El Nuevo Día tuvo acceso a un legajo con todos los antecedentes del presidente de la cooperativa Sudamérica. Su prontuario comienza en 1997. Tiene varios juicios y estuvo arraigado. La Superintendencia de Bancos conocía todo sobre él.
• La Superintendencia de Bancos se niega a investigar la cooperativa Sudamérica pese a que la Ley lo exige. El Gobierno prefiere callar.
El superintendente de Bancos de Bolivia, Marcelo Zabalaga, recordó hace unos días haberle advertido al Gobierno sobre los antecedentes de Miguel Ángel Linares, presidente de la cooperativa Sudamérica, sospechosa de haber estafado al Estado en ocho planes habitacionales en los que el Ministerio de Vivienda le otorgó a esa entidad la intermediación de millones de dólares para la construcción de 1.800 casas para gente de escasos recursos en los municipios de Santa Cruz, La Guardia, Concepción, Montero y Warnes.
Zabalaga no detalló en ese momento los antecedentes de Linares, pero hoy se sabe mediante pruebas documentales obtenidas por El Nuevo Día, que Linares no sólo figura entre los procesados por el caso de corte del ex Banco Bidesa, sino que existen pruebas de que el sospechoso habría estafado al ex Fondo Nacional de Vivienda en 1996, con la venta de un terreno en Ciudad Satélite Norte (Santa Cruz) con un sobreprecio superior a los cinco millones de dólares. Además, en el caso conocido como “Proyecto Hábitat II” el Banco Bidesa, cuyo gerente nacional comercial era Linares, recibió tres millones de dólares y jamás se construyó ni una sola vivienda. El caso aún se ventila en la justicia de La Paz.
Pese al historial delictivo de Linares, que también incluye una supuesta estafa a YPFB, el Gobierno le entregó en bandeja un proyecto millonario de vivienda, que terminó en escándalo a raíz de la demolición de cien casas en la zona de la Comarca, que tiene enfrentados a los municipios de Santa Cruz y Warnes.
Linares, un hombre hábil y que ha desarrollado amplios contactos en las más altas esferas políticas del MAS, no sólo consiguió un bocado más grande del que podía engullir, sino que se las ingenió para que una diminuta cooperativa de carácter cerrado se apropie de un programa gigantesco. Para sortear vallas legales, obligó a los futuros beneficiarios a convertirse en socios de la entidad, con lo que llegó a sumar 13 mil en todo el país. De todas formas, la cooperativa Sudamérica sobrepasó sus atribuciones e incurrió en actos ilegales. El Gobierno no hizo menos que otorgarle el respaldo político para seguir adelante.
En principio, las autoridades del Ministerio de Vivienda debieron escuchar las recomendaciones de la Superintendencia, pero además, esta institución no debió quedarse en la advertencia solamente, puesto existe una ley, la 3892 del 18 de junio de 2008 y modificatoria de la Ley General de Bancos, que la obliga a actuar cuando existe intermediación financiera, aunque la entidad en cuestión sea una cooperativa cerrada como es la Sudamérica. Además de esta norma, hay antecedentes como los de las financieras Roghel y LV Pharma, que fueron intervenidas y clausuradas por la institución dirigida por Zabalaga. Estas actuaciones estuvieron respaldadas por la normativa bancaria, que establece formas de evitar irregularidades en la intermediación financiera.
El Superintendente intentó hace poco lavarse las manos y les dijo a los socios de la Sudamérica que el Estado nada puede hacer por sus fondos. Esta actitud podría ser interpretada como incumplimiento de deberes, figura que está penada por ley. Zabalaga ha dicho que la entidad a su cargo comenzará a fiscalizar las cooperativas cerradas a partir del próximo año, tras una readecuación; sin embargo, la ley 3892 está en vigencia desde su promulgación hace cinco meses.
Pese a que tanta resistencia a cumplir la ley puede interpretarse como un acto de encubrimiento, el vicepresidente Álvaro García Linera encomendó a la Superintendencia de Bancos iniciar una investigación del caso Sudamérica. El banderazo que puede cambiar el rumbo de las cosas llegó el viernes, cuando el Ministerio de Vivienda decidió retirar a la entidad bajo sospecha de todos los planes de vivienda impulsados por el Gobierno.
¿Quiénes deben responder?
La adjudicación irregular del Programa de Vivienda Social a la cooperativa Sudamérica se hizo a través de un Comité de Administración conformado por representantes de los ministerios de Vivienda, de la Presidencia y de Planificación y Desarrollo. Este grupo, que además debía crear un sistema de control social integrado por la Central Obrera Departamental y la Confederación de Empresarios Privados, debía fiscalizar el plan habitacional de acuerdo al Decreto 28794.
