Si alguien tuviera un problema jurídico lo último que le aconsejaría es que contrate los servicios profesionales del ministro de Defensa de la Nacionalización , Héctor Arce, del viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez o el de Gobierno, Rubén Gamarra.
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El ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, y el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, contra los vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca por aceptar el recurso de Hábeas Corpus que presentó la defensa del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. (Foto ABI).
Dicen algunos de sus colegas que los tres egresaron de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés y lo dicen con un indisimulado tono de vergüenza ajena. Es que para el Alma Mater paceña no debe ser motivo de orgullo haber lanzado al mercado profesional semejante trío.
Las chapucerías que lanzan en forma cotidiana son de proporciones paquidérmicas y parecería que están dirigidas más a sus respectivos jefes (el presidente Morales, el ministro Alfredo Rada y la ministra de Justicia, Celima Torrico) que a la opinión pública.
En primer lugar, cualquier estudiante mediocre de primer grado de derecho sabe que un proceso judicial debe abrirse en el lugar de residencia del acusado pero Arce y Chávez, en su afán de congraciarse con sus jefes, en concomitancia con el ministro Quintana optan por secuestrar al prefecto Leopoldo Fernandez y trasladarlo a La Paz , donde no han podido armar ni una caricatura de proceso.
Las explicaciones que daba el viceministro Chávez sobre la situación jurídica de Fernández eran cantinflescas, pero no tenían nada de graciosas y mucho de grotescas. Decir que estaba siendo procesado por genocidio y que además estaba residenciado en la cárcel de San Pedro como consecuencia del estado de sitio, traspasa los límites de la cordura.
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Otro personajillo que bien baila es el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra (foto) que por poco hace llamados a la turba a asaltar el penal de San Pedro y linchar a Leopoldo Fernández. Cualquier cosa con tal de impedir que se cumpla la decisión judicial.
Se trata, en suma, del trío que teóricamente debe “legalizar las ilegalidades", por tanto, "que le meta nomás el presidente”, sin embargo las luces no dan para tanto y lo único que hacen son papelones.
Cualquier lego sabe que el Habeas Corpus es de cumplimiento obligatorio e inmediato, porque de lo contrario esta garantía constitucional perdería todo sentido, pero el mentado trío prefiere, como dicen, hacerse a los giles, que cinismo y pasta para eso les sobra.
Por otra parte es bueno recordar que el ministro Héctor Arce fue muy allegado al yerno de Goni, Mauricio Balcazar, quien lo introdujo al mundo de la política.
Wilfredo Chávez saltó de oscuro actuario de la fiscalía de distrito de La Paz a viceministro de Justicia,por su militancia masista y su relación con las "organizaciones sociales".
Rubén Gamarra, en el pasado un incondicional de los jerarcas del MNR, fue asesor legal del entonces Ministerio de Informaciones en el primer gobierno de Sánchez de Lozada. Pregúntenles a Cachito Richter, Irving Alcaráz, Mauricio Antezana y el propio Balcazar a quienes Gamarrita sorprendía con su capacidad e imaginación para quedar bien a todo trance sin importar a quien debía hundir, así fuera su propia madre. Este personaje hoy ha encontrado el cargo adecuado en el gobierno adecuado.