¿Qué está esperando el Gobierno para aplicar las leyes de la República de Bolivia en Achacachi, tan cerca de La Paz? El país aguarda una actitud ecuánime, sin preferencias ni antipatías, para emitir una señal de fortalecimiento de la unidad nacional.
La Razón
Editorial
Reunidos en un cabildo abierto, los habitantes de Achacachi declararon un “estado de sitio civil”, para impedir que la justicia boliviana pueda realizar las tareas que correspondan en las investigaciones sobre los linchamientos que se produjeron entre el domingo 19 y el lunes 20 de este mes.
El hecho pone en cuestión la capacidad de las autoridades nacionales de aplicar las leyes en todo el territorio, o por lo menos aplicarla en todas partes con la misma intensidad.
Desde las trágicas horas de la madrugada del domingo, Achacachi ha comenzado a desafiar al Estado y, con él, también a su gobierno. Los habitantes de aquella aguerrida población paceña rechazaron los primeros intentos de la Policía y del Ejército de tomar la plaza y proteger a los presuntos delincuentes, que eran masacrados luego de haber sido sorprendidos, presuntamente, cometiendo delitos en plena fiesta popular.
Sólo a través de una negociación la Policía Nacional logró sacar del lugar a las víctimas, que estaban, como se vio por los medios audiovisuales e impresos, en condiciones inhumanas. Pero, los líderes del pueblo ni siquiera están decididos a que se pruebe las palabras de esa autoridad mediante una investigación que podría, eventualmente, dar como resultado que los achacacheños actuaron, en efecto, en legítima defensa.
Mientras la administración de Evo Morales duda acerca de cómo actuar en este caso de abierta rebelión contra las leyes del país, es inevitable comparar esta situación con la que se dio en Cobija, donde el mismo Gobierno aplicó las normas vigentes sin titubear. Y las sigue aplicando después de haber dictado el estado de sitio en Pando.
Tan deterioradas están las cosas en Bolivia que se actúa con dureza en la región opositora de Pando y con flexibilidad en Achacachi, cuya plaza electoral pareciera estar siendo cuidada.
Hasta ahora nadie ha investigado quiénes y por qué incendiaron las prefecturas de Cochabamba y Potosí, mientras que los dirigentes de Cobija, Trinidad, Santa Cruz y Tarija, que atentaron contra otras propiedades del Estado, han sido sometidos a un trato severo. Tampoco se sabe de confinados masistas, por ejemplo.
Los dirigentes cívicos de Cobija y Trinidad son perseguidos por haber impedido la llegada del avión presidencial a esas ciudades, pero los de Achacachi han llegado más allá, pues no dejan entrar a nadie a su ciudad y no les pasa nada.
¿Qué está esperando el Gobierno para aplicar las leyes de la República de Bolivia en Achacachi, tan cerca de La Paz? El país aguarda una actitud ecuánime, sin preferencias ni antipatías, para emitir una señal de fortalecimiento de la unidad nacional.
¿Las acciones gubernamentales se miden según la cantidad de muertos? ¿Acaso alguien puede creer que los 13 fallecidos en Pando son más valiosos que los dos de Achacachi?
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, que se muestra firme en las situaciones que afectan al Gobierno y al MAS, tiene la oportunidad de asumir una posición digna, acorde con la responsabilidad de su cargo.
Lo más importante será mostrar al mundo que los bolivianos no son salvajes, y, para ello, hace falta dar el ejemplo con el caso de Achacachi, donde se debe ejercer la ley con el mismo rigor que se la aplica en Cobija y en el resto del país.