El Comité Cívico une a sectores en lucha por la tierra

Los hacendados denuncian al INRA.
Productores y ganaderos llegaron ayer hasta el Comité pro Santa Cruz para denunciar los ‘atropellos’ del INRA. El Gobierno reinició el saneamiento y un decreto autoriza la reversión en caso de esclavitud.

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• Vigilia • Familiares de los ganaderos afectados llegaron hasta la plaza 24 de Septiembre para protestar por los abusos cometidos durante el ingreso del INRA a la zona de Alto Parapetí.



El Nuevo Día

El reinicio del saneamiento de tierras en Alto Parapetí articuló a la institucionalidad de Santa Cruz contra el Gobierno, por considerar que el proceso está marcado por la ilegalidad y los atropellos.

Las instituciones cruceñas se reunieron ayer en el Comité pro Santa Cruz y rechazaron en conjunto las medidas asumidas por el viceministro Alejandro Almaraz y anuncian que interpondrán medidas legales para frenar los trabajos del INRA

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), familiares de los hacendados afectados y miembros del directorio del comité cívico se reunieron ayer desde las 17.00, para escuchar sobre las acciones del Gobierno en la zona Alto Parapetí

De la reunión no salió ningún pronunciamiento ni medidas a tomar, pero se sumaron más voces de rechazo. “Estamos preocupados por los abusos. No se está respetando la ley ni los derechos, mientras en Santa Cruz el comandante de la policía habla de seguridad, en el Chaco los policías atropellan”, dijo el líder cívico Branco Marinkovic, al final del encuentro.

“La preocupación de la gente es que están matando ganado, se comen a los animales y otros productos”, denunció Guido Náyar de Fegasacruz. El principal dirigente del sector se refirió a los miembros de la comisión como “delincuentes” por que ingresaron encapuchados y amedrentaron a los trabajadores de las propiedades agrícolas en el Alto Parapetí.

“El Gobierno cree que con esta política de la amenaza y el chantaje va a tener éxito y quitar las tierras, causando terror y miedo para que nadie se defienda”, comento.

Náyar no descartó la posibilidad de pedir una interpelación para el viceministro Almaraz, tomando en cuenta que una comisión de parlamentarios visitara mañana las propiedades afectadas.

“Corresponde paralizar el proceso de saneamiento, hasta que no se recobre la racionalidad”, señalo Mauricio Roca, presidente de la CAO

“No por el hecho de que el Gobierno viole las leyes nosotros lo vamos a aplaudir, esperamos que la ley nos permita demostrar nuestro desacuerdo y apoyar a las gente que lo necesite”, dijo Roca, quien reconoció que paralizar el saneamiento sera una decisión política que deberán tomar las autoridades nacionales y departamentales.

“Resulta muy grave para el proceso de saneamiento el tener que utilizar de esta manera la fuerza pública, la violencia, eso hace inviable el proceso”, dijo el asesor de la CAO, Luis Baldomar. Agregó que “si bien rechazamos los eventos de violencia protagonizados por algunos hacendados, tampoco podemos decir que sea bueno amarrar gente, entrar a las haciendas y golpear, eso le hace mal al proceso».

“Los reducimos, los amarramos, pero nada se parece a la violencia demencial de los hacendados”, dijo el viceministro Alejandro Almaraz en contacto con la red ATB.

Por el momento el agro sólo ha expresado su protesta, pero tomará decisiones en el Congreso Agropecuario, su máxima instancia de decisión, a realizarse el 2 de diciembre.

Notificaciones llegan después

Los propietarios de los predios donde ingresó el INRA el pasado viernes, denunciaron que fueron notificados sobre el proceso de saneamiento después del ingreso de la comisión, acompañada de policías.

La comitiva del INRA ingresó ese día a las haciendas Caraparicito, Buena Vista y Huraca. Elides Chávez, familiar de los propietarios de Buena Vista, contó que pudo constatar tras un recorrido que se cometieron abusos y atropellos a los trabajadores de este predio.

