Editorial de El Nuevo Día.
Mientras el Gobierno está dando los toques finales a las actividades que tienen que ver con la realización del Referendo para aprobar la nueva Constitución Política del Estado, la oposición ha tenido que frenar en seco toda una campaña de concienciación para que la población vote por el No a la Constitución del MAS. La razón es simple: una instructiva gubernamental prohíbe terminantemente cualquier propaganda en ese sentido realizada con fondos públicos. Sin embargo, tanto la oposición como el oficialismo han olvidado un detalle muy importante: el conjunto de la ciudadanía no conoce los cambios introducidos en la nueva Constitución Política aprobada en el Congreso luego de un polémico debate.
El anuncio oficial señalaba que se había introducido cambios consensuados en lo que respecta a la demanda de las autonomías, con lo que se satisfacía las aspiraciones regionales. No obstante, los parlamentarios, especialmente de la oposición, no dijeron esta boca es mía, mientras la dirigencia cívica y las prefecturas expresaron a su manera su desencanto, pero tampoco fueron generosos en explicaciones y puntualizaciones. Por otra parte, ha resultado extraño que la prensa oral y escrita, junto a la televisión hayan tratado de minimizar la difusión de los cambios introducidos en la nueva Constitución.
De esta manera, la ciudadanía ha quedado prácticamente marginada del conocimiento de las modificaciones de la Carta Fundamental de la República y por ello no realizará una votación consciente. En vista de este detalle, el referendo de enero 2009 será un referendo a ciegas. Ni la oposición sabe si su propuesta por el No tiene posibilidades de prosperar en la conciencia de la población, así como tampoco el Gobierno puede estar seguro de que el referendo le sea favorable. Lo lamentable de esto es que la confusión será mayor en las regiones que antes votaron por el Sí a las autonomías. Si volvieran a votar por el Sí lo harán sin saber a ciencia cierta en qué consisten las modificaciones introducidas en la Constitución respecto a aquellas. Si optaran por el No, también estarían votando en contra de un proceso autonómico en germinación, pero del que se conoce poco o nada. ¿Será que los políticos se han confabulado para mantener a la ciudadanía en ascuas? ¿Es que a nadie le ha importado, hasta ahora, mantener a la población informada para prepararla con vistas a una decisión tan importante como es la aprobación de una nueva Carta Magna para la República?
Hubiera sido deseable que la población vaya a las urnas con plena convicción sobre su voto. Si hemos de creerles a los parlamentarios del consenso, esta nueva Constitución será favorable para la unidad e integridad del país. Sin embargo, estos mismos parlamentarios han postergado el mandato original sobre las autonomías departamentales. En consecuencia, confiar en ellos es lo menos que podemos hacer. Por ello, preocupa que toda una región vaya a las urnas todavía mal informada y peor preparada para tomar una decisión a todas luces trascendental.
De esta manera, la ciudadanía ha quedado prácticamente marginada del conocimiento de las modificaciones de la Carta Fundamental de la República y por ello está privada de realizar una votación consciente en el referendo de enero. Este será sin duda un auténtico referendo a ciegas.