Dos diputadas demandarán al Gobierno.
Comisión del Senado visitó a los refugiados en Brasilea. Son alrededor de 1.300 los bolivianos que se hallan en ese lugar.
Abusos. Arturo Murillo presentará la querella, aunque teme no obtener resultados. La Comisión de Derechos Humanos inició una investigación y citará a la Policía, FFAA y Fiscalía a declarar sobre el caso.
El Deber
Visitas. Instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos realizaron inspecciones en el cuartel de Viacha
Marco Chuquimia. La Paz
El supuesto maltrato al que fueron sometidos al momento de su detención los 14 pandinos confinados en el regimiento Bolívar de Viacha (La Paz) será objeto de una investigación. Además, varios diputados anunciaron juicios contra los militares, que fueron los que realizaron los arrestos.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Víctor Márquez (MAS), admitió que «se constataron excesos a la hora de las detenciones» y por ello dijo que iniciarán una investigación, que comenzará con la convocatoria al Alto Mando Militar, a los jefes policiales y la Fiscalía de Cobija.
El diputado Arturo Murillo (UN) fue más allá y dijo que su propósito es ‘procesar a los jefes militares que incurrieron en maltratos los días 14 y 15 de septiembre’. Márquez añadió que designarán a ‘dos o tres diputados’ para que se trasladen a Pando para constatar los abusos que cometieron los militares y se recogerán los testimonios de los implicados.
Murillo se mostró pesimista sobre el resultado del juicio. Considera que el Gobierno ‘hizo tan bien las cosas’, que tres semanas después de la golpiza no se notan los hematomas, por lo que no se podrá realizar un examen forense para que se registren los abusos.
Su colega Sandra Yáñez (Podemos) dijo que la próxima sesión de Congreso debe tratar la declaratoria de estado de sitio, porque el Poder Legislativo debe validar la medida de excepción. Al ser consultado sobre estos extremos, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que encabezó el operativo en Pando, dijo desconocer los hechos y derivó la consulta a sus colegas de Defensa Walker San Miguel y de Gobierno Alfredo Rada.
Por su parte, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, en contacto telefónico con EL DEBER aclaró que la visita de la Comisión de Derechos Humanos fue la décima que recibieron los confinados. Antes habían ido el Defensor del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Cruz Roja y las Naciones Unidas. La Apdhb informó de que los confinados no se quejaron ante ellos por el trato recibido. Desestimó investigar el caso y dejó el tema a la comisión de Unasur. Por su parte, el Defensor del Pueblo pidió a la Fiscalía investigar las agresiones.
Los diputados que visitaron a los confinados afirmaron que no existe ninguna posibilidad de que la situación de incomunicados de los arrestados mejore, porque no existe ningún teléfono en esas instalaciones.
Los confinados no tienen contacto con sus familiares desde que fueron trasladados desde Cobija y temen por la seguridad de sus seres queridos.
DOS DIPUTADAS DEMANDARÁN AL GOBIERNO
La Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia demandará al Gobierno del MAS ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras instituciones internacionales por la violación a los derechos humanos y las libertades ciudadanas en Bolivia.
La diputadas de Podemos Katia Romero y Sandra Yánez Eid aseguraron que se confirmaron las denuncias sobre la violación de los derechos humanos de los ciudadanos pandinos. «Apelaremos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU porque acá el Gobierno ha secuestrado, torturado y vulnerado las libertades ciudadanas como si se tratara de una dictadura, por lo tanto, el Gobierno deberá explicar a la comunidad internacional por qué está vulnerando el derecho de los bolivianos», dijo Romero.
Añadió que se están recolectando todos los testimonios y pruebas de los confinados y aseguró que el decreto supremo de estado de sitio en Pando no da derecho al Gobierno para vulnerar las libertades constitucionales que gozan los ciudadanos en un Estado democrático./ANF
Otras Visitas recibidas por los confinados
17 de septiembre. Recibieron a la comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Alicia Londoño.
