Editorial de El Nuevo Día.
Todavía no sabe a ciencia cierta qué sorpresa nos dará el Gobierno con la nueva Ley de Pensiones. Hasta ahora sólo se conocen trascendidos y declaraciones de funcionarios subalternos. Lo que parece consistente es que la nueva Ley de Pensiones está siendo consensuada para que admita una administración mixta de las aportaciones de los trabajadores. Por un lado una administración privada y por la otra una estatal. Los trabajadores decidirán finalmente a cuál de las administraciones quieren pertenecer. Lo que también se mantiene sin alteraciones, por lo que se ha percibido, es que la capitalización individual de aportes se mantendrá inalterable.
Conviene recordar que las bases de la Central Obrera se habían manifestado por una capitalización solidaria y colectiva que permita tener ingresos dignos en la jubilación, y no las paupérrimas rentas que actualmente perciben con las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas. Sin embargo, esa aspiración estaría siendo postergada en los acuerdos de sus dirigentes con los empresarios y la comisión del Gobierno, lo que daría pauta que el sistema privado no puede ser eliminado de un plumazo. De esta manera es posible darse cuenta que la retórica del Gobierno no condice con la realidad. Difícil hacer cambios.
Pero si de cambios hablamos, en cuanto se refiere a las aportaciones de los trabajadores para acceder a una renta digna después de más de 25 años de trabajo, nada habrá de cambiar. En los hechos se mantiene la capitalización individual, que significa rentas de jubilación de acuerdo a lo que se gana. La capitalización colectiva y solidaria quedará, seguramente para otros tiempos, cuando las condiciones mejoren. En cierta manera, estas noticias pueden significar alivio para los que han estado aportando a la AFPs, porque así se preservan sus ahorros individuales de muchos años.
La novedad de este asunto es que comenzarán a trabajar las administradoras estatales de pensiones, seguramente con el propósito de competir con las privadas en cuanto al rendimiento del aporte de los trabajadores. Si bien se puede suponer que los resultados serán fruto de un trabajo de largo aliento, esta competencia puede alentar a un mejor trabajo de las estatales y pondrá en la mira de la sociedad a las privadas. Pero habrá que tener presente que los anteriores sistemas de pensiones -antes de las AFPs- fracasaron por la corrupción política y el clientelismo. Sería deseable que esta nefasta figura ya no repita más.
Como van las cosas en la administración del Estado, con inmensa carga clientelar por parte del partido MAS en el Gobierno, existen razones fundadas para pensar con pesimismo acerca de las administradoras de pensiones estatales. Pese a ello, el Ejecutivo se juega una carta brava en este campo. No sólo debe asegurar a la población trabajadora que las administradoras privadas lo harán mejor, sino que debe convencer a la clase trabajadora organizada de que la administración mixta es lo que más les conviene por ahora, pese a que no hay cambios.
En los hechos se mantiene la capitalización individual, que significa recibir rentas de jubilación de acuerdo a lo que se gana. La capitalización colectiva y solidaria quedará, seguramente para otros tiempos, cuando las condiciones mejoren. Mientras tanto, las cosas se mantienen igual.