De acuerdo a las normas, el Plan de Vivienda, no contemplaba la adquisición de lotes de terreno y fijaba como límite el 60 por ciento del financiamiento de las casas, mientras que el beneficiario debía aportar el 40 por ciento restante, ya sea con material o con mano de obra. La cooperativa Sudamérica financiaba el 100 por ciento.
En este caso, la cooperativa Sudamérica, no sólo usó los recursos para la compra de terrenos, sino que asumió todos los roles del programa, desde la solicitud del financiamiento, la aprobación del proyecto, hasta la ejecución de las obras a través de la empresa ECO.
El rol de la Súper
Ley 3892 • Del 18 de junio de 2008. Modifica el artículo 70 de la Ley de Bancos. “Quedan incorporadas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras las Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias, definidas en el artículo 1 de la presente ley, que reemplazan para todos los efectos a las cooperativas de ahorro y crédito cerradas de carácter comunal.
Alcances • La Ley 3892 dice que las “operaciones activas y pasivas, las limitaciones y prohibiciones, los plazos y modalidades de incorporación de las cooperativas de ahorro y crédito y crédito societarias al ámbito de supervisión, la obtención de las respectivas licencias, el funcionamiento del gobierno cooperativo, la disolución y cierre de tales entidades y, los mecanismos de conversión (…) serán reglamentados por la Superintendencia de Bancos”.
Ley de Bancos • El artículo 6 de la Ley de Bancos (1488) dice que “la autorización de funcionamiento, fiscalización, control e inspección de las actividades y operaciones de las entidades financieras no bancarias que tengan como objeto la captación de recursos del público o que deseen habilitarse como instituciones de intermediación de recursos del Estado, aún cuando no persigan fines de lucro, son competencia privativa de la Superintendencia de Bancos”.
Actuación • En el artículo 8 de la Ley de Bancos dice que “la Superintendencia de Bancos, de oficio o a denuncia pública, presentada ante esta institución, previa comprobación, conminará a la persona que infrinja la Ley de Bancos a poner término a dichas actividades. De persistir la infracción, la Superintendencia dispondrá mediante resolución la clausura de sus locales, con la facultad requerir directamente el apoyo de la fuerza pública, elevando antecedentes al Ministerio Público, para el enjuiciamiento de sus personeros o representantes legales”.
El prontuario de Linares
Fraude • Año 1998. Miguel Ángel Linares está acusado por el ex Fonvis de la venta ilegal y fraudulenta de 2.560 lotes de terreno correspondientes al proyecto Ciudad Satélite Norte. El banco Bidesa obtuvo un poder para vender los terrenos pero nunca los pagó y en cambio los transfirió a dos aserraderos.
Hábitat II • El Fonvis aprueba en 1997 el plan de vivienda Hábitat II y canaliza a través del banco Bidesa tres millones de dólares. La entidad financiera entregó menos de cien mil dólares y no se construyó ni una sola casa. El juicio sigue pendiente contra Linares en un juzgado de La Paz.
Sobreprecios • En el proyecto Ciudad Satélite Norte, Miguel Ángel Linares está enjuiciado por la Corte Superior del Distrito de La Paz por la venta con sobreprecios de un terreno en más de 5,6 millones de dólares. El sobreprecio es de cinco millones de dólares. Este mismo caso está relacionado también con los proyectos de vivienda Paitití y Chiriguano. En todos estuvo involucrada la empresa ECO.
Caso de Corte • Linares es uno de los principales procesados en el caso de corte del banco Bidesa. La Corte Superior del Distrito de La Paz emitió la resolución de sala plena 084/1998 del 15 de diciembre de 1998 en la que se lo acusa por varios delitos, entre ellos organización criminal, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa, incumplimiento de contratos y evasión de impuestos.
Arraigado • El 17 de diciembre de 1997 Miguel Ángel Linares fue arraigado por el juez Tercero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Alberto Costa Obregón, junto con otros ejecutivos del ex banco Bidesa. El arraigo fue solicitado por la Superintendencia de Bancos.
Modus operandi • En la Resolución 084/1998 citada arriba, se describe el “modus operandi” de Miguel Ángel Linares, “quien pudo enriquecerse ilegalmente a través de sobreprecios en la compra de terrenos y la construcción de viviendas sociales”.
Créditos vinculados • Dentro del proceso del ex banco Bidesa, Miguel Ángel Linares es acusado de haber concedido préstamos vinculados por casi tres millones de dólares. Todos los créditos fueron ordenados por quien fuera Gerente Comercial de la entidad y adolecen de serias irregularidades.