El país vive bajo régimen de facto porque el Gobierno viola las leyes

Asegura analista político tarijeño• Critica conducta del Ejecutivo en relación a la situación jurídica del depuesto prefecto de Pando, Leopoldo Fernández .

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Comisión técnica de Unasur sale de la cárcel de San Pedro luego de entrevistarse con Leopoldo Fernández.

 

Tarija, (EL DIARIO).- El analista político tarijeño, Luis Pedraza, cuestionó la conducta jurídica del actual Gobierno señalando que todas las últimas actuaciones gubernamentales están al margen de la ley y que Bolivia hoy por hoy es gobernado al parecer por un régimen al que sólo le falta declarar la abolición del estado de derecho y decir que los bolivianos “estamos sometidos a una dictadura”.



“Lamentablemente hemos retrocedido en el tiempo y retornado al régimen dictatorial que imperó en el país hasta noviembre de 1982. Estamos bajo un gobierno de facto donde se abolió el estado de derecho, porque el Poder Ejecutivo ni siquiera respeta mínimamente los preceptos constitucionales que pretende someter a un referéndum en enero próximo”, declaró Pedraza.

El analista se refirió así a la conducta asumida por el Primer Mandatario en particular, y todos los miembros del Poder Ejecutivo en relación a la situación jurídica del depuesto prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien se mantiene retenido en el penal de San Pedro, pese a un fallo de recurso de hábeas corpus presentado en la Corte de Distrito de Sucre.

“Desde el primer momento de la detención arbitraria del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández que fue ratificado por el mandato popular en el referéndum del 10 de agosto, se violaron sistemáticamente todos sus derechos constitucionales y ciudadanos. Se lo detuvo arbitrariamente, no sólo sometió al debido proceso y se violaron todas sus garantías constitucionales”, remarcó Pedraza.

El analista dijo que hasta el momento ningún funcionario gubernamental ha podido demostrar o probar que Leopoldo Fernández estuvo en la localidad de El Porvenir ese fatídico 11 de septiembre y menos que hubiera empuñado un arma y que hubiera disparado para que se le pueda imputar el delito de asesinato.

Pedraza también cuestionó el hecho de que los medios de prensa y las autoridades del Gobierno se refieran a Leopoldo Fernández como el ex prefecto de Pando, cosa que es totalmente falsa y sin sentido porque esa autoridad mantiene intacto su mandato popular, porque nadie ha podido demostrar que Fernández cometió algún delito que sirva como causal para despojarle de su autoridad que emana de la ley.

Recordó que Leopoldo Fernández fue elegido Prefecto de Pando el 18 de diciembre de 2005 con una votación de 9.958 sufragios y que fue ratificado en el cargo durante el referéndum del 10 de agosto de 2008 con 14.841 votos a su favor que representan un incremento del 49.3 por ciento de su caudal electoral.

“Tampoco hasta ahora nadie ha podido probar en el país la presunta culpabilidad de Leopoldo Fernández en los supuestos delitos que se le imputan, por lo que si se suspende el Estado de Sitio en Pando, nada impediría que ese político reasuma sus funciones como manda la ley”, reflexionó Pedraza.

LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN

Por su parte el constitucionalista y docente universitario, Alberto López Centellas se refirió al mismo tema señalando que en el caso del proceso judicial al que es ilegalmente sometido el prefecto Leopoldo Fernández, se han violentado sus más elementales derechos ciudadanos, porque esa autoridad que goza del beneficio del caso de corte, sólo debería ser enjuiciado y encarcelado previo juicio de responsabilidades que debe ser autorizado por dos tercios de votos en el Congreso de la República y recluido en caso de ser hallado culpable de los delitos que se le imputan.

“En el marco estrictamente jurídico en el caso del ciudadano Leopoldo Fernández, se han cometido una serie de abusos y violentado sus más elementales derechos constitucionales y humanos como es haber infringido su derecho a la libertad de locomoción”, remarcó López.