Gobierno trae de Cobija a 37 de sus testigos.
El gobierno inicia persecución contra activistas cívicos de Chuquisaca y Tarija.
LA RAZÓN
DENUNCIA • Antonio Rivero recibió un balazo el viernes 12, a las 18.30, en la terminal aérea de Cobija y según sus hermanos, 8 horas más tarde, recibió otro. Lo llevaron a la morgue el sábado.
Atemorizan a la población con disparos al aire. Militares en Cobija, Pando,
La familia del pastor Antonio «Toni» Rivero (50), el civil que recibió un impacto de bala el viernes 12 de septiembre, durante el operativo militar para retomar el aeropuerto de Cobija (Pando), denunció que el religioso fue asesinado por las FFAA y que estuvo desaparecido durante 17 horas. Su cuerpo, sin vida, llegó al hospital un día después del hecho.
Dos hermanos de Rivero declararon ayer a la Red ATB que su deceso fue un asesinato y que su cuerpo estuvo desaparecido durante 17 horas, entre las 18.30 del viernes y las 11.30 del sábado.
«Hay un balazo que se le da a las 18.30 (en el operativo) y, con posterioridad, según el informe de los médicos en Guayaramerín (Beni), el segundo balazo es de ocho horas (después), e inclusive mi hermano siguió con vida unas cuatro horas después (…) Nuestro hermano fue rematado con un segundo impacto de bala», afirmó Miguel Ángel Rivero.
El pastor estaba presente el viernes, junto al grupo de cívicos que, provistos con armas de fuego, protestaba en la terminal aérea por la presencia militar en Cobija.
Rivero recibió un impacto de bala cerca de las 18.30 y las imágenes difundidas por los canales de Tv mostraron a un jefe del Ejército que, desesperado, pedía una ambulancia (la gente que intentó socorrerlo decía «está muerto», pero no le tomó los signos vitales).
Pero, según el periodista de Radio Fides Pando, Juan Carlos Paredes, la ambulancia «sacó a los dos soldados (al que murió y al que resultó herido) y los militares no entregaron al pastor (para que reciba auxilio médico); lo escondieron en la misma terminal». Agregó que «solamente lo devolvieron al día siguiente a las 11.30, pero ya muerto». Dijo que un fiscal y un miembro de la Cruz Roja retiraron el cadáver del aeropuerto.
Otro de los hermanos de la víctima, Tomás Rivero, indicó que el cuerpo les fue entregado «bañadito, cambiadito (…), con las heridas selladas para que no se note (el segundo disparo).
Paredes vio al pastor en la morgue, una vez que lo recogieron y notó que «su cuerpo no estaba duro, sino blando». Por ello, presume que murió el sábado y no el viernes. «Tenía un orifico (de bala) cerca de los testículos y en el lado izquierdo del ombligo», dijo.
Un funcionario del Hospital Roberto Galindo de Cobija indicó a La Razón que el soldado que murió el viernes ingresó al nosocomio ese mismo día, a las 19.00, mientras que Rivero fue llevado el sábado por la mañana directamente a la morgue.
De hecho, la nómina de muertos de los hechos de sangre en Pando, elaborada por el Ministerio de Salud, señala que el deceso de Toni Rivero se registró el 13 de septiembre en el aeropuerto, un día después de la toma.
ATB reportó que la familia Rivero pidió una investigación exhaustiva para hallar a los responsables. En los hechos de violencia registrados en Cobija el viernes también falleció el marinero Ramiro Tiñini, con un impacto de bala en la espalda.
«El segundo balazo es de ocho horas (después), e inclusive mi hermano siguió con vida cuatro horas más».
Miguel Ángel Rivero, hermano del religioso.
LOS HECHOS
Lugar • El pastor «Toni» Rivero estuvo junto a los cívicos en el aeropuerto de Cobija cuando las Fuerzas Armadas realizaron un operativo para recobrar el control de esos predios.
Resistencia • Cívicos y militares, ambos armados, se enfrentaron. Además de Rivero, el intercambio de disparos mató a un soldado e hirió a cuatro personas, incluida una periodista.
Caída • Las imágenes difundidas por los medios muestran cuando Rivero cae al suelo, además del momento en que un jefe militar pide la presencia de una ambulancia en el lugar.
Responsables • Según el Gobierno, las dos muertes de ese día fueron producto del choque entre cívicos y militares. La familia de Rivero acusa a éstos últimos de su muerte.
