Un número no estimado de casas en Porvenir y Cobija están deshabitadas, las familias huyen a Brasil.
Los cívicos pandinos tienen asilo político en Brasil.
Por: María Luisa Callejas
Indagaciones: una comisión de Unasur, encabezada por Rodolfo Mattorollo, visitó Porvenir la anterior semana
Cobija / La Prensa.- La gente de Filadelfia teme que termine el estado de sitio por represalias de autonomistas.
Los días no son iguales a los de hace un mes en Porvenir (Pando), el “campo de batalla” del 11 de septiembre, como recuerdan dos ancianos. Un número no calculado de casas de ese pueblo y de Cobija (ambos pro autonomistas) fueron abandonadas porque sus dueños huyeron a Brasil. Entretanto, en las localidades brasileñas de Brasilea y Epitazolandia, aumenta la presión de bolivianos “refugiados” para que el Gobierno de ese país atienda, por ejemplo, el aspecto educativo.
Al menos 18 personas perdieron la vida en Porvenir (según el informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia), decenas resultaron heridas y unas 36 todavía están desaparecidas. La Policía de Cobija tiene una lista de 16 muertos, mientras que la Federación de Campesinos de ese departamento cuenta 21 fallecidos.
Las versiones de los sucesos del 11 son contradictorias. Autonomistas dicen ser las víctimas, lo propio los campesinos.
“Esto fue un campo de batalla —dice un anciano de Porvenir a La Prensa—, se fue la tranquilidad de este pueblo que es un confín de Bolivia, hubo disparos y quemas”. Su esposa asegura que todavía no puede dormir por el trauma.
En el centro de salud San Martín de Porres, su director Francisco Vásquez pidió vacaciones para “salvar su vida, aunque no participó en el enfrentamiento, sólo (lo implican en la matanza) porque trabaja para el Sedes (Servicio Departamental de Salud), que es de la Prefectura”, aseguró el nuevo responsable, Santiago Tanaca.
Uno de los cuatro médicos, Víctor Valda, contó que hace poco Zoila B., una mujer embarazada, lo visitó porque no duerme en las noches por los recuerdos de la balacera. “Me dijo que se sentía angustiada, le dimos tranquilizantes”.
A esta posta sanitaria ya no asiste desde los hechos violentos Manuel F. (60), quien era sereno del lugar. Abandonó su casa de madera y su sobrino cuenta que está refugiado en Brasil.
“Los militares han entrado en su casa a buscarlo, mi tío no ha hecho nada, sólo rescató a los heridos en un vehículo, y en eso (los campesinos) le apalearon. Muchas familias se están yendo, porque en las noches los militares entran en las casas, disparan, patean las puertas, les encañonan para pedir información”.
Frente al hogar de Fernando hay casas con banderas blancas, igual que en el resto del pueblo. Una anciana que se refresca en el portón de su casa demanda: “Queremos paz para nuestro Porvenir, por eso ponemos las banderitas”.
El 29 de septiembre se reanudaron las actividades escolares en Porvenir, a los 18 días de la matanza.
El alcalde de ese pueblo, Evin Ventura, salió de vacaciones por dos meses, en su lugar fue elegido como interino el concejal Hómer Polanco. “Hay mucha gente que se fue porque se la acusa de haber matado y herido a campesinos. Los militares no respetan las casas ni a niños, la gente todavía sigue aterrorizada”.
Polanco informó que de esta población murieron el ingeniero Pedro Oshiro, funcionario de la Prefectura, y el cuñado de éste, “Tozo” Céspedes, no recuerda su nombre. Tres personas fueron confinadas al cuartel de Viacha en La Paz, y la suboficial Mirtha Sosa, comandante de la Policía de esa localidad, fue trasladada a la sede del Gobierno.
La concejal de ese municipio Marcia Bascopé dijo sobre Sosa que “la sacaron de manera injusta, ella sólo actuó para rescatar a un rehén”.
El esposo de Sosa, Wilson Zelaya (concejal de Pando), y sus hijos estuvieron en la localidad de Brasilea hasta el anterior fin de semana, pero se fueron a Río Branco, otra ciudad de Brasil, donde pedirán asilo político. No entiende por qué su pareja fue trasladada a la ciudad de La Paz ni de qué cargos se le acusa.
Pero no sólo los pobladores de Porvenir huyen de sus comunidades, sino también los que son considerados traidores en Filadelfia, bastión del MAS. “Tuvimos que escapar con mi esposa y mis tres hijos, tres veces quisieron quemar mi casa porque no quise participar en la marcha. Dejé mis animales y mis plantaciones”.
El diputado brasileño Zico Bronzeado aseguró a La Prensa que en su país hay aproximadamente 1.000 “refugiados”. Estas personas, entre mujeres, hombres y niños, duermen en coliseos, iglesias y casas particulares.