17 de septiembre y 1 de octubre. Llegaron al cuarto de Viacha los siguientes representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos: representante de la comisión de Salud, Germán Crespo; abogado de la institución, Andrés Iturralde; presidente Asamblea en Beni, Jorge Sueiro Fernández y el presidente de la Apdhb en Bolivia, Rolando Villena.
1 de octubre. Asistió el jefe adjunto de la delegación para Ecuador, Perú y Bolivia del Comité Internacional de la Cruz Roja, Nicolás von Arx.
17, 19 y 26 de septiembre y 1 de octubre . Fueron a Viacha los siguientes representantes del defensor del Pueblo: la delegada adjunta de Atención a la Ciudadanía, Reilma Mencías; la jefa adjunta, Gabriela Justiniano; el jefe nacional de Prevención y atención de conflictos, Gonzalo Párraga; la representante de la Defensoría en La Paz; Fátima Luna y el representante de Programas Especiales, Álvaro Nava.
COMISIÓN DEL SENADO VISITÓ A LOS REFUGIADOS EN BRASILEA
Investigación. Son alrededor de 1.300 los bolivianos que se hallan en ese lugar
Hacinamiento. Éste es el escenario deportivo donde se encuentran alojados temporalmente muchos compatriotas
Cristian Peña y Lillo. Cobija
Los más de 1.300 refugiados que están en Brasilea (según versión de las mismas personas que escaparon de Cobija) ayer recibieron la visita de una comisión de la Cámara de Senadores. Lloraron, hicieron llorar, contaron su versión de lo sucedido el 11 de septiembre y los días subsiguientes; mostraron a los pequeños que nacieron en otro país porque sus padres tuvieron que huir y se alegraron viendo las fotos de sus amigos, familiares y conocidos que están confinados en La Paz.
«Venimos a expresarles nuestra solidaridad», señaló el presidente de la Cámara Alta, Óscar Ortiz, que junto a sus colegas podemistas Róger Revuelta, Orlando Careaga, Mario Vargas, Paulo Bravo, Tomasa Yahuri, Luis Vásquez y Róger Pinto, además del emenerrista Fernando Romero y el vicepresidente del Senado, José Villavicencio (UN), estuvo pasadas las 20:00 en el coliseo Eduardo Lopes Pessoa, de Brasilea. No hay ningún senador del MAS porque, según explicaron, los parlamentarios del oficialismo decidieron no participar de este grupo porque ya hay una comisión de la Cámara Baja, donde ellos tienen mayoría y presiden la misma.
En este escenario deportivo de la población fronteriza, que forma parte del estado de Acre (Brasil), los parlamentarios se reunieron con la gente que tuvo que dejar todo en la capital pandina y resignarse a vivir, al menos por el momento, en una pequeña carpa en medio de una cancha de futsal. Allí, durante casi dos horas, los parlamentarios escucharon a los pandinos, que mostraron sus heridas y contaron los hechos que el día miércoles los campesinos de Filadelfia les relataron a los comisionados de la Unión Sudamericana (Unasur) y a los funcionarios de Gobierno, que aún no visitaron este otro lado y que el coordinador de esta comisión ya la calificó como una masacre.
Las versiones son ampliamente distintas entre sí. Las personas que vivieron lo sucedido y están refugiadas cuentan cosas distintas e, incluso, al igual que los campesinos de Filadelfia, dan nombres de quienes promovieron estos hechos y culpan al Poder Ejecutivo y a algunos funcionarios municipales de propiciar el enfrentamiento que, según el Gobierno, fue una emboscada.
Pinto, que llevó fotos de los confinados, dijo que la sociedad está siendo desinformada en contra de los refugiados y los autonomistas. «Tenemos que equilibrar las verdades que están siendo desequilibradas», afirmó el senador. Yahuri no contuvo las lágrimas al escuchar el relato de doña Martina Solares, una mujer de edad que contó cómo los campesinos la maniataron, golpearon, insultaron y amenazaron de muerte luego de capturarla en la zona de Tres Barracas, donde recordó que llegó junto a otras personas autonomistas que, según su testimonio, intentaban evitar un enfrentamiento que al final se produjo.
