Evo enjuicia a Marinkovic y ahora apunta a 5 prefectos

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Cívicos de Tarija anuncian paros por las detenciones.

El cívico cruceño señaló que ni su arresto detendrá la campaña por el No. Rada dijo que también podrían ser procesados los prefectos Fernández, Cossío, Costas, Suárez y Cuéllar.



La Razón

Tras la detención del presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, a quien acusa de actos terroristas contra la seguridad del Estado, el Gobierno amplió la querella contra el de Santa Cruz, Branko Marinkovic, y ahora apunta a cinco prefectos.

El 10 de septiembre, una movilización de cívicos que exigían la devolución del IDH a las regiones habría provocado una explosión que causó daños en el gasoducto Yacuiba-Río Grande, en el sector Palmar Grande, cerca de la población tarijeña de Villamontes. Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ese hecho dejó un daño económico que estuvo cerca de los 100 millones de dólares.

En una conferencia de prensa, ayer, el Ministro de Gobierno dijo que Bayard, al ser el principal articulador de este suceso, cometió el delito de atentado terrorista contra la seguridad del Estado.

Bayard y otras cinco personas fueron detenidas el jueves en Santa Cruz y trasladadas a La Paz ayer. Fueron interrogadas en la Fiscalía, pero se acogieron al derecho del silencio, mientras que hoy serán sometidas a una audiencia de medidas cautelares.

Rada se refirió a la participación de las otras cinco personas (ver cuadro adjunto). Aseveró que los tres hermanos Salazar brindaron su casa para preparar el explosivo, y uno de ellos prestó un vehículo para ejecutar el atentado. Advirtió que Carlos Zeballos (junto a José Vaca, quien cumple detención preventiva en San Pedro) fueron autores materiales del hecho.

Mientras, el sexto detenido, Mauricio Fuentes, fue acusado de atacar a efectivos militares, pero horas antes de la explosión, cuando los cívicos tomaron el campo hidrocarburífero de Vuelta Grande, que está en territorio chuquisaqueño.

En la conferencia de prensa, Rada complementó que “lo que queda claro es que aquí participó más gente”, en alusión a la denuncia del cívico de la provincia O´Connor, Domingo Moreno, quien el jueves sugirió que el presidente del comité cruceño, Branko Marinkovic, envió en una avioneta la dinamita para el atentado del gasoducto.

“Nadie, así sea un prefecto o un presidente de Comité Cívico, va a gozar de impunidad. Estoy enterado de que el señor Branko Marinkovic está preparando un viaje a Estados Unidos en las próximas horas. Quiero decirle a don Branko Marinkovic, que seguramente está muy preocupado, porque va a tener que dar muchas explicaciones, que no huya del país, que aquí en Bolivia rinda cuentas sobre aquellos procesos que ya están en curso contra él”, sentenció el ministro Rada.

Luego aseveró que el Gobierno “amplió la querella contra Domingo Moreno y contra Branko Marinkovic, quien debía estar preparando su defensa legal, para asistir a las citaciones judiciales y fiscales que ya cursan contra él”.

Ayer por la tarde, fuentes policiales confirmaron la detención de Moreno, quien llegará hoy a la sede de gobierno.

En Santa Cruz, Marinkovic respondió: “Puede ser que me quieran arrestar, me imagino que ése es el amedrentamiento que quieren para evitar que siga con la campaña por el No. Pero lo que tiene que tener muy claro toda la ciudadanía es que esta institución seguirá haciendo su campaña. Me pueden arrestar a mí, después al primer, al segundo vicepresidente y el Comité seguirá así de firme luchando. Él no ganará”.

Rada arremetió en contra de cinco prefectos. “Tenemos un antecedente muy importante, una reunión de cívicos con prefectos que se realizó en Villamontes. En ésta y en otras que siguieron donde participó Bayard, y otra gente que luego fue autora material de los atentados. La reunión que refiero fue el 21 de agosto. En ella participaron todos los prefectos. Leopoldo Fernández (Pando), Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija), Ernesto Suárez (Beni) e incluso la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar”.

Advirtió que en ese encuentro “se preparó toda la estrategia de desestabilización y conspiración. En este momento estamos hablando sólo de este tema, del Chaco, por supuesto que el intento del golpe de Estado cívico prefectural que se desarrolló en septiembre en todo el país”.

