Resistencia| El presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, tras el incidente de Oruro, dispuso que las cortes departamentales cooperen con la Fiscalía. Oficialistas consideran que es otro intento para frenar el referéndum del 25 de enero.
Los Tiempos
Oruro y La Paz | Agencias
La comisión de la Fiscalía General de la República no pudo ayer allanar la Corte Departamental Electoral (CDE) de Oruro, ante la resistencia de las autoridades de esta entidad. La acción tenía como propósito recoger información respecto al Padrón Electoral con el que se operó en el referéndum revocatorio del 10 de agosto, ante denuncias de supuesta manipulación.
Autoridades del órgano electoral orureño, hace algunos meses, se rehusaron a facilitar la información requerida dentro la investigación de esa denuncia, razón por la cual la Fiscalía General tramitó ante la Corte Suprema de Justicia una orden de allanamiento.
La acción ejecutada ayer en la mañana, sin embargo, por una nueva resistencia fracasó parcialmente en su cometido, los fiscales comisionados no pudieron obtener una copia en disco compacto de todo registro y sólo lograron secuestrar dos libros del padrón departamental orureño, con 400 ciudadanos inscritos.
La comisión encabezada por el fiscal Orlando Rivero que llegó a Oruro para allanar esta dependencia, al encontrar la resistencia, suspendió la actuación y dispuso el inmediato inicio de acciones penales contra las autoridades y funcionarios electorales que obstaculizaron, entorpecieron y desobedecieron la orden judicial.
El presidente de la CDE de Oruro, David Apaza, calificó el requerimiento como una amenaza a la democracia y peor aún, si se consolidaba la revisión e incautación de los equipos computacionales de la Corte Electoral.
«Eso quiere decir que los magistrados José Luis Baptista y Héctor Sandoval Parada, de la Corte Suprema de Justicia, estarían cometiendo un grave delito electoral, si esto se lleva a cabo, el delito sería tipificado como obstaculización al proceso electoral», aseguró Apaza y amenazó con el inicio de un juicio penal a ambos ministros de la Corte Suprema de Justicia.
La noche del jueves, la misma comitiva, acompañada de efectivos policiales, allanó las instalaciones de la Corte Departamental Electoral de Potosí. Contrariamente a lo sucedido ayer en Oruro, en Potosí accedieron a todo el sistema informático de la entidad electoral, el mismo que fue copiado en material magnético para luego ser procesado en Sucre.
La Sala Penal Segunda del máximo Tribunal de Justicia extendió mandamientos de allanamientos de las cortes electorales de Oruro y Potosí; para proceder al secuestro de determinados documentos con propósitos de investigación, ante la negativa de las autoridades de estas dos entidades, de las nueve cortes del país, a proporcionar esa información.
La decisión fue asumida atendiendo la solicitud del Ministerio Público, dentro la proposición acusatoria seguida por el diputado de UN, Arturo Murillo Prijic, en contra del presidente y vocales de la Corte Nacional Electoral, José Luís Exeni Rodríguez, Amalia Oporto de Iriarte y Jerónimo Pinheiro Lauria, por la supuesta comisión de los delitos de alteración del Padrón Electoral.
Según dicha proposición acusatoria se habrían alterado los padrones electorales de las cortes de los distritos electorales departamentales, hechos que -según el denunciante- se constituyen en delitos de: beneficios en razón del cargo, resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes, tipificados por el Código Electoral, en sus artículos 205 y 206, así como en el Código Penal, en sus artículos 153 y 154.
Según señala el memorial de 12 de noviembre, presentado por el fiscal general de la República, Mario Uribe, el pedido se plantea ante la negativa de dichas entidades electorales de enviar la documentación requerida por el Ministerio Público, considerada necesaria para la averiguación de los hechos denunciados.
El presidente de la CDE, Guillermo Benavides, aseguró ayer que el padrón lectoral de este departamento es confiable y no hay porqué temer por denuncias de un supuesto fraude electoral en el referéndum constitucional del 25 de enero.
Benavides señaló que una entidad pública difícilmente puede resistirse a una orden judicial para exhibir la información requerida por lo que, sin necesidad del operativo policial, el Ministerio Público habría tenido, como lo tuvo, acceso a todo el sistema donde está almacenado el padrón electoral.
Exeni asegura consulta
El presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, aseguró ayer que el allanamiento de las cortes departamentales electorales de Potosí y Oruro por parte del Ministerio Público, no interferirá a la continuidad del calendario del referéndum constitucional del 25 de enero de 2009.
Parlamentarios del partido gobernante rechazaron esos allanamientos, que consideran que son parte de las acciones de la oposición para impedir, a cualquier costo, la consulta del 25 de enero.
«Todo el proceso de trascripción de datos en las cortes departamentales ha concluido este pasado lunes 15 de diciembre y ahora estamos concluyendo con el proceso de actualización», afirmó Exeni.
Calificó de «grave» el hecho que la Fiscalía haya procedido con el secuestro de material electoral, pero pese a esos “extremos”, anunció que contribuirán con las investigaciones del Ministerio Público para esclarecer las denuncias y facilitarán la documentación.