Ejecutivo adjudicó a Sudamérica, pese a que no la regula la ‘Súper’

Corrupción.Tráfico de influencias en el plan de vivienda y sobreprecios. Nexos del MAS con el gerente de la Cooperativa.

Demolición. Tras los cuestionamientos, el Viceministerio de Vivienda dijo que los beneficiados del Plan de Vivienda son los que eligen a la entidad cooperativa. Promete investigar el caso

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Iniciativa. Propietarios de varios surtidores de Santa Cruz decidieron invertir para la apertura de la Cooperativa Sudamérica, hace tres años, para otorgar créditos

El Deber

Carla Paz V.

El caso de la cooperativa Sudamérica, que financiaba las casas demolidas por la Alcaldía de Santa Cruz en la urbanización La Comarca, se ha convertido en un tema espinoso. En la víspera, el Gobierno no explicó por qué ajudicó el Programa de Vivienda Social y Solidario (PVSS) a una institución que no es regulada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

La cooperativa Sudamérica era la encargada de financiar las casas a los adjudicatarios del proyecto gubernamental. Se mencionó que la inversión estaba por el orden de los $us 17 millones. El caso se hizo público el martes de la semana pasada, cuando la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra demolió 104 casas en el kilómetro 9 al norte, porque no contaba con autorización para su construcción.

José Antonio Lambertín, viceministro de Vivienda, deslindó responsabilidades del Gobierno por un presunto sobreprecio en la construcción de las viviendas, y cuando fue cuestionado del porqué se adjudicó el  plan a una cooperativa ‘cerrada’ (no regulada por la Súper), dijo que  son los beneficiarios quienes hacen el contrato con la financiera.

Al consultarle sobre los requisitos que exige el Ejecutivo para adjudicar los planes de vivienda a las entidades financieras, Lambertín salió al paso prometiendo que se harán las investigaciones al respecto.

Asimismo, llama la atención que la Federación Boliviana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Febocac), asegure que las cooperativas societarias (cerradas) están bajo la supervisión de la ‘Súper’ al referirse a Sudamérica, cuando la entidad reguladora indicó ayer a EL DEBER que no se pronuncia sobre entidades que no supervisa.

Hoggier Hurtado, presidente de la Febocac, lamentó que una de sus afiliadas se vea envuelta en un asunto de esa índole. “Nuestra federación es un ente gremial que está al servicio de sus afiliadas para defenderlas en contra de cualquier injusticia; sin embargo, las cooperativas societarias están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y es ésa la institución indicada para verificar cualquier implicación que afecte a la cooperativa”, explicó el ejecutivo.

Sobre el efecto que pueda tener el problema de Sudamérica en el sistema cooperativo, Hurtado reveló que cree que no habrá ninguno, porque se trata de la acción aislada de una cooperativa, no de todo el sistema.

Carlos Rodríguez, gerente de marketing de la cooperativa Sudamérica, explicó que las operaciones de la institución son normales, pese a la investigación de la Fiscalía por la demolición de viviendas.

“No nos afectó en lo absoluto el tema de las viviendas porque nuestros clientes conocen nuestro trabajo. Era un proyecto social, y se trata de un servicio más de la cooperativa, cuyas características prefiero que las comenten las personas encargadas. En su momento, cuando calificó la cooperativa se contrató personal”, afirmó.

Sobre la regulación de la Superintendencia, sostuvo que en junio pasado el Gobierno emitió un decreto donde les otorga un plazo a las cooperativas cerradas para adecuarse y pasar a la supervisión de la entidad.

Además de la urbanización La Comarca, Sudamérica cuenta con otro proyecto habitacional de inversión propia, pero no brindó mayores detalles.

La cooperativa Sudamérica abrió sus puertas al público el 17 de enero de 2005 en las instalaciones del Surtidor del Este. La iniciativa surgió de propietarios de algunos surtidores de la ciudad y provincias, que se propusieron la idea de crear una cooperativa que pudiera administrar sus capitales y otorgar créditos. Al tratarse de una cooperativa cerrada sus estados financieros no son revisados por la ‘Súper’ de Bancos y Entidades Financieras.

A través del Programa de Vivienda Social se han propuesto construir casas para más de 20.000 personas y también trabajan con el Gobierno en el Programa de Reconversión Productiva y Comercial.

