Pando. Volvieron como se fueron, de madrugada. Ahora pueden ser citados a declarar por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Los familiares de los detenidos hacen trámite para su liberación.
José Coelho Vega, de 45 años, volvió a la capital pandina después de estar confinado durante 24 días en La Paz por incumplir el estado de sitio que se levantó el domingo. El hombre, que trabajaba en la Prefectura de ese departamento, fue recibido ayer en su vivienda por su esposa, sus hijos y algunos vecinos. Así como se vivió la euforia del regreso, hubo frustración por los 23 que siguen entre rejas.
El Deber
Roberto Navia
Sus familiares y vecinos los recibieron como a héroes de guerra. Fueron 39 los que estaban confinados en La Paz desde hace casi tres meses, pero a Cobija, ayer, a las 5:30 sólo llegaron 16, con una maleta en la mano y una sonrisa en la cara.
Del avión de la FAB salieron directo a un bus que luego los fue dejando en diferentes zonas de la ciudad. Por detrás los perseguían los familiares que habían ido a esperarlos desde las cuatro de la madrugada. Cuando se abría la puerta del vehículo, alguien sonriente bajaba, como si estuviera llegando de una batalla en la que estuvo a punto de perder la vida. Después, el motorizado seguía su marcha y el recién llegado quedaba rodeado de mucha gente que lo besaba, lo abrazaba y lo apretaba cariñosamente.
A José Coelho Vega, de 45 años, lo recibieron sus cuatro hijos y su esposa, a la que considera una mujer valerosa. Él estuvo 24 días confinado, y aún no sabe por qué, y si bien está feliz de estar con los suyos, no puede dejar de sentir tristeza por los que se quedaron en la sede de Gobierno. Tras su arribo, en su casa se instaló una fiesta y los suyos formaron un círculo donde sólo había espacio para la risa y el llanto… de alegría.
La pregunta obvia era: ¿cómo lo trataron en Viacha?
“Excelente. En ningún momento fui maltratado. Desde el comandante hasta el último soldado nos brindaron su apoyo. No tenemos quejas”, dijo este hombre que hasta antes de ser enviado a La Paz era empleado de la Prefectura. Ahora, José Coelho afirma que no sabe si su cargo en la entidad pública será respetado. Su esposa, Ninet, cuenta que ya quedaron atrás esos días grises cuando esperaba con ansias que llegue el sábado, porque era el día en que podía llamar por teléfono a su marido para saber cómo estaba.
Al otro extremo de Cobija, en una casita de madera de la calle La Paz, Arcindo Zabala, moreno y de 33 años, volvía a ver la sonrisa de su madre después de 68 días. Es de pocas palabras y su alegría se refleja cada vez que abre su boca y muestra sus dientes grandes y blancos. A Arcindo el bus lo dejó frente al surtidor El Tiste. De ahí lo recogió su hermana Elisa, que no podía explicar la felicidad que sentía. “Es como que mi hermano haya vuelto a nacer”, dijo.
Arcindo asegura que en La Paz los trataron como a reyes. “Es mentira que nos maltrataron. No pasábamos mucho frío porque nos dieron abrigo. Yo estuve con la conciencia tranquila. No quiero hablar de cómo fui detenido. Lo único que quiero decir es que estuve bien y que volver al hogar es lo mejor que le puede pasar a una persona”.
Su madre, Antonia Gómez Roca, hace a un lado su alegría para recordar que hasta ayer dormía poco y comía poco porque la tristeza la estaba consumiendo. “Mañana (por hoy) voy a prepararle a mi hijo un locrito de gallina criolla porque estoy muy contenta y agradecida con Dios”, añadió.
Alegría. Feliz de regresar, Dilson Achipa recibe un beso de su hija, de seis años
Dilson Achipa, otro de los recién llegados, ex funcionario de la Prefectura y ex candidato a alcalde del MAS, lo primero que hizo después de besar a su hija de seis años y a su esposa embarazada de siete meses, fue quitarse la barba. Lo que hará en las siguientes horas, asegura, es visitar a los familiares de sus 20 amigos que se quedaron en La Paz. Cuenta que trae el encargo de hacer saber que los confinados en La Paz se encuentran bien y que confían en el Señor para salir del trance. Achipa llora y con la voz cortada dice que le dolió hasta la última hebra de su cuerpo el haber dejado a sus paisanos presos en La Paz.
No tiene quejas de los militares con los que convivió en Viacha, pero no oculta que sufrió físicamente en el momento de su detención cuando tres hombres encapuchados lo metieron a un vehículo. “Psicológicamente también sufrimos porque nos enterábamos que de nosotros decían que éramos matones, terroristas y todas esas cosas. Uno en ese momento tiene que entregarse a Dios”. Cuenta que, en Viacha, un comandante, que es pastor, les enseñó el camino para buscar a Dios y que, además de ver tele en el cuartel, asistían a un culto y leían La Biblia.
