Abusos en toma de otras dos haciendas en el Chaco.
El proceso abarcará entre 50 y 100 predios. Para ello, si es necesario, se empleará la fuerza pública. La Subprefectura de Cordillera habla de un “revanchismo político”. Los ganaderos analizan medidas de resistencia.
Operativos. La finca Guaraca fue allanada por el INRA y los militares. Hubo destrozos en esta propiedad rural (foto El Deber)
La Razón
Luego de la toma el viernes de la hacienda Caraparicito, en Alto Parapetí, el Gobierno prevé sanear y titular aproximadamente 150 mil hectáreas de tierra en la región en los próximos tres meses. La Subprefectura de la provincia Cordillera (Santa Cruz), donde se encuentra el predio, considera el proceso como “revanchismo político” y los ganaderos de la zona analizan la situación y adelantan medidas.
El secretario general del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan de Dios Fernández, adelantó que el saneamiento de estas 150 mil hectáreas abarcará entre 50 y 100 predios, aunque aclaró que el proceso se hará en todo el país y no sólo en Santa Cruz, pues este año se prevé titular 9,5 millones de hectáreas a nivel nacional.
“No hay ninguna guerra por la tierra. Se trata de un tema técnico. Si en algún lugar estamos enfrentando conflictos es porque (los propietarios) posiblemente creen que sus intereses y derechos van a ser vulnerados y esto puede ser un motivo de reacción; ellos tienen intereses políticos”.
El Gobierno ocupó el viernes la hacienda Caraparicito, ubicada en el Chaco cruceño, a la que no pudo ingresar en dos ocasiones este año. Producto del operativo se detuvo a tres empleados de la hacienda, de propiedad del estadounidense Ronald Larsen.
El subprefecto de Cordillera, Marcelino Apurani, calificó el operativo como un “atropello”. La acción fue llevada adelante por técnicos del INRA, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz; una veintena de policías y un representante del Ministerio Público.
“Un revanchismo político es lo que se está haciendo… Más allá de intentar legalizar los derechos agrarios, creo que es revanchismo, odio y resentimiento que (Almaraz) tiene contra aquellos que se han opuesto a los procedimientos de la actual gestión”, dijo.
Apurani informó que los actores afectados de la región todavía analizan la situación para luego llevar una posición a una reunión que sostendrán mañana con el fin de definir estrategias de resistencia al proceso.
Según el subprefecto, de este encuentro y posteriormente de las medidas conjuntas a tomar participarían los comités cívicos de la región y la Federación de Ganaderos. “Lo único que a mí me queda es apoyar y que no se llegue a un enfrentamiento”, dijo.
Afirmó también que la Prefectura cruceña amplió las Tierras Comunitarias de Origen para evitar que se utilice temas como la esclavitud como argumentos para arremeter con el proceso.
Ejecutivo advierte con usar la fuerza si es necesario
“Creo que la señal que hemos dado es contundente: vamos a usar la fuerza pública cuando sea necesario…”, aseguró ayer el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, refiriéndose a la ocupación el viernes de la hacienda Caraparicito, donde se detuvo a tres personas que resistieron la toma disparando armas de fuego.
Rada hizo la advertencia ayer por la mañana durante una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz, donde presentó el acta de secuestro de objetos de la mencionada hacienda.
La mayoría de estos objetos son armas de fuego, entre las que figura una metralleta marca sturm calibre 2.23 y un fusil con la impresión BMP, además tres rifles, dos escopetas y una gran cantidad de cartuchos de diferente calibre.
El Ministro de Gobierno también presentó la nómina con los nombres de los detenidos: Simón Olmos Melga, Hugo Rioja Salas y Ramón Romero Rojas, quienes pasaron al Ministerio Público acusados por los siguientes delitos: tentativa de homicidio, terrorismo, sedición, asociación delictuosa, impedir el ejercicio de funciones, resistencia a la autoridad y amenazas.
A decir de Rada, para la detención de las tres personas debió recurrirse a un grupo de élite de la Policía debido a la resistencia armada que ofrecieron y considerando que ya hubo dos intentos fallidos de toma de la hacienda en febrero y en abril.
“Quienes pensaban hace algunos meses que conformando grupos violentos, armados, organizando grupos de paramilitares, iban a detener la ley agraria, se han equivocado”, dijo Rada.
“La señal que dimos en Alto Parapetí es que vamos a acudir a todos los mecanismos de coerción constitucionalmente previstos… El saneamiento de la propiedad agraria está consagrado por ley… Es un proceso que va a continuar en cualquier punto del país, no se va a permitir que cualquier propietario privado trate de imponer sus propias leyes”, sentenció el titular de Gobierno.
ACTA DE SECUESTRO
Armamento • Tres rifles, dos escopetas, una carabina, un fusil, una metralleta, cientos de cartuchos de diferentes calibres, cargadores y cápsulas de agentes químicos…
Otros objetos • Registro de huéspedes de la hacienda Caraparicito, hondas con resorteras, un CPU, calcetines donde se encontraron algunas municiones y maletín pequeño.
