El país está ahora en la perspectiva de tener que pagar alrededor de 3.000 millones de dólares a diferentes empresas cuyos intereses fueron afectados en el proceso de nacionalización.
La empresa italiana que estuvo administrando Entel desde la capitalización, no aceptó dar la tregua que el Gobierno nacional había solicitado para comenzar el tratamiento del tema en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relacionadas con las Inversiones, CIADI.
Lo que ha ocurrido hasta el momento en este caso es que la empresa ETI ha ido avanzando en sus exigencias. Comenzó por pedir una indemnización por el patrimonio y sus inversiones, para luego plantear una compensación por sus acciones.
Un excelente abogado chileno representa a la italiana, mientras que de parte del Ejecutivo boliviano solamente ha surgido un pedido de espera por 45 días.
Es probable que el pedido de la representación boliviana tenga que ver con el hecho de que la oficina que existe para este propósito, y que ha sido habilitada por el actual Gobierno, esté sobrecargada de trabajo. En efecto, son varias las empresas extranjeras que han anunciado demandas al Ejecutivo boliviano después de haber sido perjudicadas por las nacionalizaciones.
Algunas de esas empresas han logrado acuerdos inteligentes, con compensaciones que incluso se dieron en otras áreas. Es el caso de la Glencore, cuyos intereses mineros fueron afectados, pero que terminó beneficiándose con contratos para la compra de petróleo reconstituido en Arica.
Por las informaciones periodísticas, se sabe que el país está ahora en la perspectiva de tener que pagar alrededor de 3.000 millones de dólares a diferentes empresas cuyos intereses fueron afectados en el proceso de nacionalización.
Quizá convenga ahora que el Gobierno nacional dote a la oficina especial de más profesionales y mejor capacitados que los actuales para que no se vuelvan a presentar pedidos angustiosos de treguas, como se ha visto en esta ocasión.