimiento en las estaciones de servicio.
En la jornada
Reclamos
Dan ultimátum al Conalde
Después de más de cinco horas de reunión en Macharetí, los dirigentes cívicos de las provincias chaqueñas de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija dieron un ultimátum al Conalde, cuya actuación no convence a los dirigentes chaqueños. Aducen que los chaqueños están en huelga, mientras que en la capital oriental se realizan todos los preparativos para el éxito de la Expocruz 2008.
Fundación Unir
Aumentaron los conflictos
Según un reporte de la Fundación UNIR, la cantidad de conflictos aumentó de 23,2 a 24 por mes, con relación a los primeros semestres de 2007 y 2008. La gravedad subió de un promedio de 1,9 a 2,1 en una escala en que 5 representa crisis de gobernabilidad. Éstas son algunas de las conclusiones del Segundo Informe de la Conflictividad Social en Bolivia de la Fundación UNIR.
Efectos
Gobierno acusa a subprefecto
El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, denunció ayer que José Antonio Reinoso, hermano del subprefecto, Adolfo Reinoso, de Yacuiba (Tarija), y otros funcionarios de esta administración lideran a un grupo de unionistas y de sicarios para concretar las movilizaciones en la región del Chaco boliviano. Sin embargo, no mostró pruebas de la acusación.
Convocatoria
Tarija elegirá asambleístas
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, aprobó ayer la primera ley departamental en la que convoca elecciones, para el 30 de noviembre, de los 29 diputados del parlamento regional, de los cuales 12 serán escogidos por territorio, 14 por población y tres en representación de los pueblos indígenas. La elección está prevista en los artículos 67, 68 y 69 del Estatuto Autonómico, aprobados el pasado 29 de junio.
IDH
Procesarán a los prefectos
El Gobierno reiteró que los prefectos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija serán procesados por malversar recursos del Estado en la realización de consultas para aprobar sus estatutos autonómicos.»Las personas que han utilizado dineros públicos de los bolivianos, del IDH, sin permiso del Congreso, tienen que responder de sus actos», dijo el vicepresidente, Álvaro García Linera.
HAY PÉRDIDAS DE BS 2,2 MILLONES POR BLOQUEOS
Peaje. Vías Bolivia dijo que sufre los efectos de más de 16 días de protesta
Carla Paz V. | [email protected]
Manifestación. Las personas con discapacidad suspendieron ayer la toma de trancas; los cívicos siguen con la medida
La toma de trancas en las carreteras al norte y sur de Santa Cruz, así como los bloqueos en la ruta a Yacuiba, han provocado pérdidas económicas estimadas en Bs 2,2 millones a la empresa de cobro de peajes Vías Bolivia, desde el 16 de agosto a la fecha. A la demanda de un bono por parte de las personas con discapacidad se sumó la protesta de los cívicos por la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Sergio Albornoz, gerente regional de Vías Bolivia, indicó que fueron tomados unos 23 retenes, todos en Santa Cruz.
Entre los más importantes, tomando en cuenta el flujo de motorizados, están: en el norte el Km 17 y Puesto Méndez, en la ruta al sur toda la carretera está bloqueada y hacia los valles cruceños están las trancas del Km 22 y La Angostura, mientras que al este se encuentran Guapilo, puente Paila y Concepción.
De los Bs 2,2 millones que se dejaron de recaudar, el 17% (Bs 374.000) le correspondía a Vías Bolivia. El 55% (Bs 1,2 millones) restante era para la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el 25 % (Bs 542.000) para la Prefectura de Santa Cruz.
Ramiro Heredia, gerente nacional de Conservación Vial de la ABC, precisó que al margen de la caída en las recaudaciones, lo que más les preocupa es que el tráfico se desvíe, no se controle el estado de los vehículos (lo que puede ocasionar accidentes) y que los promontorios afecten la berma porque humedecen el asfalto.
Pese a las protestas, la ABC continúa con los trabajos de mantenimiento vial, según Heredia.
Luis Alberto Castro, director del Servicio Prefectural de Caminos de Santa Cruz, precisó que lo importante es ‘ver el bosque y no el árbol’. «Nosotros recibimos un pobre porcentaje de las recaudaciones para nuestro mantenimiento vial, pero la autonomía nos permitirá recaudar más, transparentar la administración y ponernos a llorar por Bs 500.000 no nos interesa, «porque se debe analizar si peleamos por un plato de lenteja o por manejar de una vez la cocina», dijo Castro.
Afirmó que si parte de las medidas de presión es la toma las trancas, lo hacen como cruceños ante todo.
Ramiro Monje, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, señaló que están afectados por el bloqueo en la carretera a Yacuiba y las pérdidas se calculan hasta la fecha en $us 2 millones.
Asimismo, agregó que el sector exportador está aún más afectado por todas las medidas que ha llevado adelante el Gobierno y que provocaron pérdidas por más de $us 150 millones.
Monje sostuvo que están apoyando la medida de presión por la recuperación del IDH y esperan que el Gobierno posibilite el diálogo que permita el desarrollo productivo.
Gobierno retomó control de 25 retenes
Vías Bolivia, empresa estatal encargada del cobro de peajes, tomó el control de 25 retenes en La Paz y Oruro. Así recobró el 100% de las 125 trancas de peaje del país, la última recuperación se cumplió ayer en el puesto de la autopista La Paz-El Alto.
«El reto y el compromiso que asumimos es para mejorar el servicio», puntualizó el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, al señalar que este mandato es una premisa.
En la década pasada, el cobro de peaje fue dado en concesión a administradores privados con la finalidad de mejorar la recaudación, que el Servicio Nacional de Caminos no lograba, además, había hechos de corrupción que se identificaron en las trancas de cobro, de acuerdo con informes de la época.
En la actualidad, Vías Bolivia controla 38 trancas en Santa Cruz, 22 en La Paz y Oruro, 16 en Cochabamba, 12 en Potosí, 11 en Chuquisaca, 10 en Beni, 9 en Tarija y 4 en Pando, de acuerdo con el detalle oficial.
El mantenimiento de las carreteras es el objetivo principal del peaje, aseguraron en el Gobierno al señalar que la administración pública de las recaudaciones redundará en mayor beneficio para el mejoramiento de las vías.
El ejecutivo de la entidad, Álvaro Ríos, se comprometió a ejecutar una administración transparente y eficiente para demostrar una cara diferente del Estado. /ANF