Marcelo Gonzales Yaksic
De forma arreglada el Poder Ejecutivo, junto con la mayoría de los legisladores del oficialismo en el Parlamento, ha iniciado el asalto final para la toma del Poder Judicial. Todos deben recordar que hace más de un año se anuló físicamente al Tribunal Constitucional; y desde ese entonces el gobierno del MAS asumió la tarea de someter a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, experimentando un fracaso en cada intento. Pero ahora la desesperación ha contagiado a los operadores oficialistas y han logrado, aprovechando la ausencia de la oposición, que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados diera curso a varias denuncias en contra de todos los ministros de la Corte Suprema, Conjueces, el Fiscal General de la Nación y dos consejeros de la Judicatura, por presuntos delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.
La peor amenaza se consumó cuando el Ministro de Gobierno, con los dientes amurallados, escarmentó a los dos magistrados de la Corte Distrital de Chuquisaca por haber declarado procedente el recurso de hábeas corpus a favor del ex Prefecto de Pando. Dijo: "Ese par de doctores no nos va a poner condiciones a las autoridades y al Poder Ejecutivo, …deberían estar preocupados en preparar su defensa" (sic). Esta es la muestra material del totalitarismo y el absolutismo. Este servidor público junto con el Ministro de Defensa, el Viceministro de Justicia y la Delegada Anticorrupción, conforman la fuerza de tarea en ese proceso gubernamental que tiene como objetivo el canje del Estado de Derecho por un régimen autocrático.
Ya resulta una quimera, o quizás un hecho del pasado, que los mecanismos con los que contaba el Estado para garantizar la seguridad ciudadana funcionaban de forma coordinada. Los hechos demuestran que el Gobierno en su proyecto exaltado y absorbente ha prescindido del principio democrático que llama a los jueces, magistrados, fiscales y fuerzas del orden, a ir unidos para que el sistema no falle. Esta idea de unidad y coordinación de funciones, debe ser reasumida por todos los ciudadanos y ciudadanas, caso contrario se revierta en un perjuicio grave para la seguridad de nosotros mismos. Sí, de todos nosotros.
El Poder Judicial debe, más que nunca y dentro este proceso artificioso de transición constitucional, levantar las banderas de la vanguardia ciudadana para preservar la institucionalidad republicana y los derechos elementales de las personas. La Suprema Corte y las Cortes Distritales, tienen los días contados, si no refuerzan y fortalecen los cimientos institucionales para detener con firmeza cualquiera de las desafueros oficiales de los que seremos testigos los próximos días. Nuestra justicia democrática y nuestros jueces están en peligro de desaparecer, y que no sea nuestra apatía que contribuya a que los eclipsen.
Si les queda algo de moral a los operadores de la fuerza de tarea totalitaria, sería útil que se inmiscuyan en el proyecto de la Constitución Política del Estado (CPE) que diseñaron a medida de sus sueños opresivos. Incluso en el Estado malsano que pretenden implantar, a partir del lunes 26 de enero de 2009, existen ciertas normas básicas que atribuyen al Presidente del Estado hacer cumplir las sentencias de los tribunales, sean los que fueren. (art. 172, inc. 13, CPE). Y para el caso puntual de la acción de libertad (ahora todavía conocido como recurso de hábeas corpus) se estipula que los servidores públicos (entre ellos los ministros) que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción (hábeas corpus), "deben ser remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales". (art. 127, parágrafo I, CPE)
Cuidado que la nueva CPE, maquiavélica y torpemente elaborada por los masistas y la oposición, sea la navaja virtual que de cuenta de sus cuellos y vidas civiles; y lo peor, ante los tribunales y magistrados que ellos mismos crearon a su medida. Son las paradojas que nos mostrará el futuro cercano; entre tanto, escojamos: democracia o autocracia.