Corrupción. Buscan más pruebas contra Miguel Linares.
Medidas. El Gobierno no habla de los sobreprecios de los terrenos. El ministro Coca recordó que sólo financian proyectos.
El Deber
Igor Ruiz
Demolición. Buscan que el alcalde Percy Fernández asuma su responsabilidad sobre las casas en el norte. La defensa del municipio recordó que el contralor está querellado por otro caso
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El Gobierno pidió al contralor general de la República, Osvaldo Gutiérrez, que realice una auditoría para determinar la responsabilidad ejecutiva del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, en el tema de la demolición de 102 casas el 28 de octubre en la urbanización Vallecito I.
En el oficio enviado el 31 de octubre por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Óscar Coca, al burgomaestre Fernández se hablaba que el daño económico por los destrozos ascendía a Bs 17.681.279. Sin embargo, Coca manifestó ayer que será la justicia la que fijará el resarcimiento por la destrucción de las viviendas.
Igualmente, Coca le pidió al contralor que se establezca la responsabilidad ejecutiva de Percy Fernández, porque éste asumió la posición de supuesto desconocimiento de los hechos. Si es hallado culpable de negligencia, el burgomaestre capitalino sería destituido sin perjuicio de la responsabilidad civil en la que estaría inmerso. “Por ser la máxima autoridad ejecutiva del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, el alcalde debe responder por lo ocurrido y la ley establecerá si va o no preso”, agregó el ministro.
Para el director jurídico del municipio capitalino, José María Cabrera, el contralor general de la República está impedido de efectuar algún tipo de auditoría al alcalde Percy Fernández, por cuanto dicha autoridad es uno de los querellados por la comuna cruceña por el negocio de $us 5 millones de los lotes en el Plan Tres Mil, ocurrido en la gestión del ex burgomaestre Roberto Fernández. “Gutiérrez no puede tener imparcialidad para hacer la revisión contable del derribo de las viviendas en el norte, porque el alcalde es el querellante de un caso anterior cuando el contralor era oficial mayor administrativo de la gestión de Roberto Fernández”, recordó.
“Ya hubo un antecedente cuando el año pasado el contralor intentó hacer una auditoría al departamento jurídico del municipio, a cargo de mi persona, pero no lo pudo realizar porque también soy querellante”, expresó.
Según la Ley Safco, cuando hay incompatibilidad entre el contralor y una autoridad específica, lo que se sugiere hacer es llamar a una licitación internacional para que una empresa auditora independiente haga la revisión. “Si se llega a dar la auditoría, nuestro municipio no tiene ningún temor, porque estamos dispuestos a demostrar las irregularidades que cometió el Gobierno sobre la construcción de la urbanización demolida. Sobre el pedido de destitución de Percy Fernández, está claro el objetivo político, buscan descabezar a la oposición”, añadió Cabrera.
Acerca de los sobreprecios de los terrenos, Coca indicó que ninguna autoridad hablará de ello. “Por eso hemos pedido las auditorías al contralor”, añadió la autoridad.
Revisarán los pagos adelantados
En lo que respecta a la entrega adelantada de Bs 3,4 millones para el proyecto Vallecito I antes de que se apruebe en Warnes, el viceministro de Transporte, José Kinn, reveló que se pidió una auditoría interna especial.
El superintendente de Electricidad, Jerges Mercado, que el año pasado en septiembre fungía como ministro de Vivienda, informó de que en su administración se aprobó la construcción de 5.000 casas en el país, pero su autoridad no tuvo intromisión alguna porque había un equipo técnico que definía y aprobaba los planes. “En ningún momento yo obtuve alguna comisión por favorecer a alguna cooperativa; en mi gestión todo fue transparente, y si debo comparecer ante alguna autoridad que investigue el caso, lo haré para aclarar todo”, anotó Mercado. Ese equipo técnico evaluador de parte del Gobierno, también llamado Comité de Administración del Programa de Vivienda Social y Solidaria, está compuesto por tres miembros provenientes de los ministerios de Planificación, de la Presidencia y de Obras Públicas. El año pasado Fernando Pizarro era el representante del Ministerio de la Presidencia y Marcelo Zurita ejercía las funciones de viceministro de Vivienda, y fue en su gestión que figuran dos desembolsos antes de que la urbanización Vallecito I sea aprobada por la Alcaldía de Warnes el 30 de octubre. “Mauricio Zurita debe ser convocado por la Unidad de Auditoría Interna del ministerio porque debe aclarar sobre la irregularidad al entregar dinero antes de que la urbanización sea aprobada en Warnes”, dijo Kinn.
Nada frenará construcción de más casas
Ni las denuncias de sobreprecio en la construcción de las casas de la urbanización El Vallecito 1 frenarán el Plan de vivienda elaborado por el Gobierno. Así lo dijo el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, que anunció ayer que el próximo año se construirán 27.000 viviendas populares, con una inversión de Bs 122 millones.
