Otros procesos: Cívicos tarijeños se acogen al silencio y son enviados al juez cautelar.
Reclusión: Leopoldo Fernández, con fuerte resguardo policial, es conducido al penal de San Pedro, anoche.
La Prensa
El ex Prefecto fue retornado a San Pedro por riesgo de fuga.
Fernández afronta cargos por la muerte de un conscripto y la “masacre de Porvenir”.
Un juez de Distrito de La Paz dispuso la detención preventiva del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández en el penal paceño de San Pedro porque existe riesgo de fuga y posibilidad de obstaculización de las investigaciones por la muerte de un conscripto el 12 de septiembre y la “masacre de Porvenir” un día antes. Cuatro detenidos fueron absueltos y 15 se inculparon para acogerse a juicios abreviados y penas mínimas.
Fernández fue detenido el 16 de septiembre en Cobija y trasladado a la sede del Gobierno por las fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas enviadas por el Poder Ejecutivo, tras el inicio del estado de sitio en Pando, en 12 del mismo mes.
Un día antes en Tres Barracas, próxima al municipio de Porvenir, al menos 18 campesinos murieron por impacto de balas durante un supuesto ataque de miembros de la Prefectura pandina y cívicos de esa región.
Paulatinamente fueron detenidos, durante la medida de excepción, otros presuntos implicados, quienes fueron confinados a un cuartel militar de Viacha, ciudad cercana a La Paz.
El ex Prefecto fue recluido en San Pedro porque afronta cargos de un delito común, la muerte de los campesinos en Tres Barracas. Mientras que los demás estaban confinados por infringir en estado de sitio en Pando.
La audiencia de ayer
La audiencia empezó a las 15.00 y se efectuó hasta las 20.45, en la que el juez Primero de Instrucción en lo Penal, Carlos Guerrero, emitió el fallo que dispone la detención preventiva de Fernández en la cárcel de San Pedro por su supuesta participación en la muerte del conscripto Ramiro Tiñini, durante la toma militar del aeropuerto de Cobija, el 12 de septiembre.
Además, por su presunta participación en la “masacre de Porvenir”.
El Juez luego dispuso la libertad de Máximo Ayllón Martínez, Felipe Bigabriel Villarroel, Agapito Vira Cuéllar y Oswaldo Valdivia Avariega, pues no se encontraron pruebas contundentes, ni individualizadas, contra ellos. Como parte de la suspensión de su detención deberán presentarse ante el Juez cuando éste así lo disponga.
Se inculpan
La mañana de ayer, en otra audiencia cautelar ante el mismo Juez, 15 de los 20 imputados decidieron reconocer su participación en las acciones violentas de septiembre en Pando con el fin de ser procesados en juicios abreviados con la posibilidad de acceder a penas carcelarias mínimas menores a cinco años en penales del oriente boliviano.
Los datos
Quince de los ex confinados recluidos en dependencias de la Corte Superior de Justicia decidieron someterse ayer a un proceso abreviado, por lo que reconocen haber participado en los hechos del 11 de septiembre.
La nómina de imputados es la siguiente: Jorge Lengua Áñez, Juan Marcelo Mejido Flores, Olman Pino Soria, Rosendo Domínguez Deremedis, Melitón Brito Ferreira, Homer Polanco Ventura, Felsin Fernández Medina, William Musico Rodríguez, Ademar Herrera Guerra, Hugo Apaza Saonero, Nestor da Silva Rivero, Ronald Musuco Rodríguez, Abel Janco Cáceres, Danilo Huari Cartagena y William Terrazas López.
El juez Carlos Guerrero determinará en una audiencia cautelar llevar adelante de forma individual los juicios abreviados de los 15 aprehendidos.
Según la abogada Patricia Costa Obregón, la detención de Leopoldo Fernández es política. Aseguró que en algún momento recuperará su libertad y se someterá a un juicio de responsabilidades. Explicó que la ex autoridad pandina está siendo procesada dos veces por el mismo hecho y aclaró que los muertos no son 18, sino 12, y que incluso una de las víctimas es uno de los imputados.
