Brasilea • Un periodista cuenta el drama. Policía Federal revela 640 bolivianos refugiados.
“Nace un bebé y adquiere la nacionalidad brasileña".
Un comunicado del Ministro de Defensa brasileño afirma que no existe la extradición por delito político, por lo que no serán echados. La Alcaldesa de Brasilea sostuvo que unas 800 personas llegaron hasta ese municipio.
La Razón
•El gimnasio • La Policía brasileña confirmó que en el lugar conviven 640 bolivianos refugiados. Ayer, en la cotidianidad.
A través de un comunicado, el ministro brasileño de Defensa, Nelson Jobim, garantizó ayer que no serán expulsados los bolivianos que huyeron a Brasil hace tres semanas, tras los episodios de violencia en el departamento de Pando. Jobim realizó estas declaraciones luego de recibir al presidente del Senado de Bolivia, Óscar Ortiz.
Una comisión especial de senadores conformada por miembros de la oposición estableció que al menos 600 personas huyeron a Brasil tras el estado de sitio que decretó el Gobierno el viernes 12 de septiembre en Pando, luego de que se produjera la muerte de al menos 10 personas.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, sostuvo el lunes que los bolivianos refugiados en Brasilea y Epitaciolandia (ambos municipios del Brasil) debían retornar al país pues no se los considera como “refugiados políticos”. Explicó que a través de gestiones entre los ministerios de Gobierno de ambos países se deberían ejecutar acciones para el traslado de los refugiados a Bolivia.
Jobim explicó que en Brasil no existe extradición por delito político y que eventuales pedidos de extradición por delitos comunes tienen que ser definidos por el Tribunal Supremo.
La alcaldesa de Brasilea, Leila Galvao, explicó que entre 700 y 800 personas atravesaron la frontera y ahora viven en esta zona, “y no hay señal de que quieran volver”, dice la nota del ministerio.
En un abrigo localizado en esa ciudad hay 120 bolivianos, mientras que otros estarían con parientes y amigos. Un segundo refugio alberga a 77 brasileños que trabajaban en Bolivia, también refugiados en Brasilea.
Los bolivianos viven en carpas acomodadas en una cancha techada en el municipio de Brasilea, otros estarían en plazas y en lugares públicos.
Según se conoció, algunos estarían alojados en domicilios particulares. Brasilia, AFP
Piden indagación autónoma
El presidente del Senado, Óscar Ortiz, pidió ayer al ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, que la comisión de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) investigue “de forma autónoma” al Gobierno boliviano por los recientes conflictos en el país.
El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que Jobim se reunió en la norteña y amazónica ciudad de Epitaciolandia, en el fronterizo estado de Acre, con Ortiz y el también senador José Villa Vicencio, vicepresidente de la Cámara Alta.
En una reunión extraordinaria de mandatarios celebrada el mes pasado en Santiago de Chile, la Unasur creó una comisión para seguir la situación sociopolítica del país.
Los senadores agradecieron el apoyo prestado a bolivianos desplazados por la violencia, dado por las alcaldías de Epitaciolandia y Brasileia, municipios fronterizos y que atienden a los refugiados. Sao Paulo, EFE
"NACE UN BEBE Y ADQUIERE LA NACIONALIDAD BRASILEÑA"
En Brasilea• Una niña (en el coche) nació en el refugio.
Es irónico o decir que la felicidad la encontré en Brasilea”, dijo el periodista Jairo Vallejos, mientras mecía a su bebé entre sus manos, en un gimnasio de Brasilea, donde fue acogido junto a otros bolivianos por autoridades del vecino país, tras la dictación del estado de sitio en el departamento de Pando.
Larisa Victoria es el nombre de la niña nacida el pasado 17 de septiembre en Brasilea y que adquirió la nacionalidad brasileña.
Vallejos, entrevistado por La Razón, es uno de los primeros en cruzar el río Acre, que separa a Cobija y Brasilea, y refugiarse en el vecino país, el pasado 12 de septiembre, al día siguiente de los hechos de sangre ocurridos en la población de Porvenir.
A los pocos días su esposa también cruzó el Puente de la Amistad junto a otros cobijeños que temen persecución de los militares que tomaron la ciudad.
Vallejos relató que es uno de los periodistas que cuenta con las imágenes de aquel fatídico viernes 11 de septiembre. También es el único que realizó filmaciones en el aeropuerto Cap. Aníbal Arab Fadul de Cobija, el 11 y12 de septiembre. Cree que éstas son las razones que ameritaron su persecución y por seguridad tuvo que salir del país. Su esposa prefirió no hablar, pero Vallejos contó que su hija nació en un nosocomio de lujo y con atenciones inimaginables. Hoy conviven los tres en una carpa.
La Policía Federal informó ayer que 640 bolivianos son los refugiados que conviven en albergues habilitados en Brasilea.
Este diario visitó a los acogidos en el gimnasio y allí pudo constatar que reciben desayuno, almuerzo y cena de calidad, además de atención médica y acceso a todos los servicios básicos.
En el campo deportivo están instalados pequeñas carpas donde viven familias enteras, también adultos y jóvenes. Durante el día pasean por las calles cerca del gimnasio y se comunican con sus familiares vía teléfono.