EL DEBER solicitó una entrevista con el director nacional de Cooperativas, Raúl Torres, pero en su oficina indicaron que sólo se pronunciaría el Viceministerio de Vivienda.

   Tiene 46 agencias en todo el país  

– La  Cooperativa Sudamérica abrió sus puertas el 17 de enero de 2005 en las instalaciones del Surtidor Este. Fue una iniciativa empresarial de propietarios de surtidores de Santa Cruz.

– El 8 de diciembre del 2004 se realizó la firma del acta de constitución, y un mes después, luego de realizar los trámites legales necesarios, se obtiene la licencia de funcionamiento, la misma que fue emitida el 6 de enero del 2005.

– Cuenta con una amplia red de 46 sucursales y agencias en todo el país, empleando a más de 190 funcionarios.

– La entidad financiera está presente en 13 de las 15 provincias de Santa Cruz.

– A octubre, registra alrededor de  13.000 socios ahorristas, según la Gerencia de Marketing de la cooperativa.

– Trabaja con el Programa de Vivienda Social y Solidario mediante la administración de recursos para la construcción de viviendas para más de 20.000 personas. La inversión se estima en $us 17 millones, pero también tiene un proyecto habitacional propio.

– Otorga créditos a los importadores de ropa usada en el marco del Programa de Reconversión Productiva y Comercial que impulsa el Gobierno.

– Asimismo, financia la compra de vehículos para taxistas y créditos de consumo, hipotecarios, comerciales y empresariales.

– Los ejecutivos de la cooperativa no brindaron detalles sobre inversiones, cartera o depósitos, pese a que fue solicitado.

Tercer conflicto en el Plan de Vivienda

El Programa de Vivienda Social y Solidario ha estado presente en tres conflictos desde su puesta en marcha desde hace dos años. Estuvieron implicadas la Mutual Guapay, la cooperativa Jerusalén y ahora Sudamérica.

La subvención de pasajes y hoteles por parte de la Mutual Guapay para calificar al programa involucró al ex viceministro de Vivienda, Ramiro Bolaños, y al ex coordinador del programa, Boris Sosa. El primero dejó el cargo en 2006 y el segundo en agosto de 2007.

Mientras, el directorio de la cooperativa Jerusalén anunció, en junio de este año, que no continuaría  con el programa debido a “interpretaciones mal intencionadas”. Al tiempo de retirarse aclaró que su función fue financiera, sin injerencia en la construcción de las viviendas. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, señaló que la entidad no pagaba a las empresas constructoras lo que estaba atrasando el avance y que les habían solicitado una elevación de precios.

 

Gobierno abrirá pesquisa sobre la urbanización

Demolición. El viceministerio ‘anticorrupción’ recaba datos sobre las denuncias de tráfico de influencias en el plan de vivienda y sobreprecios. Gerente de la Coop. Sudamérica viajó

Gustavo Ondarza | [email protected]

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Indagación. El plan de vivienda Vallecito I ha generado la apertura de investigaciones y auditorías en el Poder Ejecutivo

El Gobierno a través del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, investigará posibles hechos ilegales en la compra del terreno, el contrato para la canalización de créditos a los adjudicatarios, adjudicación, y construcción de la urbanización Vallecito I.

Según Nardy Suxo, responsable de dicha repartición, la decisión es porque se ha tomado conocimiento de supuestos delitos en el asunto por 1o que comenzarán a recabar información  al respecto.

Hasta ayer, habían accedido a documentos fotocopiados del caso  los que sólo les sirven como guías por lo que pedirán reportes oficiales al Ministerio de Obras Públicas, al Viceministerio de Vivienda y a la Cooperativa Sudamérica, cuyo gerente, Miguel Ángel Linares, se ha convertido en el principal sospechoso de haber armado toda una trama de relaciones vinculadas para controlar el indicado plan de vivienda.

Esta decisión se suma a la del Ministerio de Obras Públicas, cuyo titular, Óscar Coca, dijo el pasado domingo en Santa Cruz, durante la inauguración de un plan de vivienda para el sector del autotransporte de la región, que su despacho había ordenado sendas auditorías para la urbanización Vallecito I y  todos los proyectos de vivienda populares en el país, aunque adelantó que las adjudicaciones de este tipo de proyectos son transparentes y se habían realizado cuando él no ocupaba el cargo.

