El MAS inicia una megacampaña por la nueva CPE. El oficialismo eligió a Santa Cruz como sede del inicio de una gigantesca campaña a favor del proyecto de nuevo texto constitucional, que incluye millonarios recursos e involucra al menos a seis grandes sectores.
• Plaza Murillo • Dos personas disfrazadas hacen campaña a favor del proyecto de nuevo texto constitucional. La cámara de La Razón los captó en plena labor el último miércoles.
El 29 de noviembre comenzará oficialmente esta campaña, en la que están involucrados el Gobierno, la estructura partidaria del MAS, los sectores sociales reunidos en la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), la bancada parlamentaria oficialista, la bancada de constituyentes y los aliados políticos del gobierno de Evo Morales.
Para la difusión del texto que promueve el MAS, el 12 de noviembre el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 3141, mediante el cual destina Bs 4.000.000 a la Representación Gubernamental para la Asamblea Constituyente (Repac), monto que se suma a los 9,8 millones de bolivianos que antes recibió esa repartición.
La Vicepresidencia también recibió recursos (Bs 10.000.000) para la difusión del texto.
En el caso del Gobierno, las autoridades y funcionarios de la administración pública hacen aportes para la campaña, al igual que los sindicatos afines al MAS y las ONG vinculadas a ellos. Los aliados de Evo Morales también hacen aportes, como el caso de los afiches y panfletos que el Movimiento Sin Miedo (MSM) presentó el último martes al iniciar su campaña por el Sí. El jueves, la Prefectura de La Paz y la Alcaldía de El Alto inauguraron una oficina de campaña en esa urbe.
Según el calendario electoral, la campaña comenzó este domingo 23 y acabará el 22 de enero, pero el MAS decidió iniciarla una semana después en Santa Cruz, según anunció el vicepresidente del MAS, Gerardo García.
“A partir del 29 arranca la campaña a nivel nacional y posteriormente arranca la campaña a través de ampliados, seminarios, reuniones por las comunidades, los barrios, pero también se va a hacer un recorrido departamento por departamento”, explicó.
El recorrido continuará el 5 de diciembre en Beni, el 6 llegará a Pando y el 7 a Tarija. “La campaña va a concentrar sus mayores esfuerzos en el oriente, porque ahí necesitamos imprimir una derrota dura a los sectores radicales”, explicó el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero.
Al igual que ocurrió en el referéndum revocatorio, los ministros fueron distribuidos por departamentos para articular las campañas, y Romero junto al vicepresidente Álvaro García fueron designados responsables en Santa Cruz.
Romero explicó que el objetivo es informar sobre el contenido, ya que la victoria del Sí es un hecho. “Estamos seguros de que vamos a ganar, por eso nuestro desafío central es posicionar en la gente las ideas fuerza como el Estado plurinacional, autonomías o modelo económico plural. Es una oportunidad inmejorable para lograr la convergencia ideológica de los bolivianos y bolivianas”.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia, Issac Ávalos, dijo que “ya estamos trabajando, organizando seminarios para explicar a los dirigentes y que éstos bajen a las bases para después entrar a las grandes concentraciones”.
La Prefectura de La Paz, junto a la Alcaldía de El Alto, inauguró el último jueves una oficina de campaña por el Sí en la urbe alteña.
Los Sin Tierra condicionan
El Movimiento Sin Tierra (MST) condiciona su apoyo al proyecto de nueva Constitución a que el Gobierno se comprometa a nacionalizar las propiedades de los grandes terratenientes y a redistribuirlas, señaló el líder de este sector, Vladimir Machicado.
No obstante, anunció que el 29 de noviembre un ampliado nacional de su sector, que se realizará en los Yungas, analizará los cambios que el Congreso hizo al proyecto aprobado por la Asamblea Constituyente.
“Vamos a proponer al Gobierno que si hay un compromiso de su parte de nacionalizar las tierras, entonces vamos a tener que apoyar el Sí (a la Constitución), caso contrario vamos a tener que decir No”, advirtió.
Según Machicado, los cambios que se realizaron al proyecto constitucional no resolvieron el problema de las tierras y, contrariamente, los terratenientes mantienen sus privilegios, en desmedro de quienes no tienen tierras para producir ni vivir. Por ello insistió en que el Gobierno realice una redistribución y condenó a los parlamentarios por haber reemplazado a la Asamblea.