Chávez llegó ayer hasta Santa Cruz para denunciar lo sucedido el viernes por la mañana, y en busca de apoyo para el inicio de medidas legales

“No sabemos a quién denunciar, eran personas encapuchadas, ante que autoridad vamos a hablar”, lamentó Chavez.

Guido Náyar, presidente de Fegasacruz, informó que los otros afectados tampoco fueron notificados antes del ingreso del INRA .

‘Tomaremos acciones para defendernos’
Punto de vista
 Guido Náyar, presidente de Fegasacruz

“La ausencia de atención por parte del gobierno en el tema de la sequía y la intervención ilegal que ha hecho en la zona del Alto Parapetí, son parte de los temas que le expondremos al directorio del Comité pro Santa Cruz, y además las acciones que pretendían hacer en el Beni con los menonitas. Hablaremos sobre la actitud arbitraria e ilegal de Almaraz en el Alto Parapetí. Haremos un análisis para tomar acciones y defender el derecho al trabajo, la propiedad privada, los temas jurídicos lo llevarán adelante los afectados, pero la defensa de los principios es una atribución del comité. Acompañaremos a la comisión de parlamentarios que viajarán (mañana) a la zona del Alto Parapetí, donde constatarán los atropellos cometidos”.

 

Los hacendados denuncian al INRA

El Gobierno ingresó el viernes a las haciendas Caraparicito, Buena Vista y Huaraca para iniciar el saneamiento en Alto Parapetí. Propietarios y empleados dicen haber sido víctimas de robo y otros atropellos ese día.

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• Abril del 2008 • Pobladores del municipio de Cuevo cierran el paso vehicular para que el INRA no llegue a Alto Parapetí.

La Razón

Tras la incursión que realizó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Alto Parapetí (Santa Cruz) el viernes, hacendados y empleados de esas propiedades denunciaron abusos y excesos en las acciones dirigidas por el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, y demandaron garantías al Gobierno.

“Ingresó la Policía, encapuchada y con tiros al aire, amedrentando a la gente. Se robaron víveres y alimentos; golpearon a los cuidadores de las casas, destruyeron todo en las habitaciones; se llevaron ropa, cajas fuertes con documentación; se robaron la producción de queso de toda la semana. No tenemos garantías”, manifestó ayer Ximena Guzmán, familiar de los dueños de la hacienda Buena Vista.

Guzmán y otros familiares, en su mayoría mujeres, realizaron ayer una vigilia en el atrio de la Catedral de la ciudad de Santa Cruz como una medida de protesta por lo ocurrido el viernes.

Ese día, personal del INRA ingresó con la Policía a las haciendas Caraparicito, Buena Vista y Huaraca para iniciar el proceso de saneamiento en Alto Parapetí.

Almaraz, en una rueda de prensa ofrecida el lunes, negó que se hayan cometido excesos durante la incursión. “El ingreso (a Caraparicito) ha sido altamente profesional, notablemente mesurado y absolutamente ceñido al marco de la ley. A nadie se torturó, a nadie se golpeó y los destrozos no son de magnitud”, dijo.

No obstante, un informe elaborado por la asesora legal de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Eliane Capobianco, establece que policías y militares “atropellaron con un vehículo el portón de la hacienda Caraparicito”; a donde ingresaron un total de 20 motorizados, 80 uniformados y 50 campesinos.

El documento señala que rompieron las puertas de las habitaciones de la casa y del hotel turístico con disparos. Luego, agrega, se llevaron al encargado de la hacienda, Marcos Becerra, a la casa principal donde fue torturado, amedrentado y golpeado para hacerle firmar un documento que autorice el ingreso del INRA para el saneamiento.

El informe de Capobianco menciona que los efectivos robaron de la casa aparatos de sonido, radios de comunicación, televisores, reproductores DVD, computadoras, impresoras, cuadros, dinero, documentos, turriles de gasolina y diesel, baterías para vehículos y un panel solar.