Por ello, adelantó que “a partir del material investigativo que se está acumulando y del trabajo que realizan los organismos de seguridad del Estado, consideramos que en estas reuniones se planificó toda la estrategia para el golpe de Estado cívico prefectural, se definieron las tomas de instituciones, la violencia, los atentados, en fin. Por lo tanto, esta investigación no ha concluido, va a continuar y como resultado de la misma seguramente habrá más pasos procesales, fiscales, judiciales y policiales que corresponderán en cumplimiento de órdenes legales”.

Por su parte, el diputado del MAS Jorge Silva señaló que se debería enjuiciar también a los cívicos de Pando, Ana Melena; el de Chuquisaca, Jhon Cava, e incluso a la alcaldesa de la ciudad de Sucre, Aydeé Nava.

Los aprehendidos

Reynaldo Bayard • “Denunciado por actos delictivos en la planta de distribución de GLP en Villamontes. (Se lo acusa por los delitos de) atentados terroristas, contra la seguridad del Estado y otros”, según Rada.

Hermanos Salazar • Guillermo, Marcelo y Gonzalo están acusados de brindar su casa para preparar el atentado terrorista contra un ducto en Villamontes. Gonzalo prestó una vagoneta a los autores materiales de la explosión.

Carlos Zeballos • Según las declaraciones de José Vaca, presunto autor del atentado que está en la cárcel, Zeballos fue quien encendió la mecha para volar el gasoducto.

Mauricio Fuentes • Se le acusa de agitar a la gente del Comité Cívico y de agredir a los militares que resguardaban el campo hidrocarburífero de Vuelta Grande.

Domingo Moreno • “Es el autor material (…). Ha participado en la toma del gasoducto. Su rostro se muestra donde él ataca a militares, por lo tanto es también partícipe directo en estos atentados”, dijo Rada.

“Puede ser que me quieran arrestar… para evitar que siga con la campaña por el No (a la nueva Constitución)”.
Branko Marinkovic, cívico de Santa Cruz.

 

Cívicos de Tarija anuncian paros por las detenciones

REPERCUSIONES • El prefecto de Tarija, Mario Cossío, calificó de “ilegal” la detención de los seis cívicos. El miércoles habrá paro cívico.

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• EL INGRESO • Uno de los cívicos tarijeños entra a la Fiscalía de Distrito de La Paz ayer a las 11.54 para prestar sus declaraciones. Los acusados se acogieron al derecho al silencio.

La Razón

Los cívicos de Tarija protestaron ayer por la detención de seis cívicos tarijeños y la calificaron de “ilegal”. Anunciaron que, en defensa, organizarán paros en el departamento y no asistirán a ninguna invitación del Gobierno.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, advirtió que la detención del presidente del Comité Cívico, Reynaldo Bayard, de los cívicos Guillermo Salazar, Marcelo Salazar, Gonzalo Salazar, Carlos Zeballos y Mauricio Fuentes, acusados de participar en el atentado dinamitero al gasoducto Yacuiba-Río Grande, fue ilegal.

Según la autoridad, ellos lo único que hicieron fue “luchar en defensa de los intereses del departamento, de los recursos departamentales, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, de la autonomía”, entre otros.

“Este apresamiento ilegal, que no consideró la obligación de que estos dirigentes rindan sus declaraciones en el lugar donde supuestamente se ha cometido un hecho delictivo, constituye una afrenta a la ley y a esas garantías constitucionales de todas las personas. Si alguien puso una denuncia en contra de algún dirigente, deben responder ante los tribunales de Tarija. Así lo dice la ley”, expresó Cossío.

Por su parte, la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, dijo que fue un tema manejado “políticamente” y que por ello está “dolida y resentida”. Cuéllar recordó que no aprobarán el proyecto de Constitución.

“Dónde estamos. Por eso, los masistas manejan políticamente este tema. Por eso no vamos a aprobar su Constitución porque si lo hacemos nos meterán a la cárcel, a los chuquisaqueños, a los bolivianos. No puede ser, por eso estoy dolida y resentida”, dijo.