Máximo Ayllón Martínez, Felipe Bigabriel Villarroel, Agapito Vira Cuéllar y Oswaldo Valdivia Avariega fueron liberados porque la Fiscalía no encontró pruebas de su participación en los hechos violentos en Pando.
Detienen a tres unionistas
La Policía detuvo anoche a tres presuntos miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en Santa Cruz por su participación en el ataque físico al coronel Wilge Obleas, el 15 de agosto de este año, quien por entonces era Comandante Departamental de la Policía.
La información fue proporcionada por el fiscal de La Paz Félix Peralta, quien, sin embargo, no pudo dar los nombres de los aprehendidos ni las circunstancias de su arresto porque aún no había recibido un informe oficial.
Medios televisivos de la sede del Gobierno indicaron que las detenciones ocurrieron en la capital oriental, mientras que el periódico El Deber aseguró que se hicieron en la norteña Montero.
El Fiscal anticipó que los aprehendidos serán traídos a La Paz para que brinden su informe ante el Ministerio Público y, después, sean presentados en una audiencia de medidas cautelares.
El 15 de agosto, los minusválidos orientales proseguían con su protesta, iniciada dos semanas antes, con el respaldo de los cívicos y unionistas locales, para conseguir un bono anual de 5.000 bolivianos. Como parte de sus medidas de presión tomaron parte de las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicadas en la ciudad de Santa Cruz.
Ese mismo día, Obleas comandó un operativo de desalojo de los discapacitados, pero fue sorprendido por un grupo de presuntos unionistas, quienes lo golpearon, incluso, cuando estaba en el suelo. Días después, el coronel renunció a su cargo debido a que no se encontraba bien de salud por la agresión recibida. El 18 de agosto, el Gobierno y la Policía Nacional iniciaron acciones penales contra el prefecto cruceño, Rubén Costas, y los cívicos de esa región.
Cívicos tarijeños se acogen al silencio y son enviados al juez cautelar
Cívicos tarijeños se presentarán hoy ante un juez cautelar quien definirá si son o no detenidos
La Patria
Los cívicos tarijeños que fueron recientemente detenidos y trasladados a La Paz para ser procesados por atentados a instalaciones petroleras, se acogieron al derecho constitucional del silencio y serán sometidos este sábado ante la Juez Cautelar, Margoth Pérez, quien definirá si son detenidos preventivamente o les aplica medidas sustitutivas.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, y los dirigentes cívicos de Villa Montes, Marcelo, Gonzalo y Guillermo Salazar, además de Mauricio Fuentes y Carlos Zeballos, determinaron no prestar declaraciones ante la comisión especial de fiscales que investiga estos hechos registrados en septiembre pasado cuando autoridades y cívicos opositores se movilizaron para exigir la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el respeto a la autonomías.
Bayard está acusado por el atentado perpetrado cuando cerraron una válvula del gasoducto Yacuiba – Entre Ríos y la toma de la planta de Vuelta Grande, hecho que fue tipificado como atentado terrorista y delitos contra la seguridad al estado.
Zeballos, Fuentes y los hermanos Salazar son acusados por haber brindado colaboración a las manifestaciones y participar también en el atentado dinamitero contra el gasoducto, perpetrado el 10 de septiembre.
El investigador en este caso, mayor Jhonny Aguilera, dijo que los imputados fueron involucrados por loa ciudadano villamontino, José Vaca Ortiz, que guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro y Jimmy Benítez, al que la justicia aplicó medidas cautelares.
Los seis detenidos fueron trasladados a celdas de la Policía Judicial de la Corte Superior de Distrito de La Paz, donde también se encuentran los ex confinados del caso Pando. Aguilera indicó que es posible que existan cuatro nuevos detenidos por este caso en las próximas horas.