Un explosivo estalla cerca de la casa del fiscal Mario Uribe

El Ejecutivo espera que no se trate de una intimidación.

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Uribe: el Fiscal General en una de sus visitas a la ciudad de La Paz



La Prensa

Uribe autorizó la creación de una comisión que investiga el supuesto “golpe cívico-prefectural”.

Una carga explosiva, aparentemente dinamita con mecha lenta, explotó ayer en una vivienda contigua a la del fiscal general de la Nación, Mario Uribe Meléndrez, a las 01.30, cuando la autoridad no se encontraba en su domicilio, según fuentes consultadas.

La explosión provocó una grieta de 80 centímetros de diámetro y 10 de profundidad en la pared. El Gobierno ordenó a la Policía investigar el hecho y espera que no se trate de un atentado contra la autoridad porque instruyó la formación de una comisión nacional de fiscales para investigar el supuesto “golpe cívico-prefectural” que habría sido gestado por prefectos y cívicos de la llamada “media luna”.

El comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, José Luis Ramallo, informó que el estallido no causó daños personales, pero sí materiales. En la casa de la familia Gonzales-Martínez, donde detonó la carga explosiva, quedaron rotos 27 vidrios. Además, las viviendas contiguas perdieron entre dos y cinco cristales.

El atentado ocurrió en la avenida Mendizábal, entre las calles Colombia y Ecuador de la ciudad de Sucre.

La Prensa buscó comunicarse con la máxima autoridad del Ministerio Público mediante celular, pero no fue posible. El asistente del Fiscal, Freddy Padilla, afirmó que en ese hecho no resultó ninguna persona herida. A esa hora, aparentemente, Uribe no se encontraba en su domicilio, sino de viaje. Hasta el cierre de esta edición (00.02) no se pudo confirmar el paradero de la autoridad.

De acuerdo con su hoja de vida, Uribe es casado y tiene tres hijos. Fue asesor legal de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca, fiscal de materia, fiscal de Distrito de Chuquisaca y desde el 16 de octubre de 2006 se desempeña de forma interina como primera autoridad del Ministerio Público.

El Comandante de la Policía dijo que se manejan varias hipótesis en cuanto a la explosión, los autores y los fines del acto. En el lugar del hecho, los peritos de laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen recolectaron restos de mecha lenta, detonante y partes de una bolsa negra.

Estas muestras serán sometidas a un estudio técnico y los agentes de Inteligencia comenzaron a rastrear el movimiento de los posibles sospechosos. El Gobierno también ordenó a la Policía privilegiar esta investigación por tratarse del Fiscal General.

En La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo ayer: “Espero que no se trate de un intento de amedrentamiento por algunas decisiones que está tomando el doctor Mario Uribe, como la conformación de un equipo nacional de fiscales que permitió realizar sustanciales avances judiciales en la investigación y casos como la matanza de Porvenir, en Pando; la violencia racista, regionalista, los actos terroristas en Riberalta y el atentado terrorista contra un gasoducto en el Chaco”.

La comisión de investigadores logró detener a los activistas cívicos de Villamontes Jhimy Benítez y José Vaca, porque supuestamente participaron en el atentado contra el gasoducto a Brasil, el 10 de septiembre, que dejó una pérdida económica de al menos 100 millones de dólares, según el Gobierno.

El comentarista de televisión de Canal 18 de Riberalta (Beni) Jorge Melgar también fue detenido por orden fiscal por terrorismo y alzamiento armado. Vaca y Melgar permanecen detenidos en el penal de San Pedro, en tanto que Benítez está con medidas sustitutivas.

La comisión nacional está formada por los fiscales Luis Mamani, Eduardo Morales, Edward Mollinedo, Isabelino Gómez y Félix Peralta, quienes tienen residencia en la Fiscalía del Distrito de La Paz.

La autoridad fue conminada

El Tribunal de Hábeas Corpus de la Corte de Distrito de Chuquisaca determinó el lunes el traslado del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien permanece detenido en el penal de San Pedro de La Paz, a la ciudad de Sucre y pidió al fiscal general, Mario Uribe, llevar adelante las investigaciones sobre la participación de Fernández en la llamada “masacre de Porvenir”.

Los abogados del ex Prefecto pandino presentaron el recurso de hábeas corpus porque consideraron que su detención fue ilegal. El Tribunal les dio la razón, además recordó que al tratarse de una autoridad departamental, ésta debía ser sometida a un juicio de responsabilidades que debe ser aprobado por el Congreso.

El diputado del MAS, René Martínez, afirmó ayer que la administración de justicia busca la liberación del ex prefecto Fernández.