“Eso ayudó a que muchos volvamos a tener ganas de comer y de dormir. Había semanas en que no conciliábamos el sueño y no probamos bocado. Estábamos destrozados”, cuenta. Achipa dice que antes de bajar del bus les habían instruido que pasen por la Corte de Distrito de Cobija para firmar un documento.
Pero el presidente de la Corte de Cobija, Antonio Fagalde, aseguró que ignora el tema y que si se siguen los caminos legales no hay por qué citar a los ex confinados. Pero los van a citar. La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anunció que los llamarán a declarar sobre su participación en la matanza del 11 de septiembre. Asegura que algunos aparecen en un video difundido por TVB.
Se movilizan para liberar a los otros 23
Para 23 familias de Pando el de ayer fue otro día más de tristeza porque sus seres queridos no estaban entre los que llegaron de La Paz. Todos ellos se unieron para exigir que los liberen. Las madres y hermanas de los ex confinados, que ahora están detenidos, se encontraban en las oficinas de la Policía y de los abogados recabando certificados de buena conducta, entre otros, que los acredite ante el Gobierno como ciudadanos de bien.
Maribel Musucu es hermana de Ronald (52) y William (50), que están cautelados en la sede de Gobierno. Ella dice que ambos son víctimas políticas porque el primero es concejal de la provincia Manuripi y el segundo consejero de Pando. Cuenta que habló un par de veces con ellos y que le han dicho que no los han torturado, pero que tampoco son bien atendidos. “Están en las celdas de la Corte de La Paz, no tienen ni colchón para dormir”, se lamenta. Ella se enteró hace tres días de que sus hermanos no venían en el grupo de los liberados y eso causó que hubiera empeorada la quebrantada salud de su madre. “Yo soy la que estoy manteniendo a las esposas y a los hijos de Ronald y de William”, señala.
Aidé Soria es la madre de Olman Pino Soria, otro de los cautelados en La Paz. Ella se encontraba ayer en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen solicitando el certificado de buena conducta de su hijo. Para no entorpecer la tramitación de libertad, ella prefirió no emitir comentarios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fagalde, dijo que las madres de los cautelados presentaron un hábeas corpus para tramitar la liberación de sus seres queridos, el mismo que será analizado en las próximas horas para ver si es procedente.
Presentan informe de Unasur que complica a autonomistas
Pando. El abogado argentino Rodolfo Mattarollo entregará el informe a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Hoy será la cautelar de los 21 ex confinados detenidos en La Paz
Marco Chuquimia/Agencias
Rodolfo Mattarollo presentará hoy, en Chile, el informe final de la comisión investigadora sobre los hechos de Pando, formada por la Unión de Naciones Sudamericanas. El abogado argentino, aprobó un video que forma parte del documento, el cual fue difundido por Canal 7.
En el audiovisual se identifica a funcionarios de la Prefectura de Pando, que a su vez eran dirigentes del Comité Cívico del departamento amazónico. Según lo expuesto en Televisión Boliviana, también hay una posible vinculación de Antonio Rivero, el pastor evangélico que falleció el 12 de septiembre en la retoma del aeropuerto de Cobija, supuestamente por disparos de militares, como un actor del conflicto. A Rivero no se lo identifica plenamente, pero se lo asocia por un reloj, una manilla y un anillo que aparecen detrás de un campesino que está siendo interrogado. Según tal video, el pastor y un sujeto que portaba un arma en el interrogatorio son la misma persona.
También se puede ver al senador por Unidad Nacional, José Villavicencio, mientras cuestiona a un campesino golpeado y al director de Comunicación de la Prefectura, Hugo Mopi. Éste nunca negó que estuvo en el lugar de los hechos, pero aseguró que fue a registrarlos en video.
El documental fue realizado con imágenes de varias cámaras y de varios medios de comunicación. No se precisa cómo llegaron a manos de la comisión investigadora.
Por otro lado, después de un trajín que duró todo el día, la audiencia cautelar contra los 21 ex confinados y ahora acusados por el Gobierno se efectuará hoy a las 9:00 en la Corte de Distrito de La Paz.
El juez Roger Valverde será el encargado de definir la suerte los supuestos implicados en la matanza, aunque el juez informó, al final de la tarde, que le llegó el expediente y recién hoy se conocerá cuándo debe llevarse a cabo la audiencia.
Valverde tendrá a su cargo el caso de la muerte del conscripto Ramiro Tiñini, por el cual están imputados 20 ex confinados; la Fiscalía recién ayer hizo conocer la lista oficial de los implicados a quienes acusa de terrorismo, alzamiento armado, lesiones gravísimas y asociación delictuosa.