A diario, los efectivos de Bomberos del municipio de Epitazolandia llevan a los autodesplazados tres porciones de alimento al día y agua potable. Las autoridades del Estado del Acre les proveyeron colchones, carpas y frazadas, además de seguridad con la Policía Militar y el Ejército.
En los albergues algunas mujeres se quejan porque sus hijos ya no van a la escuela, por eso piden que el Gobierno brasileño los acepte en su sistema educativo.
En la otra cara de la medalla está Filadelfia, cuyos pobladores estuvieron en los hechos de Porvenir. Juan asegura que no duermen tranquilos. Dice que se sienten perseguidos por grupos afines a Leopoldo Fernández.
La Alcaldía de Filadelfia fue quemada y junto a ella se fundieron dos motobombas y una trilladora recién adquiridas.
Seguridad
Después de cumplirse los 90 días de vigencia del estado de sitio en la jurisdicción territorial de Pando, el 12 de diciembre, el Gobierno tiene previsto instalar el Comando Militar Amazónico con la finalidad de acentuar la presencia estatal en esa región del norte del país.
Dicho comando, que operará de manera permanente en el norte de La Paz, Beni y Pando, colindante con la frontera con Brasil y Perú, estará formado por efectivos de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Naval.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo ayer a la red Erbol que la presencia del Estado no se sintió, en el departamento de Pando, en décadas “o quizás en centurias”.
“Ante la falta de presencia del Estado ahí campeaba lo ilícito, por eso 90 días incluso es poco. Con esto no estoy queriendo decir que se va a ampliar el estado de sitio, sino que terminado el periodo, del estado de sitio, vendrá otro de consolidación de un Comando Militar Amazónico que tenga más puestos, más cuarteles militares en la zona amazónica y que paralelamente la Policía Nacional genere la condiciones de patrullaje”.
Comisión especial toma declaraciones desde hoy
¿Cuál fue la actitud de los miembros de la Policía en los hechos de Porvenir?, ¿cuál fue la actuación de la suboficial Mirtha Sosa?, ¿en qué circunstancias se decomisó armamento y de quiénes habría sido?, ¿cuáles fueron las diligencias del fiscal de Distrito después o durante los sucesos de Pando?, ¿quiénes y para qué autorizaron el uso de vehículos y el traslado de funcionarios del Sedcam hacia Porvenir?, ¿qué recursos destinó la Prefectura y a qué cuentas? Éstas son algunas de las interrogantes que la comisión especial de la Cámara de Diputados espera absolver a partir de hoy.
Para responder a estas dudas fueron citados el ex Comandante de la Policía de Pando; el fiscal de Distrito, Eloy Espejo; los directores del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam); el prefecto interino, contraalmirante Rafael Bandeiras, y el equipo de fiscales que investiga el caso por encargo del fiscal General, Mario Uribe.
Los parlamentarios de la comisión especial también valorarán si es necesario tomar una nueva declaración a la policía Sosa, quien ya había emitido su posición ante la comisión de fiscales.
El diputado Jorge Silva (MAS), vocal de esa comisión, explicó que si bien esa instancia tiene una primera valoración de lo acontecido en la localidad de Porvenir el 11 de septiembre, hay vacíos y contradicciones que deben ser despejados.
Además, dijo el parlamentario, se requerirá el informe del Defensor del Pueblo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el que elaboraron los fiscales en materia balística y forense, además de la visita que realizaron los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur).
“Vamos a analizar esa documentación para cruzar información y luego veremos si requerimos volver a Pando para absolver algunas dudas que queden pendientes o finalmente la comisión sesionará para emitir un informe en conclusiones para poner a consideración del pleno de la Cámara de Diputados”.
Silva espera que la comisión especial pueda emitir el informe en el menor tiempo posible, aunque admitió que existe una serie de contradicciones que deben ser absueltas.
Familiares
Dos de las hijas del ex prefecto Leopoldo Fernández, Zoila y Pamela, confían en que la situación de su padre se solucionará y pronto saldrá de la cárcel de San Pedro, donde está recluido desde el 18 de septiembre. Entretanto, la ex autoridad solicitó su traslado a Sucre para cumplir su confinamiento.
“Él nos ha pedido que tengamos paciencia, que tengamos un poco de serenidad, que esto es político, que toma su tiempo, que debemos confiar”, declaró Zoila Fernández a la red ATB, en la capital oriental.
Explicó que su papá recibe un buen trato en ese centro de reclusión. Su hermana Pamela añadió que lo único que piden “es una investigación imparcial, seria y transparente para que se pueda saber tal cual pasaron las cosas”.
El ex Prefecto fue arrestado y trasladado en calidad de confinado a la sede del Gobierno el 16 de septiembre. Lo encarcelaron en San Pedro en el marco de un proceso ordinario iniciado por los familiares de tres normalistas muertos el 11 del mismo mes.
