Con el argumento de que aún no existen las condiciones necesarias de seguridad, el Gobierno impidió hasta ayer el arribo a Cobija de una misión de ayuda humanitaria y de los medios de comunicación, excepto el oficialista canal 7 y radio Erbol.
La Razón
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«Porque es una zona militar y en esa zona todavía siguen habiendo bandas armadas de narcotraficantes y de la gente de la Prefectura», justificó anoche el vicepresidente Álvaro García Linera cuando fue consultado sobre esta restricción, que para la oposición oculta la intención de que la opinión pública no conozca versiones imparciales sobre lo que ocurre en esa región.
El sábado, el Gobierno se había comprometido a trasladar hasta Pando a una misión humanitaria conformada por la Cruz Roja Boliviana, la Unión Europea, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal y el Defensor del Pueblo, pero finalmente dejó a los miembros de estas instituciones con las maletas preparadas para el viaje, que nunca se realizó.
El presidente de la Cruz Roja, Abel Peña y Lillo, explicó ayer a La Razón que las gestiones fueron realizadas con el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti. «Nos dijeron que nos llamarían para el viaje y esperamos hasta las 11.00 de la noche, pero no se contactaron con ninguno (de los representantes de los organismos) y entonces decidimos abortar. Yo llamé personalmente al teléfono que me dio el viceministro y nunca contestó».
Dijo que incluso habían preparado 850 kilos de insumos médicos y sanitarios para socorrer a las víctimas de la violencia en Pando. «El asunto es que no tuvimos la cooperación suficiente o no hubo cumplimiento de acuerdos en el Gobierno», lamentó el representante de la Cruz Roja.
No obstante, dijo que las autoridades del Gobierno se contactaron con los miembros de la misión ayer para ofrecerles su traslado en el mismo día, lo que no se pudo concretar debido a problemas operativos. «Seguramente viajaremos este lunes».
Al igual que con la misión humanitaria, el Gobierno negó a los periodistas una autorización para llegar a Cobija. El sábado, un grupo de medios organizó un vuelo chárter a Cobija y cuando todo estaba listo para el viaje, el Gobierno ofreció trasladarlos conjuntamente una tropa militar.
Los periodistas de La Razón, ATB, PAT y uno independiente aceptaron la invitación y llegaron a Cobija al final de la tarde, pero los militares les impidieron abandonar el aeropuerto arguyendo motivos de seguridad.
Con el argumento de que se había declarado alerta roja y que los militares no podían garantizar la seguridad de nadie, un oficial les ordenó abandonar la ciudad y los condujo hasta una aeronave que los trajo de regreso a La Paz. Sin embargo, se quedaron en esa ciudad los periodistas del gubernamental canal 7 y de la radio Erbol, discriminación sobre la que el Gobierno y las FFAA no dieron explicaciones.
Este domingo, ante la negativa del Gobierno para autorizar el arribo de un vuelo chárter al aeropuerto de Cobija, una decena de periodistas de diferentes medios privados de comunicación partió rumbo a Brasil para ingresar desde ese territorio a Cobija.
Las restricciones que aplicó el Gobierno fueron interpretadas por la oposición como parte de una estrategia para direccionar la información que se conoce sobre los incidentes en Pando. «El Gobierno, con todo su aparato, está limpiando las pruebas», dijo el señador Roger Pinto (Podemos).
La ANP condena la censura
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenó ayer la censura que el Ejército impuso contra los medios independientes que quisieron informar sobre lo que ocurre en Cobija. En un comunicado, la ANP «expresa su más enérgica protesta por la censura impuesta por el Ejército, en Cobija, a periodistas de medios independientes que se trasladaron hasta ese lugar para cubrir e investigar los sangrientos acontecimientos registrados en Pando en los últimos días». La ANP señala que ese «atentado a la libertad de prensa y expresión» significa también transgredir la Constitución Política, que garantiza esos derechos. «Esta actitud hace suponer, razonablemente, que los militares pretenden ocultar de la prensa independiente alguna actividad que no quieren que sea divulgada», señala el comunicado. Advierte, además, que esta forma de censura «es la primera que se registra en el país desde el restablecimiento de la democracia» y que fue cometida por una institución responsable de hacer cumplir la Constitución.
Piden el envío de una misión
Oficialistas y opositores exigieron ayer que una misión humanitaria se constituya lo más pronto posible en Cobija y el Gobierno aseguró que esto ocurrirá una vez que se pueda garantizar su seguridad en el lugar. «Hemos pedido que vengan periodistas de la prensa nacional e internacional y las misiones que sean necesarias para ver lo que ha pasado aquí, les daremos la cooperación que necesiten», declaró el asambleísta del MAS Beimar Becerra. Hizo el mismo pedido el jefe de Podemos, Jorge Quiroga, tras advertir el riesgo de que el paso del tiempo permita al Gobierno consolidar una versión parcial de los hechos ocurridos en Pando. «Los bolivianos quieren saber la verdad. El ministro (Juan Ramón) Quintana está borrando las pruebas», dijo al respecto el senador Roger Pinto (Podemos). El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, anunció que la misión partirá cuando haya seguridad. «Una vez que podamos garantizar su seguridad en ese lugar, esta misión va a salir, y va a salir lo más antes posible», dijo.