El Gobernador del penal pidió a la Corte Superior de Chuquisaca una aclaración sobre el caso del ex Prefecto
Día clave. El gobernador del penal, Manuel Guzmán, pidió una mayor explicación sobre el fallo de la Corte que ordena procesar al ex Prefecto de Pando en Sucre, en el marco de un juicio de responsabilidades. El Gobierno ratifica que no dará curso a la disposición del Tribunal sobre el hábeas corpus.
Fernández en el penal de San Pedro (foto archivo)
La Prensa
La defensa del ex prefecto de Pando pide operativo especial para su remoción
Una solicitud dilata el traslado de Leopoldo Fernández a Sucre
Evo Morales calificó de “actitud parcializada” al procedimiento de la Corte de Justicia de Chuquisaca.
Una solicitud de complementación y enmienda presentada por el Gobernador del penal de San Pedro dilata el traslado de Leopoldo Fernández, ex prefecto de Pando, de La Paz a Sucre, cuyo plazo se cumplió el domingo.
A las 09.00 del viernes pasado, el gobernador del recinto penitenciario, coronel Manuel Guzmán, fue notificado con el fallo que dispone la remoción de la ex autoridad departamental en un plazo de 48 horas para que sea puesto a disposición del fiscal general, Mario Uribe.
Fernández fue sindicado por la Fiscalía por asesinato, asociación delictuosa y terrorismo en los hechos violentos de Porvenir, Pando, y el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, ordenó su detención prenventiva el 18 de septiembre en la cárcel de San Pedro, luego de considerar el último delito.
Dos vocales de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca coincidieron que este juez actuó sin competencia, por lo que se dio curso al hábeas corpus interpuesto por la defensa del ex prefecto que determina remitir la investigación al Fiscal General en el marco de un juicio de responsabilidades y su descarcelación.
Carlo Britto, abogado de Fernández, informó: “El gobernador de la cárcel de San Pedro presentó una complementación y una enmienda contra el fallo de la Corte en Sucre, esta solicitud es para pedir una aclaración, una explicación del fallo, pero que de ninguna manera modifica el fondo del mandato”.
El asesor jurídico estima que la solicitud será resuelta por la Corte de Justicia de Chuquisaca hasta hoy, y estimó que “con seguridad la van a rechazar”.
“Esta medida (solicitud) es dilatoria para ganar más tiempo, no es que no haya entendido el fallo (el coronel Guzmán), lo que pasa es que como ellos no quieren cumplir el fallo, entonces están viendo la forma de dilatar por cualquier medio. El plazo ya se venció, estamos a la espera de que hoy se cumpla el fallo y don Leopoldo sea traslado a Sucre”.
En el caso de que el Gobernador del penal de San Pedro no cumpla con la excarcelación de Fernández, sus abogados presentarán una demanda penal en su contra por “encubrimiento a fallos judiciales”. El coronel Guzmán consultado ayer por esta solicitud repondió que “estoy prohibido de declarar para que no se hable por demás”.
La autoridad policial confirmó que presentó la medida de complementación y enmienda el pasado jueves, aunque fue notificado al día siguiente; hoy puede pronunciarse ante la prensa.
Brito no descartó denunciar también contra las autoridades de Gobierno por desacato a una orden judicial. “Eso lo vamos a analizar el martes o el miércoles porque correspondería a otro trámite”.
La decisión del Tribunal de Hábeas Corpus también fue entregada a los ministros de Defensa y de Gobierno, Walker San Miguel y Alfredo Rada, respectivamente, y al juez Williams Dávila.
El Gobierno mantiene su posición de que no dará curso a la determinación de la Corte chuquisaqueña porque considera que es nula de pleno derecho. El ministro Rada dijo, el domingo, que la notificación de la Sala Penal Segunda no tiene carácter vinculante.
“El Gobierno ha dicho con claridad —apuntó— que el hábeas corpus que se dictó en Sucre carece de legalidad, porque las autoridades recurridas (ministros de Defensa y de Gobierno) no fueron notificadas, eso ha hecho invalida la audiencia de hábeas corpus en Sucre”.