Auxilio • Según un medio local, Rivero no fue socorrido por los militares en la ambulancia, sino que lo habrían entregado muerto un día después. Su familia dice que fue asesinado por un segundo disparo.
LAS AUTORIDADES TRAEN A LA PAZ A 37 PERSONAS DESDE COBIJA
Los ministerios de la Presidencia y de Defensa comunicaron ayer que este miércoles fueron trasladadas de Cobija (Pando) a La Paz 37 ciudadanos, algunos de los que vienen a declarar sobre la masacre del 11 de septiembre en Porvenir, y otros son heridos.
Miguel Becerra, viene a declarar
Luis Flores Robert
Heath Flores, alcalde de Cobija
Richard Flores, hermano del Alcalde
Favio Alba
Juan Carlos Castro, comunicación
Carmen González
Cerami Becerra, hija de «Chiquitín»
Lorgio Bate
Víctor Bejarano
Sergio Ordóñez, herido
Maribel Dumail
Willma Hurtado
Gufir Racua
Juan de la Cruz, herido
Antonio Mihufa, viene a declarar
Yurden Cartagena
Paul Canamari, viene a declarar
Dilner Moya, viene a declarar
Abigaíl Idagua
Luis Cuéllar Sánchez, herido
Rosalid Torres
Cristian Zuleta Sánchez
Roberto Fernández
Héctor Ordóñez
Roxana Suárez, viene a declarar
Lorenzo Bate, viene a declarar
Luis Prieto, viene a declarar
Lorgio Vaca
Paul Canamai
José Chimay, herido
María Flores Vélez
Sara Rosa Saavedra (niña)
Élber Saavedra Alpis (niño)
María Antonia Saavedra (niña)
Andrés Saavedra Alpis (niño)
Luz Saavedra Alpis (niña)
LA PRENSA
La Fiscalía ya imputó a un activista en Chuquisaca y se alistan acciones en Tarija
GOBIERNO ANUNCIA JUICIOS CONTRA CABECILLAS DE TOMA DE ENTIDADES
El Gobierno anunció que se procesará a las personas que encabezaron el saqueo, quema y toma de entidades estatales porque «no basta» la sola devolución de las instalaciones en Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca.
El portavoz presidencial, Iván Canelas, aseguró que esas personas tendrán que responder ante la justicia. «Hay que procesarlos, porque una cosa es ocupar en una demanda y otra saquear y eso no se puede hacer y la justicia debe actuar, sobre todo el Ministerio Público».
La primera señal fue la determinación de la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca, que imputó al activista Roberth Lenin Sandoval López por la toma de instituciones públicas en Sucre la semana pasada.
El martes, el representante del Viceministerio de Transparencia, Temer Medina, afirmó que en Tarija se procesará a los dirigentes cívicos Patricia Galarza y Reynaldo Bayard por instigación pública a delinquir, allanamiento y robo, entre otros cargos.
La toma de instituciones estatales comenzó el 3 de septiembre en Trinidad y a medida que el conflicto creció se expandió a los otras regiones. Según los datos conciliados por este medio, al menos 36 entidades de los cinco departamento fueron sitiadas o cerradas.
A eso se suma la irrupción en los aeropuertos del oriente, el control de tres plantas (Samaipata, Pocitos y Vuelta Grande) y los daños al gasoducto al Brasil (Gasyrg).
El objetivo del control de instituciones era declarar la autonomía de facto y designar a sus propias autoridades.
Los cívicos y las prefecturas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca asumieron esa medida para reforzar la protesta iniciada el 4 de agosto en demanda de la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) correspondiente a las prefecturas que el Gobierno destinó a la Renta de vejez Dignidad.
La red Bolivisión aseguró que existen al menos una veintena de personas identificadas para ser remitidas a la Fiscalía. Canelas dijo que aún no se puede precisar el número de involucrados e insistió en que el Ministerio Público está en eso.
La devolución de las oficinas tomadas por civiles fue una de las exigencias de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y también del Gobierno de Evo Morales para que se inicie el diálogo con las prefecturas en Bolivia.
El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, aseguró ayer que, en el contexto de los acercamientos, se habilitaron las operaciones en 16 aeropuertos que permanecían cerrados ante el temor de disturbios.
El cese de operaciones se produjo en Cobija, Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Puerto Suárez, Reyes, Tarija, San Matías, Yacuiba, Villamontes, Roboré, Concepción, Rurrenabaque, Santa Ana de Yacuma, San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco.