Por otro lado, en el municipio de La Guardia la Alcaldía reportó que la cooperativa Sudamérica tiene dos proyectos urbanísticos que están financiados por el Estado.

Lo llamativo del caso es que el predio de uno de los planes, que se levanta en el Km 14 sobre la ruta a Camiri, y donde se construyen 386 viviendas que beneficiarán a los estibadores del mercado Abasto, fue comprado por Ronald Choque Aguilar, que funge como albañil. De ser así, el asunto es similar a Vallecito I, cuyos lotes fueron adquiridos por Miciel Rodríguez Suárez, una ex trabajadora del surtidor Ametauná, que es de propiedad de Linares.

Suxo aseguró que en caso de encontrarse evidencias de actos irregulares o delictivos procederán de acuerdo a ley, sean o no del Movimiento al Socialismo.

“El mandato del presidente Evo es claro, la lucha es contra todos y si se trata de alguien del partido no sólo es un corrupto sino un traidor al proceso de cambio”, aseguró.

   Para resaltar  

– El pasado fin de semana se hablaba de 150 familias que se habían asentado en los terrenos situados entre las urbanizaciones Las Pampitas y La Comarca, en el kilómetro 9 al norte. Las personas que hacen vigilia ayer aseguraron que son 300, pues ya ocupan cuatro manzanas.

– Mientras tanto, dirigentes de los loteadores fueron a las oficinas del Plan regulador para ver la manera de conseguir papeles para el asentamiento, pues aseguran que no hay ningún levantamiento topográfico del área en cuestión.

– Un vehículo policial fue visto en dicha zona y se dirigió a hablar con los dirigentes. Se notó reserva de los ocupantes ante la presencia de un equipo de prensa de EL DEBER

– Según la Sociedad de Arquitectos Valuadores, en Vallecito I fueron intervenidas 101 casas en construcción cuyo costo total asciende a Bs 2.738.595,44 equivalentes a $us 391.257,44.

– Dicha entidad da cuenta de que las casas destruidas no estaban concluidas y que su precio unitario, en ese momento, varía de $us 2.500 a $us 4.800.

 

Apresan a tres arquitectos por el derrumbe de casas

Demolición. La Fiscalía instruyó la detención de los ex ejecutivos de la Alcaldía Álvaro Mier, María E. Costas e Isabel Vera. Prestaron declaración ayer. Son acusados de instruir la destrucción de las viviendas

Aideé Rojas C. | [email protected]

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Detenidas. Las arquitectas María Costas (izq.) e Isabel Vera (dcha.) salieron de la Fiscalía escoltadas por dos policías

Una semana después de la demolición de 104 casas en la urbanización Vallecito I, ubicada en el kilómetro 9 al norte, en el límite entre los municipios Santa Cruz de la Sierra y Warnes, el Ministerio Público instruyó ayer la detención preventiva de tres de los siete funcionarios que fueron despedidos de la municipalidad, acusados de ordenar la destrucción de las viviendas de interés social financiadas por el Gobierno.

En una maratónica jornada de declaraciones, el Ministerio Público abrió proceso contra los arquitectos Álvaro Mier, ex oficial mayor de Planificación; María Ernestina Costas, ex directora municipal de Regulación Urbana; e Isabel Vera, ex jefa de Control de Edificaciones, quienes comparecerán hoy ante el juez cautelar para definir su situación jurídica.

Los ex funcionarios fueron acusados por los fiscales de la Comisión Anticorrupción del Ministerio Público -José Centenaro, Alexander Osinaga y José Antonio Abella- de incurrir en el delito de uso indebido de influencia por instruir la demolición de las casas que se encontraban en la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra, según los funcionarios ediles capitalinos, pero que Warnes también reclama.

Si bien la declaración de Costas y Vera se inició a las 9:00 y terminó cinco horas más tarde,  la orden de aprehensión emitida por los fiscales se concretó a las 9:45 con el traslado de las dos imputadas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde pasaron la noche. Mier también quedó detenido, pero en la Clínica Niño Jesús I, en la que se había internado.

El ex oficial mayor de Planificación pasó la noche con custodia policial en ese centro asistencial, por instrucciones del Ministerio Público. Al terminar de prestar las declaraciones ante el fiscal Osinaga, la ex directora de Regulación Urbana aseguró que todo su accionar en el derrumbe de las viviendas fue legal porque se enmarcó en la normativa.  

