Editorial de El Diario.
Como se anticipó oportunamente, el incremento de cultivos de coca ilegal, la falta de una lucha eficaz contra el narcotráfico, la libertad que el Gobierno dio a los cocaleros para involucrarse con esa actividad ilícita, traen consecuencias difíciles de enfrentar. Con esa actitud permisiva los gobernantes bolivianos no honran los acuerdos suscritos con sus similares de otros Estados o con organizaciones internacionales. Como resultado inmediato de ese comportamiento gubernamental, Bolivia fue descertificada por Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y perdió los beneficios arancelarios que contempla la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA), que fijaba un arancel cero para varios productos no tradicionales bolivianos que se exportaba a la potencia del norte, lo que ocasionará el cierre de muchas fábricas y factorías y la desaparición de miles de empleos. Esto sucede cuando el Estado boliviano soporta una crisis económico – financiera por causa del descenso de los precios de los minerales en el mercado internacional, lo que está dando lugar a que muchas minas, cooperativas mineras e ingenios privados hayan decidido cancelar sus operaciones, porque los actuales precios no cubren las inversiones que son realizadas en el ciclo productivo minero.
Los únicos que no estaban convencidos de que el Gobierno de EEUU suspendería a nuestro país del ATPDEA eran los miembros del Ejecutivo, porque estaban seguros de que el Movimiento Al Socialismo influiría en algunos legisladores demócratas para evitar que el presidente George Bush deje a Bolivia sin los beneficios de dicha norma, con el argumento de que el país del norte tiene sus intereses en territorio boliviano y que además no permitiría que los productos que se le exportaba sean desviados a Venezuela, Cuba e Irán, que no son afines a la primera potencia del mundo. Dirigentes y legisladores del partido de Gobierno pensaron que con el autoritarismo, la soberbia y el triunfalismo podrían hacer que no sea afectada la Nación. Cuán equivocados estaban porque las preferencias arancelarias dependen de los resultados de la lucha contra el narcotráfico.
La noticia de la firma del presidente Bush para suspender a Bolivia de los beneficios del ATPDEA, a partir del próximo 15 de diciembre, cayó como un balde de agua fría a la mayoría de los bolivianos, especialmente a quienes se beneficiaban con esa ley. Pero algunos dirigentes y legisladores masistas mantienen la esperanza de que la situación se revierta cuando el presidente Barack Obama asuma el mando de EEUU en enero próximo, porque dicen que existe afinidad ideológica entre los demócratas y el partido de Morales Aima, pero no toman en cuenta los excesos cometidos, como la expulsión del embajador de ese país, la salida obligada (forzosa) de la DEA y de USAID, además de los constantes ataques del Jefe de Estado boliviano a ese país, sobre todo en foros de la OEA, de la ONU, de la Comunidad Andina de Naciones y en otras manifestaciones políticas, regionales o sectoriales en territorio nacional.
El aislamiento de Bolivia del ATPDEA, contrariamente lo que sucede con Colombia, Ecuador y Perú, que seguirán beneficiándose con esa norma, es una demostración de que el Gobierno actúa equivocadamente por la euforia que le provoca el poder. A pesar del compromiso que asumió, no lleva adelante una lucha eficaz contra el narcotráfico, que es una lacra de la humanidad que está destruyendo vidas a cambio del enriquecimiento ilícito de quienes fabrican, distribuyen y comercializan las sustancias prohibidas y que crean adicción.
La realidad es que existen 29 mil hectáreas de coca, cuando sólo están permitidas 12 mil hectáreas, lo que significa que Bolivia tiene un excedente de 17 mil hectáreas que son calificadas como ilegales. El destino de la coca no legal, según las propias autoridades, es el narcotráfico, porque el uso tradicional y medicinal está cubierto por la coca que se cultiva en las hectáreas consideradas legales.
Otro aspecto que influye para el crecimiento del narcotráfico en Bolivia es que algunos cocaleros que son dirigentes y autoridades del MAS están involucrados con esa ilícita actividad, lo que fue demostrado con la detención de dos hermanas y el cuñado de una ex constituyente y prominente dirigente del partido de gobierno, como tambien un Alcalde y militantes masistas fueron descubiertos traficando con cocaína. Ni qué decir de las pozas de maceración que se descubren en predios de cocaleros y partidarios del MAS. Si el Ejecutivo quiere cambiar la situación y volver a beneficiarse del ATPDEA, debe iniciar una lucha sin cuartel contra esa lacra de la sociedad y castigar a todos los narcotraficantes, sin distinciones sociales o políticas.