Ortiz, al final del encuentro les explicó a los refugiados, que los senadores tendrán dos grupos de investigación. Uno tendrá contacto directo con las personas en Brasilea y el otro trabajará en la capital pandina visitando las casas de los familiares de los dirigentes cívicos y las autoridades prefecturales, que, según denunciaron los refugiados, siguen siendo saqueadas e intervenidas.
Antes de que los senadores se retiren de Brasilea, para reiniciar su labor hoy a partir de las 9:00, volvieron a agradecer a las autoridades brasileñas por el trato que reciben los pandinos.
En la jornada
Sin fecha límite
El representante del gobierno de Acre, José Alvani Lopes, dijo que su país continuará dando apoyo de seguridad y alimentación a todos los refugiados. «El tiempo que durará esto no será determinado por nosotros, serán sus compatriotas quienes decidan cuándo se retirarán de nuestro país. Mientras tanto seguirán recibiendo nuestra colaboración y apoyo», indicó la autoridad federal.
Luto y pruebas
La hermana de Alfredo Céspedes, Lucila Céspedes, relató cómo fue asesinado su hermano durante los enfrentamientos en Porvernir. «Mi hermano fue torturado antes de morir y le quebraron las dos piernas», y agregó que su cadáver tiene un disparo en el pecho, situación que el Gobierno desmiente. Ella mostró la documentación de la necropsia que se le hizo a su familiar..
Estricto control
La Policía Federal de Acre, que custodia el lugar donde están los refugiados, ha dispuesto un control que evita que cualquier persona pueda fotografiar o filmar a las personas que están allí. Ayer los medios de comunicación que llegamos hasta esta población brasilera, pedimos permiso a los agentes para poder hacer tomas de la visita de los senadores.
«Queremos encontrar la verdad»
Óscar Ortiz / Presidente de la Cámara de Senadores
– ¿Cómo trabajará esta comisión interpartidaria?
– Hay que organizar el trabajo, porque dentro del grupo de senadores que vinimos hay dos grupos. Quienes formamos parte de la directiva de la Cámara Alta y somos los investigadores, expresamos nuestra solidaridad con estas familias, que hemos verificado que están siendo bien tratadas en Brasil. Segundo, agradecemos a este pueblo su solidaridad y este apoyo con el cual tratan a nuestros compatriotas y, sobre todo, asegurar que a través de esta comisión haya ese equilibrio, esa imparcialidad en la búsqueda de la verdad y no se siga, como se está haciendo hasta ahora, condenando de antemano.
– ¿Luego de ver a los refugiados y escuchar sus relatos, qué le puede decir al Presidente?
– Que no tiene derecho de hacer lo que está haciendo; no tiene derecho de perseguir a un pueblo por motivos políticos, y no tiene derecho a hacer que bolivianos escapen del país porque se sienten inseguros. Hay incidentes que han ocasionado muertos; hay que investigar, también él (el Presidente) debe hacerlo dentro de su propio Gobierno que organizó todo esto y, obviamente, aquí vamos a asegurarnos de que se busque la verdad. Me preocupa que la comisión de Unasur esté en manos del Ministerio de la Presidencia, sabiendo que ellos organizaron la confrontación.
– ¿La comisión investigadora visitará Porvenir y Filadelfia?
– Claramente esta comisión debe realizar su trabajo buscando la verdad, pero no sólo de los hechos ocurridos el 11 de septiembre, sino también los abusos y atropellos que se cometieron en los días posteriores. ¿Por qué hay 1.300 bolivianos que se siente inseguros, a tal punto que han tenido que salir del país? ¿Por qué se nos denuncia de que todas las noches se siguen invadiendo casas, destruyéndolas y quemándolas?
– ¿Se pedirá en la próxima sesión de Congreso que el estado de sitio sea levantado en Pando?
– Según la Constitución, en la primera sesión del Congreso que se convoque, el primer punto a tratar debe ser el estado de sitio en Pando y nosotros vamos a pedir que sea suspendido. Pero también vamos a investigar para dar con los culpables de todos los atropellos a los derechos humanos que se están cometiendo.