Del hotel, añade, se llevaron garrafas, vajilla, utensilios de cocina, licuadoras y tostadoras.

El dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, (APG), Wilson Changaray, declaró a la red Erbol que 19 comunidades guaraníes se beneficiarán con el saneamiento en Alto Parapetí.

La Red ATB reportó que la propietaria de la hacienda Buena Vista y esposa de Ernesto Chávez Aguilera, dijo “han roto puertas, han entrado, han metido bala a la radio y han sacado todo lo que había” en el lugar. Jovita Jarillo, quien vive en la hacienda Huaraca, propiedad de Mario Malpartida, narró que “se entraron como si fueran malvivientes, robaron pollos, cerdos, y otros alimentos. Nos amenazaron”.

Almaraz sostuvo que tanto en Buena Vista como en Huaraca se incautaron de escopetas y de equipos de radiocomunicación con los que se pudo captar conversaciones con empleados de Caraparicito que habían solicitado apoyo para evitar la actuación del personal del INRA. Dijo que la finalidad era evitar la violencia.

La Brigada Parlamentaria cruceña anunció este martes, en un comunicado, que una comisión se trasladará a Alto Parapetí para investigar lo ocurrido el viernes.

El prefecto cruceño Rubén Costas, por su parte, denunció que las acciones del INRA ocasionaron la destrucción de dos sistemas de agua y paralizaron la construcción de 95 viviendas en Cuevo y Lagunillas.

La ley rige, dice la Federación

Para el ejecutivo de la Federación de Campesinos del Beni, Gustavo Moreno, el destino de la comunidad menonita, asentada en la provincia Cercado, está sujeto a la ley. Según Moreno, la marcha de campesinos del lunes no fue en apoyo a esta colonia, sino en rechazo al prefecto beniano, Ernesto Suárez.

“Yo creo que la ley va a imperar. Si estos señores (los menonitas) presentaron documentos (de identidad), si el 80 por ciento nació en Bolivia y si la justicia les favorece, pues la ley tiene que imperar”, dijo ayer sobre el anuncio del Gobierno de desalojar a esa comunidad por considerar ilegal su asentamiento.

El lunes, cientos de campesinos arribaron a Trinidad junto con menonitas para demandar su permanencia. Allí se reunieron con Moreno y con el máximo líder de los campesinos, Isaac Ávalos. Según reportó la red Uno, Ávalos habría sido retenido 10 horas por los marchistas, pero Moreno lo negó y aseguró que los comunarios “no vinieron a marchar por los menonitas”, sino “por la marginación (sufrida por parte) del gobierno departamental”.

Suspenden el desalojo a los menonitas

El Nuevo Día

Beni. El ministro de Agricultura, Carlos Romero, anunció que el desalojo de los colonos menonitas de tierras fiscales en Beni se suspendió; la decisión se toma luego de sostener una reunión con dirigentes campesinos nacionales, departamentales y representantes de los menonitas,

Romero indicó que esperaran los resultados de acreditación presentados al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para luego proceder a la verificación de derecho propietario de las 45 mil hectáreas, situadas en el polígono 106, colonia San Javier de la provincia Cercado en el Beni.

La colonia menonita, denominada también Comunidad Río Negro, se instaló hace tres años a 111 kilómetros al Este de la ciudad de Trinidad, aparentemente sin tener papeles que acrediten su derecho propietario en el polígono 106.

Un centenar de campesinos protagonizó una marcha que llegó el lunes a Trinidad y que protestó por el anunciado desalojo de los menonitas

Los colonos de origen extranjero pero nacidos en Bolivia, fueron amenazados por el viceministro de tierras Alejandro Almaraz, quien comento que de ser necesario podrían recurrir al uso de la fuerza pública si los menonitas ofrecían resistencia y se negaban a salir de los predios donde trabajan. La comunidad de menonitas «Swift Current» está compuesta por 53 familias; se asentaron después de la promulgación de la ley de reforma agraria de 1996 y por eso surge el conflicto. Agencias