El costo de la nueva constitución

Editorial de Los Tiempos

A las muchas consideraciones de carácter político e ideológico, se suman buenos motivos económicos para poner en duda la conveniencia de encarar un proceso tan complejo como el que propone el MAS



Con el propósito de contribuir a la reflexión colectiva que debe preceder a la participación de la ciudadanía en el próximo referéndum para aprobar o rechazar el proyecto de Constitución propuesto por el MAS, la Fundación Milenio presentó en días pasados una serie de trabajos analíticos sobre las consecuencias y costos económicos que tendría la aplicación de la reforma constitucional, si es aprobada en enero próximo.

Aunque los autores de la investigación, entre los que figuran destacados intelectuales especializados en diversas áreas de estudio, reconocen que los resultados de su análisis no son concluyentes, sino sólo una base sobre la cual éste puede y debe ser enriquecido, los datos que arroja son reveladores y dignos de ser tomados en cuenta al hacer un balance de los costos y beneficios que dicha reforma traería a nuestro país.

Según una estimación hecha por uno de los autores del estudio, la reforma constitucional podría representar el costo equivalente al 4,5 por ciento de caída del Producto Interno Bruto (PIB), principalmente por los factores que interferirían en el normal desenvolvimiento de la economía, lo que en términos monetarios representaría un equivalente cercano a los 10 mil millones de dólares o una pérdida de aproximadamente 1.900 dólares por persona mayor, implicando para cada familia, como promedio, un desfase cercano a los 4.500 dólares; es decir, Bs. 32.240.

La principal causa de tan negativo resultado sería la previsible inestabilidad institucional que acompañaría al proceso de aplicación de la nueva Constitución, incidiendo directamente en la disminución de inversiones, mayor desempleo, estancamiento de la producción y el consumo, cierre de instituciones, despidos de personal y pago de indemnizaciones, entre otras variables.

Según el mismo análisis, sólo el periodo de transición de una Constitución a otra, que no sería menor de 10 años, demandaría un gasto de entre 2.200 millones y 3.022 millones de dólares.

Como se puede ver, a las razones relacionadas con la destrucción de la institucionalidad republicana ya expuestas por diversos analistas, se suman buenos motivos de carácter económico para poner en duda la necesidad y conveniencia de encarar un proceso como el que propone el MAS.

Es de esperar que el trabajo de la Fundación Milenio vaya acompañado de nuevas reflexiones sobre el tema, que orienten a quienes el 25 de enero tendrán que decidir con su voto si va o no la reforma constitucional.