Ayer, Patricia Galarza, vicepresidenta del Comité Cívico tarijeño, anunció que desde el miércoles se llevará a cabo un paro cívico en el departamento en rechazo a las detenciones. Esta decisión será transmitida en una asamblea entre comités cívicos provinciales y seccionales el lunes por la noche.

Galarza añadió que no se atenderán invitaciones del Ministerio de Obras Públicas en torno a la continuación del tramo caminero Tarija-Potosí.

“Pondremos a consideración el paro cívico que el directorio ha decidido llevar adelante el miércoles a nivel departamental en rechazo al abuso cometido por el Gobierno en la persecución y procesamiento de los dirigentes cívicos autonomistas y además por haberse burlado una vez más del departamento de Tarija”, sentenció la vicepresidenta.

Luego, la representante del Comité Cívico Departamental agregó: “En lo que respecta a la continuación de la construcción del camino Tarija-Potosí, ha resuelto no participar en la reunión convocada por el Ministerio de Obras Públicas para tratar el tema. No vamos a asistir a ninguna invitación del Gobierno”.

Según señaló Galarza, no pueden considerar la negociación de estos temas mientras se detuvo “ilegalmente” a los cívicos “que sólo cumplieron el mandato del pueblo”.

Los presidentes de los comités cívicos del Beni y Chuquisaca, Alberto Melgar y Jhon Cava, respectivamente, descalificaron las detenciones.

Melgar dijo que fue una “venganza política”, según ANF, mientras que Cava lamentó la “persecución” política del Gobierno. “Es lamentable que continúe la persecución política del Gobierno a todos los cívicos que defendimos los intereses de nuestras regiones”, sostuvo.

ANTECEDENTES

Detención de los cívicos • El jueves, los cívicos tarijeños fueron detenidos en Santa Cruz. El operativo comenzó a las 16.45 hasta las 19.30, entre la ciudad y las provincias del departamento.

Acusación • Los cívicos están acusados de participar en la toma del campo hidrocarburífero de Vuelta Grande y en la voladura al gasoducto Yacuiba-Río Grande, en Tarija.

 

Gobierno amplía querella y va tras los pasos de Branko

Juzgado. El Ejecutivo acusa al líder cívico de terrorismo, asociación delictuosa y atentado contra la seguridad del Estado. Marinkovic dijo que no se detendrá la campaña contra la CPE. Bayard sigue preso

El Deber

Aideé Rojas y Marco Chuquimia

Después de la detención del presidente del Comité pro Intereses de Tarija, Reynaldo Bayard, y de otros cuatro dirigentes cívicos tarijeños, el Gobierno amplió la querella en contra del titular del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, por su supuesta participación en las explosiones del ducto de Transierra, ocurridas entre el10 y 11 de septiembre.

Antes del mediodía de ayer, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, informó de que para requerir la ampliación se sustentó en las declaraciones que hizo el coordinador de los Comités  Cívicos de Tarija, Domingo Moreno, sobre la supuesta participación de Marinkovic en la toma de la planta de GLP en Villa Montes y del atentado al gasoducto Yacuiba – Río Grande.

El Poder Ejecutivo acusa al empresario cruceño y líder cívico de terrorismo, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad del Estado, entre otros delitos.

Según Rada, este caso se suma a los indicios de responsabilidad que implican al cívico cruceño en los conflictos de septiembre pasado en el Chaco. «Branko Marinkovic debería estar preparando su defensa para enfrentar a la justicia y no huir del país, pues estaría preparando un viaje a los Estados Unidos», dijo el titular de Gobierno.

Tras conocerse de la ampliación de la querella, Marinkovic dijo que hay temor en la ciudadanía por la detención ilegal de Bayard, y aseguró que no tiene intención de abandonar el país pese a la orden de aprehensión que hay en su contra. De concretarse su captura, el líder cívico garantizó que se mantendrá la campaña por el No al texto constitucional que será sometido a referéndum el 25 de enero de 2009.

Sin embargo, como descargo, el Comité pro Santa Cruz difundió un informe de la empresa Transierra al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, en el cual se descarta que las explosiones en sus ductos se debieran a un atentado, sino que ocurrieron por fallas técnicas que fueron explicadas.