FFAA ASEGURAN QUE NO TORTURARON A CONFINADOS
Denuncias| El Gobierno minimizó las denuncias de la suboficial de Policía, Mirtha Sosa Chalar y contrariamente anunció su procesamiento
Pobladores pandinos que huyeron a Brasil, tras los sucesos violentos en El Porvenir, del 11 de septiembre pasado. | El Deber
Los Tiempos
La Paz | Anf. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general José Luis Prudencio salió ayer al frente de las denuncias de sectores de oposición y afirmó que la entidad castrense no ejecutó torturas contra las 14 personas que fueron confinadas desde Pando a un cuartel militar por haber desacatado el estado de sitio que rige en ese departamento desde mediados de septiembre pasado.
"Rechazamos enfáticamente las declaraciones de quienes de manera irresponsable han vertido información errónea en relación a la posible amenaza que hubiesen recibido las personas que en ese momento estaban siendo trasladadas para su confinamiento", aseguró.
Desde hace varios días, los confinados que se encuentran en un cuartel de Viacha y la suboficial de Policía, Mirtha Sosa, denunciaron que los efectivos militares los detuvieron violentamente y los golpearon sin piedad, tras el estado de sitio dictado por el Gobierno tras el enfrentamiento que dejó 15 muertos y decenas de heridos.
El alto jefe militar dijo que las acciones que ejercieron los militares asignados a Pando fueron ejercidas en fiel cumplimiento de la ley y la Carta Magna.
"Los confinados en las instalaciones militares gozan de servicio de salud, alimentación e higiene y en ningún momento han recibido o son víctimas de violencia de ninguna clase, como se ha confirmado en las inspecciones que realizaron las organizaciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo", informó.
La primera persona que denunció que los efectivos militares la torturaron cuando la detuvieron fue Sosa, y esta situación fue rechazada por Prudencio, quien indicó que el operativo mediante el cual se detuvo a los confinados fue realizado por personal profesional que siguió procedimientos establecidos por los reglamentos militares y respeto a los derechos humanos.
El miembro de la cúpula castrense reveló, además, que la suboficial fue encontrada en posesión de dos rifles calibre 22, una escopeta marca Luzbel, un revólver calibre 38 y una pistola ametralladora FMK.
Restan credibilidad
Para el Gobierno las denuncias de la suboficial Mirtha Sosa Chalar, quien aseguró haber sido torturada y vejada cuando fue arrestada por efectivos militares, no tienen ninguna validez, al considerar que existen "gravísimas" denuncias en su contra por parte de campesinos que sobrevivieron al enfrentamiento del 11 de septiembre pasado en El Porvenir.
Sosa denunció que durante su detención, la madrugada del 16 de septiembre, fue víctima de agresiones físicas y psicológicas. Dijo que los militares la golpearon y patearon en el piso, la amenazaron con violarla utilizando expresiones groseras.
Al respecto, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, minimizó esa versión y dijo que "es muy fácil conmover a la opinión pública con llantos, con quejas, cuando esta suboficial estaría implicada en los hechos de violencia en El Porvenir, motivo por el que es procesada por la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional (DNRP).
"La acusan de ser la que dio la alerta con una palabra clave para que se inicie las ráfagas de disparos que mataron a muchos campesinos que el 11 de septiembre se trasladaban a la población de Filadelfia para participar de un cabildo a favor del Gobierno", dijo Gamarra.
Cuestionó que se esté dejando de lado lo ocurrido en el Porvenir y se hable sólo de los supuestos abusos a las personas que fueron confinadas de Pando a La Paz, en el marco del estado de sitio decretado en ese departamento.
Gamarra manifestó que la suboficial tiene toda la libertad de poder exigir todos sus derechos por la vía legal que vea pertinente, pero que el proceso iniciado en la DNRP no será suspendido y determinará responsabilidades y "si ésta incurrió en delitos penales", agregó.
Abogados critican a Congreso
Santa Cruz | El Deber.- El silencio del Congreso Nacional en torno al estado de sitio que rige en Pando desde el pasado 12 de septiembre, sobre el confinamiento de 20 personas y las detenciones que se produjeron en la provincia tarijeña Gran Chaco es cuestionado por representantes de los colegios de abogados y por un ex magistrado del Tribunal Constitucional.
En criterio de los juristas, los parlamentarios, principalmente de la oposición, se "aplazaron" porque hasta ahora no han solicitado un informe al Poder Ejecutivo para que explique las razones por las cuales dictó un estado de sitio en una determinada región y conocer en detalle de la situación de las personas detenidas.
El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas; su par de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, y el ex magistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Ribero explicaron, por separado, que a raíz de la medida de excepción en Pando se violó el artículo 112 de la Carta Magna, porque si bien se prohíbe las reuniones y asociaciones de personas con fines políticos, no significa la suspensión de los derechos y garantías constitucionales, como la presunción de inocencia o ser puesto a disposición ante un juez natural, es decir, de la región donde se cometieron los supuestos delitos. También se vulneró el artículo 5 de la Constitución al enviar a los confinados a La Paz y no a una capital de provincia donde se dictó el estado de sitio, agregaron.
En las detenciones que se realizaron en Cobija, ejecutadas por militares a las personas sindicadas de ser agentes de la conmoción social, también se violó el artículo 9 de la Constitución, que establece que nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión sin un mandamiento de aprehensión ni estar incomunicado por más de 24 horas. Sobre el caso del prefecto confinado de Pando, Leopoldo Fernández, el ex magistrado José Antonio Ribero recordó que dicha autoridad goza de caso de corte y que todo proceso deberá ser autorizado por el Congreso.
La diputada Sandra Yáñez, de Podemos, anunció que la próxima sesión congresal deberá tratar el estado de sitio en Pando "y el Legislativo deberá pronunciarse".