Tv especial: Hay un complot para desestabilizar el Poder Judicial

Tv especiales. La Paz, domingo 16 noviembre de 2008.

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Programa: CABALLERO PREGUNTA



Canal 39 : PAT

Conduce: Julio César Caballero

Entrevistado: Eddy Fernández (presidente Corte Suprema de Justicia)

PODER JUDICIAL PIDE RESPETO A LA INDEPENDENCIA DE PODERES

El Poder Judicial se siente maltratado porque no se acata las previsiones constitucionales, si cada Poder cumpliera su rol no tuviéramos mayores contratiempos.

Debe existir una coordinación adecuada entre los tres poderes; Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Hay una especie de complot, se quiere desestabilizar al Poder judicial y no tener el Poder Judicial en el acompañamiento de los cambios que se quiere realizar.

En el Poder Judicial a partir de la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal más existe el control social, porque los ciudadanos conforman los tribunales de sentencia. Es el pueblo boliviano que está juzgando.

Pareciera que estuviéramos en eso (cacería de jueces y magistrados) cuando debiéramos garantizar su plena independencia del Poder Judicial y a cada uno de sus integrantes.

Los partidos políticos siempre han tenido intereses en el tema de la justicia pero consideramos que siempre se debe defender la institucional y el respeto a una profesión como es la administración de justicia.

(Presión del MAS) Nunca he sentido presión, jamás ningún político ha tomado contacto conmigo absolutamente para ningún caso.

Los ciudadanos son usados por la clase política para inventar una serie de querellas, denuncias por supuestos delitos. Toda persona que hace una denuncia está en el deber demostrar la existencia del delito.

(Qué medidas va tomar la CSJ ante el avasallamiento y presión del poder político) El Poder Judicial siempre ha de salir a la defensa de su institución, permanentemente va reclamar su independencia y respeto sino iniciará cuánta acción sea necesaria para conseguir el respeto a este poder. Se tiene prevista una reunión nacional de autoridades del Poder Judicial en Trinidad el 2 y 3 de diciembre, los jueces de los 9 departamentos para analizar la coyuntura política y la nueva estructura del Poder Judicial en el proyecto constitucional que se pretende someter al referéndum para que se tome una posición definitiva.

Cada vez que se anuncia que se elige autoridades (Poder Judicial), no se ha cumplido, el Congreso nacional ha distraído su atención para temas políticos y no ha cumplido con su atribución constitucional.

(Democracia pactada) Es preocupante, si se logrará designar a los magistrados del Tribunal Constitucional se tuvieran que analizar temas delicados que hay en esa institución.

El Congreso Nacional que requiere de 105 votos para nombrar autoridades judiciales, es difícil que tenga un proceso transparente e independiente como quisiera la población boliviana. Esto pasa por acuerdos de la clase política para conseguir esa votación que exige la CPE.

El Poder Judicial tiene que tener entre sus integrantes a gente meritocrática, en la gente estudiosa del derecho para que pueda desempeñar estas funciones tan delicadas.

El Dr. Wayar ha sido un hombre de lucha en el foro, estamos en un deber conjunto de defender la institucionalidad del poder judicial. Precisamente uno de los deberes de los abogados, la defensa de la administración de justicia, queríamos invitar oficialmente al Colegio Nacional de Abogados y a todos los presidentes de los Colegios Departamentales para que salgan en defensa del Poder Judicial.

No vamos a permitir que se violen los derechos, que se incurran en actitudes ilegales, estamos para encontrar los reparos necesarios. Si encontramos conductas radas en los administradores de justicia estamos para sancionar a esos jueces y establecer los reparos que se requieran.

Todos los integrantes del Congreso Nacional puedan adoptar una conducta ética para cuando se refieran a los miembros de otro poder del Estado. No estamos en una especie de mercado o de sindicato para maltratar a los integrantes del Poder Judicial. Hablamos de un Honorable Congresal donde sus integrantes se supone que deben ser cultas, de respeto que hagan honor al cargo que desempeñan y cuando hay humillaciones se genera responsabilidad para sus integrantes.

EL PREFECTO DE PANDO DEBE SER JUZGADO EN JUICIO DE RESPONSABILIDADES

P.- La comisión multipartidaria de Diputados ha anunciado que no va remitir los obrados a la Fiscalía General como lo exige la Suprema, dicen que no hay proposición acusatoria. ¿Hay conflicto de competencias entre el magistrado Baptista y el fiscal general?

El fiscal General es el acusador público, es el titular de la acusación, él no puede delegar atribuciones a otra instancia como cabeza de investigación.

Es evidente que el Poder Legislativo puede constituirse en cabeza de Ministerio Público, pero cuando se trate de otro tipo de investigaciones, por ejemplo a los miembros del Poder Judicial porque ellos tienen un Comité del Ministerio Público para elaborar informes. Pero para otro tipo de delitos es el fiscal General quien tiene que llevar adelante la investigación, en comprensión de su rol el fiscal hizo el anunció del inicio de investigación a la Corte Suprema. Y procedimentalmente la Suprema derivó el caso a una de las salas penales, correspondiendo a la Sala de los ministros Baptista y Sandoval. Ellos son los encargados de llevar el control jurisdiccional del caso, en la medida en que el fiscal General realice actuaciones, más allá si el fiscal General decide trasladar el caso a la ciudad de La Paz o derivar a esa comisión del Congreso generando otro tipo de responsabilidades para el encargado de llevar adelante una investigación.

La Constitución establece que el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros de Estado y los prefectos de departamento deben ser juzgados cuando cometan delitos en el ejercicio de sus funciones mediante juicio de responsabilidades. Entonces, estamos en una etapa preliminar, esto comienza con el anuncio de investigación que hace el fiscal General para recopilar los antecedentes.

Don Leopoldo Fernández es prefecto de departamento, y eso es de conocimiento público. Lo mismo podría decirse si se acusara de un delito al presidente de la República o a cualquier ministro de Estado, no se los podría acusar como a cualquier ciudadano.