Sobre la aprehensión de los cívicos tarijeños, la comisión de ‘superfiscales’ que investigan la explosión del ducto de Villa Montes decidió imputar a tres de los cinco dirigentes que fueron aprehendidos en la capital cruceña, aunque entregará a todos a la juez cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez.

Reynaldo Bayard y los hermanos Guillermo y Gonzalo Salazar son los imputados, pero pasarán en calidad de detenidos Marcelo Salazar y Mauricio Fuentes. El jefe del equipo de investigación, mayor Jhonny Aguilera, informó de que el sexto dirigente –Carlos Zeballos- fugó momentos antes de la detención.

El oficial de Policía afirmó que los acusados se acogieron a su derecho de guardar silencio, pero los fiscales decidieron imputarlos sobre la base de las declaraciones de José Germán Vaca Ortiz y Jimmy Esteban Benítez Ortiz, quienes confesaron los hechos y delataron a los dirigentes que participaron. Explicó que el equipo de fiscales tiene información sobre otros cuatro dirigentes que deben comparecer ante la justicia.

Según versiones de la Red Uno de Tv., anoche continuaron las detenciones al haberse apresado, supuestamente, a Jorge Brasilis, de la Unión Juvenil de Montero.

Cossío anuncia defensa del cívico

Tras la aprehensión del dirigente cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, el prefecto de esa región, Mario Cossío, anunció  que su despacho ofrecerá todo el apoyo legal para defender a los seis dirigentes detenidos bajo la acusación de participar en el atentado al gasoducto Yacuiba-Río Grande.

Cossío calificó de ilegal la captura de los cívicos porque no se respetó la norma para que presten sus declaraciones informativas en el lugar donde se cometió el supuesto delito y que ello constituye una afrenta a la ley y a las garantías constitucionales.

«Ninguno de ellos debería ser tratado como delincuente, porque aquí no hay ningún delincuente», aseveró el prefecto, mientras que su par de Santa Cruz, Rubén Costas, también salió a la palestra pública para rechazar la querella que presentó el Gobierno contra el cívico cruceño Branko Marinkovic.

Costas dijo que la región no permitirá que se detenga al dirigente cívico y pidió  tranquilidad a Marinkovic porque desde el momento en que el Gobierno intente procesarlo, los cruceños estarán a su lado para acompañarlo.

“Nosotros estaremos ahí y lo acompañaremos (a Marinkovic), y detrás de mí seguramente habrá miles de personas”, dijo Costas al cuestionar la acusación  por terrorismo que hace el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, contra el dirigente cívico de Santa Cruz.

  Apuntes  

– El ministro de Gobierno dijo que había seis detenidos e incluso dio nombres y detalles de su participación en la explosión del ducto en Villa Montes.

– A la Fiscalía sólo llegaron cinco detenidos y dijeron que Bayard llegaría en otra comitiva, pero el mayor Aguilera indicó que uno -Carlos Zeballos- había escapado.

– Los detenidos fueron transportados en tres vagonetas que fueron desde La Paz a Santa Cruz.

– El equipo de investigadores está conformado por, al menos, una docena de agentes y está encabezado por un mayor de Policía.

– Las celdas de la Policía Judicial quedaron llenas porque recibieron a muchos detenidos y se sumaron los cinco cívicos.

– En estas celdas se encontraban los 20 detenidos del caso Pando; son dos calabozos, uno de cinco por cuatro metros y el otro más pequeño, de cuatro por cuatro.

– La juez Margot Pérez no pudo fijar audiencia para hoy porque el memorial llegó cinco minutos antes de las 18:00.

– Los litigantes paceños protestaron en la Fiscalía porque la Policía les impidió el paso, cuando intentaban controlar a la prensa.

– El Ministerio Público busca a un dirigente de los transportistas de apellido Gutiérrez, que es presidente del Comité de Movilizaciones en Villa Montes.

  Aprehendidos  

– Cívico. Reynaldo Bayard es acusado de actos delictivos contra un gasoducto, tipificado como atentado terrorista contra la seguridad del Estado y otros.

– Otros. Carlos Zeballos, Mauricio Fuentes, Marcelo, Gonzalo y Guillermo Salazar. Son sindicados de haber brindado colaboración y de participar en el atentado terrorista contra el gasoducto Yacuiba – Río Grande, el 10 de septiembre pasado.