La ex autoridad pidió ayer al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, a través de un memorial, su traslado a la ciudad de Sucre para terminar su periodo de confinamiento, argumentando que en La Paz no existen las condiciones necesarias para su seguridad. En el documento, según Erbol, añade que debe estar aislado, pero no encarcelado.
Testimonios
Mujeres refugiadas
En Brasilea
Con lágrimas, la esposa de un “refugiado” aseguró: “Tenemos muchas limitaciones y necesidades, muchas estamos con nuestros hijos que han tenido que dejar la escuela y la universidad, por eso pedimos a las autoridades brasileñas que también nos ayuden con la educación de nuestros hijos”. Otra mujer sostuvo: “Yo tengo una hijita de13 años que sigue yendo a la escuela en Cobija, y es seguida y vigilada por los militares, ella ya es jovencita y tengo miedo que le hagan algo”.
Abortó en el monte
Mujer de Riberalta
Tiene 32 años y después de tres semanas se reencontró con su marido que estaba desaparecido. “Con mi esposo hemos venido en bus de Riberalta a Pando para participar en la marcha de campesinos, pero al llegar a Porvenir había balacera, y una señora al verme con mi pancita (seis meses) me acogió en su casa. Luego salí para buscar a mi marido, me metí en el monte y por correr tanto, me vinieron las contracciones, se salió mi bebé y me desmayé. Aparecí en el hospital”.
Le cercenaron un dedo
Torturado en Porvenir
Es autonomista, pero niega que participó el 11 de septiembre. “Fui más adentro de Porvenir a fletar un equipo y al volver con mi camioneta, vi que torturaban al ingeniero Pedro Oshiro, lo rescaté y en eso, por escapar, choqué mi coche, nos bajaron, y el disparo para el ingeniero era para mí, pero fallaron y lo mataron. A mí me obligaron a poner la mano sobre la tierra y me cortaron un dedo con machete, me dieron dos culatazos en la cabeza y me desmayé. Creyeron que estaba muerto y un amigo me auxilió en moto”.
Apalearon a mi padre
Anciano víctima
Un poblador de Filadelfia relata: “Cuando los emboscaron a los campesinos de Puerto Rico en Porvenir, a mi papá le pidieron que apoye con su camioneta para ir a rescatarlos, pero allí quemaron su vehículo que recién lo compró, y a él le agarraron y lo tomaron de rehén, le apalearon en la cabeza, le taparon los ojos con una tela y lo encerraron en un cuarto en Porvenir, pero rompió la pared de madera y escapó al monte. Allí estuvo casi una semana y recién llegó a casa. Creíamos que estaba desaparecido”.
Recuento
El 11 de septiembre, en Porvenir, al menos 18 personas murieron y decenas quedaron heridas.
El 12 de ese mes, murieron baleados un pastor y un soldado en la toma del aeropuerto de Cobija.
El 13, la Alcaldía de Filadelfia terminó en cenizas y tres maquinarias fundidas.
Más de 1.000, según parlamentarios brasileños, están en Brasilea, Epitazolandia y Río Branco.
Esta gente, pese a la ayuda del Gobierno de Brasil, tiene limitaciones y necesidades.
Están en trámite sus solicitudes de asilados políticos en ese país, a fin de conseguir trabajo.
LOS CIVICOS PANDINOS TIENEN ASILO POLÍTICO EN BRASIL
MEDIDA • La Policía Federal de ese país los sacó de Brasilea para velar por su seguridad.
La Razón
El diputado Ronald Camargo (Podemos) informó ayer que la presidenta y vicepresidente del Comité Cívico de Pando, Ana Melena y Ricardo Shimokawa, tienen asilo político en Brasil.
“En condición de asilados están, hasta este momento con los papeles al día, Ana Melena con su familia y el ingeniero (Ricardo) Shimokawa”, dijo Camargo, según reportó la red ATB.
El parlamentario precisó que “ellos ya están siendo protegidos por la propia Policía Federal, quienes los evacuaron de la ciudad de Brasilea, porque se detectó la presencia de agentes vestidos de civil, armados, que amenazaban su seguridad”.
Camargo afirmó desconocer el lugar a donde fueron trasladados los dos dirigentes cívicos.
Por otro lado, el esposo de la policía Mirtha Sosa, el consejero departamental de Pando Wálter Zelaya, dejó también Brasilea y partió el sábado rumbo a Río Branco para solicitar asilo político para él y su familia.
“Vamos a ver cómo se puede pedir el asilo para ella (Mirtha), porque no cometió ningún delito”, manifestó ayer Zelaya.
Sosa, quien fungía como jefe policial del municipio de Porvenir (Pando) fue trasladada a La Paz en calidad de confinada, acusada de no acatar el estado de sitio dictado en ese departamento.