Wilman Durán, abogado constitucionalista, señaló que frente a la negativa de las autoridades del Ejecutivo de dar cumplimiento a la disposición del Tribunal pueden ser procesadas y penadas con hasta seis años de privación de libertad.
La agencia ABI difundió que el presidente, Evo Morales, se refirió el domingo en su visita a Oruro a “una actitud parcializada de algunas autoridades del poder Judicial con los implicados en la masacre de Porvenir, entre ellos el ex prefecto de Pando”.
El Primer Mandatario mencionó: “Lamento mucho que algunas autoridades del poder Judicial traten de liberar (a los acusados), quién puede aceptar que después de semejante genocidio sea liberado Leopoldo Fernández”.
Operativo
Los abogados de la ex autoridad departamental pidieron a los responsables de Régimen Penitenciario un operativo especial “con toda la seguridad del caso” para preservar la integridad de su defendido en su traslado de la cárcel de San Pedro a Sucre.
Brito insistió en los recaudos de seguridad frente a la vigilia de un grupo de personas que asedia a ese recinto penitenciario, desde el pasado lunes, para impedir la remoción.
Dirigentes de campesinos pandinos apostados frente a San Pedro advirtieron ayer que de instalarse en huelga de hambre la familia de Fernández para pedir su traslado a la capital de Bolivia, tal como anunció el viernes, también la “cercarán”.
Abogada de las víctimas teme la impunidad
Mary Carrasco, abogada de las familias de tres normalistas asesinados en Porvenir, dijo ayer que no hay que temer el traslado de Leopoldo Fernández a Sucre, sino a la impunidad a la que está apuntando, porque quiere volver a la Prefectura de Pando como un “héroe” y después ser candidato presidencial.
“Las muertes no le importan ( a Fernández), cree que con su coartada de decir que el primero en morir era un funcionario de la Prefectura, y por lo tanto tenían que morir 15 campesinos, cree que es la respuesta a este nefasto hecho”.
Carrasco recordó que a los vocales de la Corte de Distrito de Chuquisaca, Oswaldo Fong y Elena Lowenthal, no sólo les pidió una explicación, sino que presentó un memorial en el que les pregunta dónde hicieron desaparecer la imputación. “Creen que deben llevarlo a Sucre, no importa si el Fiscal General derivó el caso a la comisión especial de la cámara de Diputados, ni les interesan las víctimas, a tal grado que la defensa dice que nos equivocamos y el único que lo hace bien es Fernández”.
Carrasco considera que la ex autoridad y su defensa están en un acto de “soberbia”, apostando al tráfico de influencias y pretendiendo huir de la justicia, “no le tememos que vaya a Sucre o donde sea, le tememos al tráfico y a la impunidad”.
Reiteró que el objetivo es claro, porque en Sucre no lo van a procesar porque el Fiscal declinó un juicio de responsabilidades, además no se le puede enjuiciar de oficio mientras no exista una proposición acusatoria de las víctimas.
El plazo para el traslado del ex prefecto a la capital de la República vence este martes, aunque el Gobernador de la cárcel de San Pedro pidió una aclaración, la misma que puede ser absuelta hoy. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, reiteró que el Estado no autorizará el traslado, porque el hábeas corpus que le favorece es ilegal.
Investigan atentado
Continúan las investigaciones, pero ni el Gobierno ni la Policía hicieron conocer ayer pistas sobre la autoría del atentado explosivo cerca de la casa del fiscal general, Mario Uribe, la madrugada del domingo, en Sucre.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que están a la espera de una confirmación especial al respecto y expresó su confianza porque no se trate de un intento de amedrentamiento por algunas decisiones que ha estado tomando la principal autoridad del Ministerio Público.
Uribe decidió conformar una comisión nacional de fiscales para realizar sustanciales avances judiciales en la investigación de casos, como la matanza de Porvenir en Pando, el 11 de septiembre; la violencia racista, regionalista; los actos terroristas en Riberalta, y el atentado contra un gasoducto en el Chaco boliviano.
Los fiscales Luis Mamani, Eduardo Morales, Edward Mollinedo y Félix Peralta, quienes tienen residencia en La Paz, forman parte de la comisión nacional que debe investigar todos esos hechos.