“Se ha actuado legalmente”, fueron las únicas declaraciones que hizo Costas a la prensa, mientras que su abogado, Erwin Rojas, ratificó la versión de la ex directora de Regulación Urbana, aduciendo que la ex ejecutiva municipal sólo cumplió una orden que recibió de sus superiores.

Sobre la aprehensión de Mier, el abogado Carlos Subirana dijo que su defendido acató las órdenes en cumplimiento de sus funciones, porque las viviendas que se construían en la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra no contaban con autorización de la Alcaldía. Subirana calificó de ilegal el proceso, porque su defendido no fue sometido a un proceso interno en la municipalidad antes de apelar al proceso penal, que debería ser el último recurso, dijo.

Sin embargo, el fiscal Alexander Osinaga afirmó que la orden de aprehensión está enmarcada en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, para remitir a los acusados ante un juez cautelar.

Tras conocer el arresto de los ex funcionarios municipales, el jefe de gestión jurídica del Ministerio de Obras Públicas, Humberto Quispe, acudió a la Fiscalía y anunció que solicitó la imputación formal contra las personas que están involucradas en el derrumbe de más de 100 viviendas en la urbanización Vallecito I, ocurrido el martes de la semana pasada.

Percy y Carmona irán a la Fiscalía

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, se presentará hoy a declarar en la Fiscalía por la demolición de 104 casas de interés social financiadas por el Gobierno y que se construían en los límites de ambos municipios.

La declaración del edil cruceño se producirá un día después de que el Ministerio Público instruyera la detención de tres de los siete ejecutivos que fueron despedidos de la comuna, acusados de participar en la demolición de las casas. Está previsto que Fernández se presente a las 10:30. El asesor jurídico de la Alcaldía, José María Cabrera, informó de que la  municipalidad envió un memorial el pasado viernes para que se definiera el día y hora para la declaración de Percy.

Por la tarde, Fernández tendrá que comparecer ante el Concejo Municipal para presentar un informe oral sobre la demolición de las casas, ocurridas el martes 28 de octubre, tal como fue definido la semana pasada.

Por su lado, el alcalde de Warnes, Nyls Carmona, también tendrá que responder ante los fiscales que investigan el caso por qué autorizó la construcción de la urbanización en unos terrenos que se encuentran en Santa Cruz de la Sierra, según lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por la comuna cruceña en 1995. A las 15:00, el ex oficial mayor de Defensa Ciudadana, Herland Vhiestrox, también se presentará a declarar ante la Fiscalía.

   En la jornada   

– Las acusadas. Al finalizar las declaraciones que prestaron ante los fiscales Anticorrupción, las arquitectas María Ernestina Costas e Isabel Vera evitaron hacer declaraciones a la prensa. Se conoció que tras conocer la determinación de los fiscales, Vera sufrió una crisis de nervios.

– Comisión. El alcalde de Warnes, Nyls Carmona,  concejales, asesores y técnicos de la Alcaldía  recorrieron ayer la zona entre las provincias Warnes y Andrés Ibáñez, para verificar el límite de ambos municipios.

– Informe. En ese lugar, Carmona ex­pli­có so­bre la pre­sen­cia de ur­ba­ni­za­cio­nes en la zo­na, cu­ya apro­ba­ción se ges­tio­nó des­de 1997 y la úl­ti­ma fue en oc­tu­bre de 2007, que es la de Va­lle­ci­to I.

– Declaración. Miguel Ángel Linares, gerente de la Cooperativa Sudamérica, será citado para que declare mañana por la compra de los terrenos de Vallecito I.

  Las reacciones  

Senador. El senador cruceño disidente del MAS, Guido Guardia, llegó hasta el Ministerio Público para pedir que no sólo se investigue la demolición de las viviendas en Vallecito I, sino que se instruya la paralización de todos los proyectos de construcción de viviendas. El argumento de Guardia es que dicha destrucción evidenció que hay corrupción en la compra de los terrenos y sobreprecios de las casas.

Gobierno. El asesor jurídico del Ministerio de Obras Públicas, Humberto Quispe, restó importancia a la petición de Guardia y justificó la vigencia del proyecto de vivienda porque es de corte social, destinado para las personas de escasos recursos económicos.

Respaldo. El Colegio de Arquitectos de Santa Cruz emitió ayer el informe en el que el precio de las 104 casas destruidas no superan los $us 500.000.