Las devoluciones
La delegada presidencial de Santa Cruz, Gabriela Montaño, informó que entre el miércoles y el jueves se recuperaron al menos siete instituciones estatales en esa capital, las cuales desde la última semana de agosto se encontraban en manos de grupos radicales afines al Comité Cívico y a la Prefectura cruceña.
Entre las que fueron devueltas están la Estación Bimodal, la Superintendencia de Hidrocarburos, la Superintendencia Forestal, la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), el Servicio de Impuestos Nacionales, Migración y la Representación Presidencial. Dijo que se ingresó a ellas en compañía de un notario de fe pública para anotar los daños.
Acerca del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la regional del Ministerio de Trabajo, indicó que el precinto fue retirado pero que los funcionarios de ambas entidades aún no han entrado porque previamente se precisa de un registro notarial del estado en el que las devolvieron.
En cambio, la Prefectura señaló que «no entregó ninguna entidad y que sólo las desprecintó» como señal de diálogo. En todo caso, gendarmes municipales custodian la puerta.
Según la Delegada, falta recuperar la Dirección de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), el Servicio de Sanidad Alimentaria (Senasag) y la región de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), porque aún se desconoce la suerte que corrieron las entidades en las provincias.
El Gobierno instruyó que cada entidad envíe al Ministerio de Hacienda un detalle de los perjuicios del mercado.
Otras regiones
En Pando se recuperaron las oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y del SIN. La presidenta de impuestos, Marlene Ardaya, dijo que esa oficina se encuentra prestando servicio al público.
Una de las entidades aún no devueltas en este departamento es el INRA, aunque, según el secretario general de la Prefectura, Juan de Dios Fernández, se espera que los daños sean menores porque fueron alertados por los sucesos en Santa Cruz.
Sin embargo, en esa región la situación se complica debido a que el prefecto Leopoldo Fernández nombró un director interino, del cual se espera que no haya realizado ninguna acción, porque sería ilegal.
La Aduana informó que, de sus 18 entidades tomadas en el país, sólo la de Guayaramerín (Beni) sigue ocupada.
En Beni, las oficinas de la ABC retornaron a manos del Estado el lunes y se calcula que los daños no van más allá del destrozo de puertas, vidrios y su documentos de poca relevancia.
El SIN también volvió al poder de los funcionarios estatales con leves daños en el mobiliario de la institución.
En Tarija, las oficinas de la ABC fueron recuperadas y se aguarda conocer el informe de los destrozos. Las dependencias del SIN de igual manera fueron devueltas por los jóvenes y cívicos que la ocuparon.
El martes, los cívicos cerraron con candados y cadenas las oficinas de Entel y del SIN en Chuquisaca, pero estas entidades ya retomaron sus actividades.
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Hubo pérdidas millonarias
Para la presidenta interina de Impuestos Nacionales, Marlene Ardaya, el daño sólo en las tres dependencias que fueron tomadas en Santa Cruz (Distrital, Grandes Contribuyentes y Gerencia de Hidrocarburos) es de 200.000 dólares, al margen del daño de la central que servía para levantar la señal para informática.
Respecto de Impuestos, Ardaya señaló que el gran daño se hizo a los contribuyentes, entre ellos los exportadores, que no podrán recibir sus certificados de devolución impositiva (Cedeim) porque se perdió la documentación que estaba en fase de revisión. Así por ejemplo, dijo, en Santa Cruz debía devolverse 66 millones de bolivianos, en Tarija 42.000, en Cobija 89.000 y en Beni 43.000 bolivianos, aunque subrayó que se trabajará con los empresarios en encontrar modos para acelerar la devolución de común acuerdo.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, no obstante, los destrozos en esta entidad en toda Bolivia se calculan en 800.000 bolivianos, luego de que el 12 de septiembre fuera incendiada.
La Aduana teme una pérdida económica de 763 millones de bolivianos por el bloqueo cívico fundamentalmente en la región del Chaco boliviano, cuyo monto corresponde a recaudaciones aduaneras, además del comercio exterior referido a la importación y exportación de productos.
El investigado
La Fiscalía imputó a Roberth Lenin Sandoval López por la toma de instituciones públicas.
Es acusado de atentar contra la seguridad de los servicios públicos e instigación a delinquir.
También se lo investigará por el delito de privar de la libertad de trabajo, entre otros.