Con relación a las denuncias de sobreprecio en los planes habitacionales, Villegas indicó que esto no frenará la edificación de las casas programadas. “Vamos a hacer una calificación minuciosa de las instituciones de intermediación; tomaremos todas las precauciones. El caso de Santa Cruz a nosotros nos alerta, pero tenemos que hacer realidad las 27.000 casas que se han programado y también evitar y eliminar cualquier caso de corrupción”. /WGO
Cronología
5 de junio de 2007. Ingresa al Comité de Administración del Programa de Vivienda Social y Solidaria el proyecto de Vallecito I.
22 de agosto. Dicho comité aprueba el plan habitacional por un valor de Bs 9.521.279.
14 de septiembre. Efectúan el primer desembolso de Bs 1.901.475.
28 de septiembre. Hacen el segundo pago de Bs 1.542.865.
30 de octubre. Mediante Resolución Administrativa Nº 92-30/10/07, el alcalde de Warnes, Nyls Ottoniel Carmona Zambrana, aprueba la urbanización Vallecito I.
20 de diciembre. Se realiza el tercer desembolso de Bs 222.617,63.
Buscan más pruebas contra Miguel Linares
Demolición. Los fiscales allanaron dos oficinas de la cooperativa Sudamérica. Están en busca de Miguel Ángel Linares y Ronald Choque para los cuales hay órdenes de aprehensión
Fallido. El fiscal Osinaga llegó a Viru Viru en busca de Linares, que al final no llegó
Christian Peña y Lillo H.
Los fiscales Alexander Osinaga, José Antonio Abella y José Centenaro, que investigan los supuestos hechos de estafa y corrupción en los que estaría implicado el gerente general de la cooperativa Sudamérica, Miguel Ángel Linares, requisaron ayer, por segunda vez en menos de tres días, la oficina central de la entidad financiera, y por primera vez una de sus sucursales, ubicada sobre la av. El Trompillo.
Los representantes del Ministerio Público indicaron que este trabajo es parte de las pesquisas que se llevan adelante con la finalidad de encontrar más pruebas que puedan demostrar los nexos de Linares con la compra de terrenos, supuestamente realizada de forma ilícita, a través de terceros como Miciel Alma Rodríguez y Ronald Choque.
“Se está buscando documentación sobre la adquisición de las viviendas”, precisó Osinaga al salir de las oficinas de la sucursal de la cooperativa, donde según su versión no se encontraron documentos que impliquen a los sindicados.
Abella coincidió con Osinaga, pero agregó que en las oficinas centrales de la entidad sí se logró secuestrar documentos importantes para las investigaciones.
Extraoficialmente se conoció que los papeles que fueron encontrados vinculan de manera directa a Linares con la compra de los terrenos donde se construyó la urbanización Vallecito I y que generó un proceso en contra de funcionarios de la Alcaldía cruceña por haber demolido más de 100 casas.
Por otra parte, en horas de la tarde se esperaba que Linares llegue en el vuelo 103 de AeroSur, el mismo que arribó al aeropuerto Viru Viru a las 15:30 proveniente de La Paz.
Osinaga, llegó hasta la terminal aérea con la orden de aprehensión en contra del sindicado, para que éste brinde su declaración informativa. “Hemos verificado que no se encontraba en la aeronave y vamos a utilizar otros medios para hacer cumplir el mandamiento de aprehensión contra este señor”, precisó el fiscal.
Los tres casos que se investigan
Destrucción de las casas
Proceso. La Fiscalía se querelló contra cuatro ex funcionarios del municipio cruceño, acusándolos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica y daños en contra del Estado. Esto debido a la demolición de más de 100 casas en la urbanización Vallecito I.
Sindicados. Los implicados en estos hechos fueron liberados por orden la jueza Esther Montaño, que los benefició con medidas sustitutivas a su detención preventiva. Los fiscales solicitaron su encarcelamiento.
Supuesta estafa
Proceso. El Ministerio Público trata de establecer los delitos que se pudieron haber cometido en la presunta compra irregular de terrenos donde se construyó la urbanización Vallecito I, de los cuales aparece como propietaria Miciel Alma Rodríguez Suárez, una mujer de condición humilde.
Implicados. En este hecho están siendo investigados Rodríguez y el propietario de la cooperativa Su- damérica, Miguel Ángel Linares, sobre quien existe una orden de aprehensión fiscal.
Presunto ‘palo blanco’
Proceso. Se están investigando los nexos que pudieran existir entre el señor Ronald Choque Aguilar, un guardia de seguridad, que aparece como propietario de terrenos en La Guardia, Montero y en la capital cruceña, donde se tenía planificado ejecutar planes de vivienda social.
Acusados. Choque está siendo buscado por la Fiscalía con una orden de aprehensión. La constructora Mi Residencia, que aparece como adjudicataria de las tres obras, aún no señala nada.