Cumbre. Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay no están de acuerdo con el trabajo de Rodolfo Mattarollo. Lo consideran apresurado y parcializado. El Gobierno hace las gestiones para que sea refrendado hoy
Entrega. Evo recibió el informe del abogado argentino Mattarollo en el Palacio de Gobierno. Fue el 3 de diciembre
El Deber
Pablo Ortiz
El informe de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre la matanza del 11 de septiembre en Porvenir fue puesto en tela de juicio por Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Así lo asegura el diario ‘O Estado do Sao Paulo’, que cita como fuente a personeros del Gobierno brasileño. Según la publicación, la primera misión política de la Unasur fue puesta bajo sospecha por estos cuatro países, que rechazaron las conclusiones del informe, coordinado por el abogado argentino Rodolfo Mattarollo. Consideran el texto ‘parcial y apresurado’.
Este documento será uno de los puntos sobre la mesa de los 12 presidentes de Unasur, que se reunirán hoy en Costa do Sauipe (Brasil).
El cuestionamiento al trabajo de la comisión de Unasur llega justo cuando Evo Morales propuso crear una comisión permanente de derechos humanos en el nuevo bloque regional. Según el diario paulista, Brasil hasta ahora intenta mantenerse neutral en las discusiones.
Morales ya se encuentra en territorio brasileño para asistir a la reunión. “El Presidente viaja junto al ministro de Hacienda, Luis Arce, y el de Planeamiento, Carlos Villegas», dijo el vocero presidencial, Iván Canelas, que forma parte de la delegación boliviana. Evo también participará de la cumbre del Mercosur.
Consultado sobre la posición de Uruguay, Paraguay, Perú y Colombia, fuentes de la cancillería objetaron el tema y aseguraron que Bolivia está haciendo todas las gestiones para que Unasur refrende el documento, leído por Mattarollo en Palacio de Gobierno el 3 de septiembre pasado. La prensa chilena también se hizo eco de estas fricciones.
El diario El Mercurios consideró que Michelle Bachelet, como presidenta pro témpore de Unasur, tendrá que lidiar con este informe, al que varios países observan por ‘desprolijo’. Bachelet se llevó a Brasil al ex canciller chileno Juan Gabriel Valdés, que fue parte de la comisión redactora de la Unasur.
La noticia fue recibida con optimismo por la oposición y con cautela por el oficialismo. El diputado de Podemos Fernando Messmer consideró que si la Unasur no refrenda el informe de Mattarollo se enaltecerá la institución, ya que el informe de Mattarollo “no hacía más que poner en evidencia que Unasur es un instrumento funcional a Hugo Chávez y sus acólitos. Que haya países poniéndolo en tela de juicio le devuelve a la institución la seriedad, que es la prenda de garantía de cualquier organización”.
El congresista de Unidad Nacional Arturo Murillo señaló que su partido considera al informe apresurado y sesgado y ‘para nada imparcial’. “Nos parecía una pésima señal que el documento fuera leído en Palacio de Gobierno, cuando hay gente del Gobierno involucrada”, acotó.
Por su parte, el diputado del MAS René Martínez, miembro de la comisión congresal que investiga los hechos que causaron la muerte de unas 20 personas, prefirió no opinar sobre el caso y esperar que Unasur brinde un informe oficial sobre las observaciones de estos cuatro países. Aseguró que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados tenía criterios coincidentes con el informe redactado por Mattarollo. Los congresistas están en la etapa final de su trabajo y presentarán su documento antes del receso por fin de año del Poder Legislativo.
Ortiz pidió a Bachelet revisar documento
El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, envió una carta a la presidenta de Chile y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Michelle Bachelet, para que no avale el informe sobre lo ocurrido el 11 de septiembre pasado en Pando, al insistir en que se trata de una investigación parcializada.
«El trabajo que hizo la Comisión de Unasur, que dirigió el señor Mattarollo, no es algo que pueda ser tomado como base para establecer la verdad de los hechos ni para identificar a los responsables y contribuir a un proceso que pueda establecer responsabilidades. Eso debe quedar como constancia ante la comunidad internacional», dijo Ortiz, en conferencia de prensa.
En la misiva se establecen cuatro argumentos que ponen en duda la imparcialidad de la investigación de los hechos ocurridos el 11 de septiembre en las poblaciones del Porvenir y Filadelfia, del departamento de Pando.
Enterado del envío de la nota, el subjefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Jorge Silva, manifestó que la misma no tendrá trascendencia, al considerar que es estrictamente política.
«Seguramente la reunión de la Unasur va a evaluar la carta del presidente de Senado, pero consideramos que la misma es intrascendente por su origen y la intencionalidad de esta misiva», dijo./ANF
Discordia
– Origen. La investigación fue solicitada por el Presidente de la República en la reunión de emergencia de los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, en Santiago de Chile.
– Encargo. Los presidentes suda-mericanos le pidieron a Rodolfo Mattarollo, ex secretario de Derechos Humanos de Argentina, elaborar un informe sobre las muertes. Esto provocó protestas de la oposición en Bolivia, porque acusan al abogado de haber pertenecido a grupos subversivos de izquierda. Mattarollo tiene un amplio currículo de investigaciones para la ONU.
– Trabajo. Mattarollo fue dos veces a Pando, en visitas que duraron uno y dos días. Lo acompañaron especialistas en balística e investigaciones forenses. En su primera visita no habló con opositores, lo que le valió críticas. En la segunda, envió una comisión a Brasileia.
– Conclusiones. La comisión de la Unasur considera que hubo masacre en Pando y que fue perpetrada por grupos armados que respondían a una cadena de mando, que había funcionarios y recursos de la Prefectura en Porvenir.
– Fallecidos. Estableció que al menos 20 campesinos fallecieron y detalló la forma en la que fueron ejecutados, pero no informó con el mismo rigor de los muertos del lado autonomista, para los que pide una investigación exhaustiva.
– Leopoldo. Considera que el prefecto Leopoldo Fernández debe ser juzgado por los tribunales ordinarios y establece responsabilidades en la Policía, que no actuó a tiempo para impedir la matanza de campesinos.