Paralelamente, el caso debe ser revisado por una de las tres salas penales de la Corte Superior de Distrito, porque el sábado la jueza Betty Yañíquez rechazó la recusación planteada por la defensa de los imputados. En esta instancia judicial explicaron que una de las salas puede declarar procedente o improcedente ese rechazo, y el efecto es que si declaran procedente, el caso volverá a manos de Yañíquez.
En el segundo caso, el juez Primero de Instrucción en los Penal, Carlos Guerrero, estará a cargo de la acusación del Ministerio de la Presidencia contra dos ex confinados –aunque se habla de cinco retenidos en total- y la audiencia fue fijada para hoy ,a las 9:00.
Los abogados de la defensa y el fiscal Eduardo Morales se acusaron mutuamente de ser los responsables de esta dilación. El jurista Carlos Frías indicó que los detenidos están recluidos ilegalmente porque su situación debería solucionarse en 24 horas; mientras que el Fiscal dijo que es la defensa la que recusa a los jueces y evita que se conozca el caso públicamente.
Mientras, los 21 imputados oficialmente comparten las dos celdas que fueron habilitadas por la Policía Judicial en sus propias instalaciones.
Por otro lado, los diputados que conforman la comisión investigadora, se reunirán hoy para definir si convocarán a los nuevos imputados. El secretario de esta instancia, Jorge Silva, afirmó que ya estaban a punto de iniciar la redacción del informe, pero que con la imputación se abre la posibilidad de conocer más detalles.
La abogada Mary Carrasco señaló que el proceso por el caso de la muerte del soldado se inició el 15 de septiembre cuando llegó el cadáver del conscripto y que los defensores no se dieron, cuenta de que la comisión de fiscales abrió otra causa y por esa razón, el sábado, el prefecto Leopoldo Fernández no quiso presentarse a la audiencia.
Piden no juzgar dos veces a Fernández
La defensa del prefecto detenido de Pando, Leopoldo Fernández, aseguró que no puede ser sometido a dos procesos paralelos que impulsa el Poder Ejecutivo en su contra ante la justicia ordinaria. La abogada defensora de la autoridad que guarda detención en la cárcel de San Pedro desde hace más de dos meses, Sandra Almanza, explicó que presentó frente a esta situación un recurso de declinatoria de competencia, argumentado que el caso debe ser conocido por la Fiscalía General de la República, en Sucre, ya que su cliente goza de Caso de Corte. «Vamos a escatimar todos los esfuerzos para que el juez (Octavo de Instrucción Penal, Róger Valverde) entienda que no puede juzgarse a Leopoldo Fernández dos veces porque los hechos no han ocurrido aquí (La Paz), pero fundamentalmente es necesario que conozca que (Fernández) tiene que ser juzgado como prefecto del departamento de Pando», indicó.
En un primer proceso, Fernández es acusado por los familiares de tres normalistas que fueron asesinados en Porvenir, y en el segundo, por el deceso del conscripto Ramiro Tiñini durante la retoma del aeropuerto pandino, que fue realizada el 12 de septiembre a cargo de fuerzas militares. En estos dos casos se acusó también a los ahora 19 ciudadanos pandinos que dejaron de ser confinados y que pasaron a ser imputados a la espera de una audiencia cautelar que defina su situación.
«Esperamos que el juez Valverde considere este aspecto antes que cualquier medida cautelar y ordene que todo se remita a Sucre (tal como dispuso la Corte Superior de Chuquisaca)», insistió./ANF
Sucesos
Preocupadas. Los familiares de Mejido y de Mirtha Sosa buscan los medios para conseguir la liberación de sus parientes
Mejido y Aliaga
Detenidos sin saber la causa
Juan Marcelo Mejido Flores es uno de los 21 imputados y ex confinados que fueron trasladados desde Viacha, el viernes por la noche hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen donde pasaron la noche. Mejido manifestó que él y su compañero, Gerardo Aliaga, no conocían de la acusación hasta momentos antes de ser trasladados del cuartel de Viacha. Reveló que la Fiscalía nunca los dejó presentar los descargos. Por ello esperan la audiencia para descalificar las sindicaciones del Ministerio Público. Asimismo afirmó que desconocen que hubiera otros acusados por el mismo caso, ya que sólo les dijeron que deben presentarse ante el juez.
Está suspendido
Melgarejo acusa a políticos
El juez Sexto de Instrucción en lo Penal, Álvaro Melgarejo, confirmó que el Consejo de la Judicatura dispuso su suspensión por dos meses sin goce de haberes, por lo que ayer se presentó en sus oficinas para recoger los efectos personales. Afirmó que «son momentos de mucha injerencia política» en el sistema jurisdiccional y que él no cometió ninguna falta, sólo dio cumplimiento a una instructiva de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que instruyó que el prefecto detenido Leopoldo Fernández debiera ser trasladado a Sucre.