El presidente Evo Morales ya lo había advertido. En Bolivia se produciría un golpe de Estado y así fue. Fue un golpe que utilizó las técnicas más ortodoxas diseñadas durante el auge de las dictaduras en las décadas de los años 60 y 70.
Como es de rigor, comprometió la movilización de efectivos militares que con gran eficacia tomaron los objetivos definidos con antelación: el aeropuerto y las oficinas de entidades estratégicas.
Los efectivos se desplegaron de igual forma por toda la ciudad para evitar una posible reacción de la población y con su imponente presencia y ostentación de armamento moderno, disuadían a algunos temerarios que pudieran intentar oposición alguna.
De igual forma se practicaron allanamientos en búsqueda de supuesto armamento que podrían haber almacenado los «subversivos » y siguiendo una antigua tradición se proporcionaba, de paso, una feroz pateadura a quienes cometían el error de estar en el lugar equivocado y a la hora equivocada.
Se dictó estado de sitio y la población debía mantenerse en sus domicilios si no querían ser víctimas de la furia de la tropa de restauradores del orden. Se ejerció un rígido control de los medios de comunicación y solo tenían derecho a informar los medios oficiales.
Se detuvo también a los opositores y apenas con la ropa en el cuerpo, se los envió de inmediato a la ciudad de La Paz para que respondan por sus actos y se entiendan personalmente con el «jefazo», bajo el asedio de las hordas masistas pagadas por el gobierno.
Se trató, en suma, de un golpe de estado como Dios manda, con todos los elementos necesarios y se ejecutó con una eficiencia que hubiera puesto verde de envidia a más de un dictador del pasado.
Pero en algo se equivocó el presidente Morales. El golpe no se dirigió contra su gobierno, ni contra el palacio Quemado ni tuvo por escenario la ciudad de La Paz. Se dirigió contra el prefecto de Pando, el objetivo fue la prefectura pandina y tuvo por escenario la ciudad de Cobija.
Otra cosa. El cerebro del golpe fue el propio presidente Evo Morales y el ejecutor, su ministro de la Presidencia , Juan Ramón Quintana.
Los tiempos cambian, los protagonistas también, pero los métodos se mantienen. ¿Se tratará de un aviso para que los otros prefectos pongan sus barbas en remojo?.