Excesos en toma de otras dos haciendas en el Chaco
Abusos. Trabajadores de las propiedades acusan a los efectivos del Ejército de destruir puertas y equipos de comunicación. Los detenidos se defenderán en libertad. El Ejecutivo insiste en su política de tierras
El Deber
Wilson Guzmán. Camiri
En las dos haciendas en Alto Parapetí intervenidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y por militares, como parte del proceso de saneamiento instaurado en la TCO de dicha región, se incurrieron en excesos, según pudo confirmar la prensa y de acuerdo a los testimonios de los afectados.
Los trabajadores denunciaron que los militares ingresaron de forma violenta al lugar, rompieron a patadas las puertas, requisaron cuanto encontraban a su paso e inclusive en la propiedad Guaraca, de Mario Malpartida, los apalearon y maniataron durante varias horas, aunque finalmente los dejaron en libertad.
El ingreso de los militares se produjo el viernes tras el mediodía, mientras los periodistas a los que convocó el Gobierno debieron aguardar la conferencia de prensa brindada por el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, con relación al reinicio del saneamiento en la zona.
La primera en ser intervenida por el INRA fue la hacienda Buena Vista de propiedad de Julia Aguilera y René Ernesto Chávez. De acuerdo a lo informado por los jornaleros de la finca, los militares ingresaron realizando disparos y atemorizaron a la única persona que estaba ahí, la cocinera. Se pudo observar que todas las puertas estaban forzadas, los cuartos requisados, un equipo de radiocomunicación fue inutilizado de un balazo e incluso se llevaron los quesos que se habían producido recientemente. Ayer al mediodía un contingente policial se hizo presente para resguardar la propiedad.
El predio Guaraca, de Mario Malpartida, fue la segunda propiedad a la que ingresó el INRA. Los peones denunciaron que los militares ingresaron haciendo disparos al aire, lo cual los atemorizó. Posteriormente los redujeron, los golpearon para finalmente maniatarlos a un costado de la casa. “Estaban buscando al dueño, nos preguntaban dónde estaba él”, contaron. También indicaron que les quitaron el dinero que tenían en sus bolsillos y un equipo de radiocomunicación.
En la hacienda se pudo observar que había varias puertas rotas y que inclusive una antena parabólica fue destruida, acción que fue atribuida a los militares. Un contingente policial, a cargo del mayor Carlos Fernández, quedó a cargo de la custodia de Guaraca.
Para conocer la versión de Almaraz, que está al frente de la operación, se lo buscó en la comunidad Ibieca donde, a decir del mismo viceministro, iba a esperar a la prensa ayer en la mañana. Pero al llegar al mediodía al lugar pactado, los técnicos del INRA comunicaron que Almaraz se había marchado a las 10:00 y luego fue imposible contactarlo, pese a que se lo llamó por teléfono en reiteradas oportunidades, pero el funcionario no atendió las llamadas.
Tampoco se pudo conversar con los jefes militares a cargo del operativo, porque ya no estaban en el lugar.
Gobierno: se cumplirá la Ley Agraria
El Poder Ejecutivo aseguró ayer que nada impedirá el cumplimiento de Ley Agraria y la verificación de la Función Económica Social (FES) en el país. «Nosotros vamos a acudir a todos los mecanismos de coerción legal, constitucionalmente previstos, vamos a acudir a la fuerza pública. En el caso de que hubiera resistencia, mucho más si esa resistencia es violenta, vamos a aplicar la Ley de Tierras», aseguró el ministro de Gobierno, Alfredo Rada en rueda de prensa.
Los tres detenidos, Raúl Olmos Melgar, Saúl Romero Rojas y Ramón Romero Rojas, a los que se les acusa por impedir la tarea del INRA en la provincia de Cordillera, además por tentativa de asesinato, homicidio, sedición, asociación delictuosa, amenazas, tratar de impedir y observar el ejercicio de funciones, resistencia a la autoridad y terrorismo, se podrán defender en libertad luego que en la cautelar de ayer se le dio medidas sustitutivas.
Los acusados no podrán dejar Cordillera, deberán presentarse una vez a la semana a la fiscalía de Camiri, sus pertenencia deberán ser retiradas de las haciendas antes de 72 horas y no podrán comunicarse entre sí.
En el lugar
– Producción. En la hacienda Buena Vista se siembra maíz y maní, en tanto que en Guaraca sólo maíz. En ambas propiedades se cría ganado vacuno y caballar y también hay aves de corral que son para consumo propio.
– Operativo. La intervención de las propiedades estuvo a cargo de un grupo especial de militares llegado desde La Paz. No facilitaron el nombre del oficial que dirigía las operaciones ni la cantidad de efectivos destacados a esta labor. Los policías asignados a la zona sólo realizan labores de resguardo de las fincas.
– Versiones. De acuerdo a lo informado por los trabajadores de las haciendas intervenidas, el personal del INRA no les dejó ninguna notificación. El viceministro Almaraz tiene otra versión, que sí se entregó notificaciones de saneamiento.
– Quejas. Los ganaderos señalaron que la manera en que el INRA reinició el saneamiento de tierras en la zona no es el más apropiado. “Ellos debieron entregar las notificaciones e ingresar al lugar de otra manera”, protestaron. A su vez Almaraz indicó que las pericias de campo en la zona de Alto Parapetí tomará entre uno y dos meses.