Achacachi: Crimen comunitario

Los Tiempos

Editorial



En este país devastado institucionalmente, resulta deplorable observar al brazo de la Ley, la Policía, implorando por la devolución de los cuerpos de las víctimas y de los heridos; es una triste evidencia de que en algunos feudos territoriales comunitarios no se conoce otra ley que la del Talión, la de la barbarie y del crimen sin atenuantes

Nuevamente, la opinión pública nacional se ha visto estremecida por las imágenes de personas asesinadas brutalmente por comunarios violentos que, acusando y juzgando a sus víctimas de la forma más primitiva y salvaje, acabó con sus vidas luego de someterlos a tormentos impensables en nuestros tiempos.

La muerte de esas dos personas, acusadas por el murmullo de ser ladrones o delincuentes, en un hecho sangriento del cual también resultaron heridas alrededor de una decena, muestra el grado de violencia e impunidad al que puede llegar una colectividad cuando, de por medio, algunos agentes políticos se encargan de alentar situaciones extremas, alegando supuestas prácticas ancestrales y defendiendo forzadamente la aplicación de la justicia por mano propia.

Esos horrendos crímenes se suceden con aterradora frecuencia en nuestro país, y son, al mismo tiempo, una patética muestra que se suma a otras más, de una ausencia total del Estado en nuestro territorio; una ausencia agravada por la incapacidad de aquellos órganos encargados de hacer cumplir la ley. En estas circunstancias, nadie puede estar seguro cuando algún motivo lo lleve a un poblado alejado de nuestra enorme geografía, donde el simple rumor puede terminar en una sentencia de muerte sin apelación alguna.

Hoy fue Achacachi, el feudo de la milicia indígena que ya se manchó de sangre anteriormente. Ayer fue Epizana, y podrán también ser otros poblados rurales donde pueden ser victimados ciudadanos acusados sin pruebas por la comisión de delitos.

En este país devastado institucionalmente, resulta deplorable observar al brazo de la Ley, la Policía, implorando por la devolución de los cuerpos de las víctimas y de los heridos; es una triste evidencia de que en algunos feudos territoriales comunitarios no se conoce otra ley que la del Talión, la de la barbarie y del crimen sin atenuantes.

Seguramente los crímenes de esas pobres gentes, sean delincuentes o no, nunca podrán ser esclarecidos, pues además, se debe reconocer que la impunidad se pasea libremente por las áridas tierras altiplánicas, amparada en una túnica que desde hace algún tiempo ha sido hilvanada cuidadosamente por los apologistas del crimen, bajo una serie de excusas que inclusive se han insertado hábilmente en los textos de la nueva Carta Magna, maquillándola con rótulos aparentemente mansos como el de «justicia comunitaria».

Y es que por más que los pseudo eruditos del derecho indigenista se esfuercen en demostrar lo contrario, lo que la población campesina iletrada entiende y seguirá entendiendo por tal título es simplemente el cobrarse justicia por sus propias manos.

No otra cosa representan estos hechos abominables de Achacachi a los que hacemos referencia hoy, donde el papel de la justicia formal no es ni siquiera decorativo, pues allá en esas tierras del miedo, los corregidores, jueces y otras autoridades del Estado simplemente no cuentan o viven amedrentados en la sombra.

La sociedad debe reflexionar profundamente sobre lo que viene ocurriendo en nuestro país. Estos asesinatos alevosos cometidos desde la muchedumbre deben ser tomados como un toque de alerta sobre lo que puede ocurrir después, si acaso estos hechos puedan encontrar su legitimidad irreversible en una Carta Fundamental.