La falta de Tribunal perjudica al menos a 20 mil litigantes

Un ex presidente del Tribunal Constitucional calcula que se necesitarán al menos tres años para regularizar las actividades de este organismo. Los oficialistas quieren elegir a autoridades transitorias.

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• Sin actividad • Como el 1 de agosto, cuando fue tomada esta foto, el TC no registra mayor actividad pública.

La Razón

Desde hace 17 meses, se acumularon un total de 3.116 causas a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional (TC) y, como consecuencia de esa paralización, 20.682 litigantes se encuentran perjudicados. En el mejor de los casos, se necesitarán tres años para tratar de regularizar la labor de ese organismo.

El Tribunal quedó prácticamente descabezado en mayo del 2007, cuando el gobierno del presidente Evo Morales instauró un proceso en contra de cuatro magistrados, quienes después renunciaron a sus cargos.

Las renuncias de Wálter Raña y Artemio Arias, producidas en enero de este año, dejaron a este organismo sin quórum y con una sola magistrada, Silvia Salame, quien actualmente se encuentra fuera del país participando en cursos de capacitación.

Al TC continúan llegando de las nueve cortes superiores del país, un promedio de 15 causas por día. El 85 por ciento de ellas están referidas a la revisión de los amparos constitucionales y los recursos de hábeas corpus.

Sólo entre el 1 de enero al 30 de octubre ingresaron 1.497. El 54% representan los amparos constitucionales, 24.32% hábeas corpus y 11% recursos indirectos de inconstitucionalidad.

Desde su creación, los magistrados internamente determinaron que los recursos de hábeas corpus tienen prioridad ante cualquier otro recurso, por tratarse de la libertad de las personas. Según datos del Tribunal, pese a su paralización, los funcionarios tienen al día todos los informes sobre esas demandas y sólo requieren de la resolución y aprobación en sala plena.

Los funcionarios consideran que los nuevos magistrados deberán asumir políticas internas, como la contratación de mayor personal, y que además deberán conocer más causas, con el objetivo de que en tres años se puedan resolver las demandas.

El ex presidente del TC Willman Durán consideró crítica la situación de ese órgano, por la alta carga procesal. Recordó que cuando él era su presidente, ya amenazaba una alta mora judicial y que con medidas internas urgentes se logró equilibrar las resoluciones de las causas.

Dijo que será muy complicado retomar el ritmo y evitar la carga procesal, toda vez que en materia constitucional cada caso tiene que ser estudiado y resuelto con mucho detenimiento, ya que cada fallo tiene incidencia en la aplicación del derecho en Bolivia. Opinó que resolver las causas tardará más de tres años, porque, además de despachar los casos que ingresan diariamente, al mismo tiempo se tendrá que atender los que están en mora.

Planteó como una solución dividir en salas al Tribunal, toda vez que ese órgano trabaja sólo con la sala plena. “Eso contribuiría a la celeridad”. Redacción, Sucre

 

Los oficialistas quieren elegir a autoridades transitorias

Los oficialistas proyectan que las autoridades que sean electas del Poder Judicial y de la Corte Nacional Electoral sean transitorias, entretanto no se implemente el nuevo texto constitucional.

El subjefe de bancada del MAS en Diputados, Jorge Silva, dijo que “se pensó que el nombramiento de autoridades iba a ser por el tiempo necesario y prudente, en el marco de contar con una nueva Constitución”.

Comentó que “las próximas autoridades pueden durar en sus cargos tres años”, tiempo que tardaría la adecuación del órgano judicial, principalmente.

El Congreso debe nombrar tribunos y Fiscal General, que de acuerdo a la actual Constitución tienen 10 años de gestión, además de vocales electorales que tienen cuatro años.